"Exigimos transparencia sobre qué reformar, para qué y cómo"

"Los presidentes de las Comunidades y Ciudades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, así como los presidentes regionales del Partido Popular, reunidos en San Millán de la Cogolla (La Rioja), queremos compartir con la sociedad española nuestra contribución para mantener la estabilidad institucional que ha hecho de España una de las democracias más sólidas del mundo:

En 1978, los españoles decidimos cuál era el camino correcto para afrontar el futuro con garantías. Un camino basado en el diálogo, el consenso y el entendimiento que ha permitido a España convertirse en uno de los países más descentralizados del mundo, con un alto nivel de estabilidad institucional que nos ha dado el periodo de libertad y prosperidad más importante de nuestra historia. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estos veinticinco años de Constitución son la historia de un éxito.

El Partido Socialista ha alcanzado el Gobierno de la Nación con el apoyo de algunas minorías que condicionan su actuación política.

Un gobierno débil e inestable, dirigido por un partido con graves contradicciones entre sus distintos representantes territoriales, maniatado por los acuerdos con ERC en Cataluña y obligado a cumplir las promesas electorales de un gobierno que no esperaba alcanzar. Los primeros meses de gobierno socialista se están caracterizando por falta de iniciativas en lo que directamente afecta al bienestar de los españoles, por las contradicciones en sus propuestas de gobierno y por el empeño en abrir una serie de debates que afectan directamente a la estabilidad de nuestro modelo de Estado. Así, el debate territorial está incorporando a la agenda política nacional, sin orden ni criterio, cuestiones esenciales como la reforma de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, la financiación autonómica o la reforma del Senado.

Consideramos que no es lícito que el Partido Socialista encubra su proyecto de reforma de nuestro modelo de Estado, ni legítimo que mantenga permanentemente abierto un debate territorial cuya única justificación es mantenerse en el Gobierno, incluso si el precio a pagar es poner en peligro nuestra estabilidad institucional. Porque tan irresponsables son las propuestas de ruptura que algunos preconizan de forma evidente, como la actitud del Gobierno de la Nación de mantener abierto un debate crucial, como el referente a nuestras normas básicas de convivencia, sin presentar propuestas concretas.

En el debate de investidura, el Partido Popular no instó al Presidente del Gobierno a proponer la reforma de la Constitución y de nuestro modelo de Estado. Nos corresponde ahora, como principal partido de la oposición, exigirle transparencia y claridad de ideas y de objetivos; claridad en qué reformar, en cómo hacerlo, en cuándo, para qué y a cambio de qué.

Asimismo, exigimos al Gobierno que, en tanto se acometa cualquiera de las reformas de las Instituciones del Estado planteadas en el debate de investidura, se evite poner en duda su funcionamiento. Así, el Senado ha de ser políticamente reconocido como una institución cumplidora de los papeles que constitucionalmente tiene atribuidos, y no como una Cámara en crisis, a extinguir, cuya transformación pretenda acallar reivindicaciones territoriales inviables o romper el equilibrio en la representación de los distintos territorios.

Igualmente, la reforma del Consejo de Estado no puede ser la excusa que justifique el retraso en la presentación de las propuestas de reforma por parte del Gobierno. Ningún órgano consultivo puede suplir la responsabilidad política del Gobierno de la Nación.

El Partido Popular defenderá que se refuercen los siguientes principios:

- La unidad de España y su indivisibilidad de acuerdo con lo establecido en el espíritu y en la letra de la Constitución de 1978. Cualquier reforma que se pueda plantear no puede dejar de configurar a España como una realidad que hemos de seguir fortaleciendo.

- La igualdad de todos los españoles ante la ley y en su aplicación, sin que se puedan establecer distinciones entre ellos en virtud de su lugar de nacimiento o de su Comunidad Autónoma de residencia.

- El mantenimiento del Estado autonómico que figura en nuestra Constitución.

- La autonomía de las nacionalidades y regiones.

- El respeto a los hechos diferenciales constitucionalmente garantizados como límite de las diferencias que puedan existir entre los distintos territorios de España. Así, se debe seguir garantizando el respeto y el mantenimiento de los símbolos y elementos culturales que constituyen el patrimonio común de todos los españoles y, en especial, de las lenguas estatutariamente reconocidas.

- El fortalecimiento de los vínculos de solidaridad entre los españoles.

- La aceptación únicamente de las reformas estatutarias que supongan una mejora para los ciudadanos y nazcan del consenso, siempre que se enmarquen en el respetuoso desarrollo de la Constitución de 1978. El doble consenso a la hora de afrontar la reforma de cualquier Estatuto de Autonomía, como única garantía de conciliación del interés territorial con el interés general de España. Las reformas deben contar tanto con el consenso de las fuerzas políticas de la Comunidad Autónoma cuyo estatuto se pretende reformar como con el acuerdo del Gobierno y la oposición, que representan a la mayoría del pueblo español, sin que puedan aceptarse nunca reformas orientadas a satisfacer los intereses exclusivos de cada Comunidad Autónoma.

- La necesidad de abordar, si existe el consenso suficiente, el procedimiento establecido en la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución que ha de permitir a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla convertirse en Comunidades Autónomas.

Por último, el sistema de financiación autonómica tiene que seguir garantizando los principios de autonomía, solidaridad, suficiencia y corresponsabilidad fiscal. Cualquier mejora del mismo debe conseguirse a través de un proceso de negociación transparente y multilateral a fin de mantener el consenso vigente. Asimismo, los Presupuestos Generales del Estado han de seguir siendo el instrumento fundamental de solidaridad territorial; para ello, las inversiones en ellos recogidas deben seguir distribuyéndose en función de las necesidades de desarrollo de cada territorio y no en pago de contraprestaciones por apoyos políticos".