Perú

Me dirijo a usted con ocasión de referirme al artículo del enviado especial Francesc Relea, titulado Perú olvida la realidad, publicado el día 27 de agosto, con relación a la actuación del Gobierno del presidente Alejandro Toledo frente al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Deseo puntualizar en primer término que fue el Gobierno del presidente Toledo quien nombró en 2001 a la CVR y el que financió sus trabajos con el propósito de alcanzar la verdad y la justicia acerca de la violencia criminal que padeció Perú en el periodo 1980-2000, así como para en lo posible reparar a sus víctimas.

A un año de emitido el informe de la CVR, y pese el número importante de recomendaciones que contiene el mismo y que algunas de ellas requerirán un lapso mayor para su implementación, objetivamente ya se han alcanzado importantes avances que han sido acogidos con beneplácito por organismos e instituciones de prestigio mundial como la propia Amnistía Internacional, la que lo reconoce en su reciente informe del 26 de agosto.

La creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de dar seguimiento a las recomendaciones en materia de paz, reparación y reconciliación; el pago de reparaciones por parte del Gobierno peruano en casos emblemáticos de violación de derechos humanos; la constitución de una justicia especializada para los casos de violaciones de derechos humanos; la aprobación de importantes leyes por parte del Congreso de la República destinadas a beneficiar a las poblaciones afectadas; los esfuerzos gubernamentales para difundir el informe final de la CVR, entre otras acciones, constituyen pruebas fehacientes del compromiso del presidente Toledo con la verdad y la reconciliación en Perú.

Asimismo, debo señalar que respecto a los 43 casos presentados por la CVR, es el Ministerio Público el órgano responsable en Perú de atender los mismos. Debo precisar que el Ministerio Público es un órgano autónomo e independiente, en el que el Gobierno no tiene injerencia alguna. De otro lado, rechazo enfáticamente la declaración de la defensora adjunta, Rocío Villanueva, quien cuestiona que los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA sean los mayores causantes de muerte en Perú. Estimo arbitrario e irresponsable equiparar a los excesos de las fuerzas del orden con la violación sistemática de los derechos humanos por parte de los grupos terroristas en Perú.