PSOE e IU aprueban en solitario las conclusiones sobre Los Bermejales

El gobierno y la oposición no se pusieron ayer de acuerdo sobre las conclusiones de la comisión que ha investigado el polémico desalojo del asentamiento chabolista de Los Bermejales. De cuatro grupos municipales salieron tres documentos distintos: el del gobierno, aprobado por PSOE e IU, y un voto particular por cada partido de la oposición. PA y PP coincidieron en pedir las dimisiones del alcalde, el gerente y el concejal de Urbanismo y el edil de Bienestar Social. El gobierno reconoce el error, pero no cree necesario ningún cese.

Los dos socios del gobierno habían presentado por separado sus propuestas de conclusiones de la comisión de investigación, pero antes de entrar en la sesión en la que éstas debían votarse consiguieron consensuar un único texto. PP y PA, por su parte, ya habían anunciado antes de conocer la propuesta conjunta, que presentarían cada uno su voto particular. Después de dos semanas de cruce de duras declaraciones y descalificativos entre el gobierno y la oposición, la posibilidad de llegar a un mínimo consenso a la hora de establecer las conclusiones ni siquiera se barajaba.

El esfuerzo durante la mañana de ayer de IU y PSOE se centró en acordar entre ellos un texto que certificara que el pacto de gobierno no ha salido lesionado del desalojo ocurrido el pasado 28 de julio. Los socialistas han tenido que aceptar algunas de las consideraciones de sus socios de gobierno, muy críticos con la actitud del PSOE y cuyo documento fue aprobado el martes por el consejo local de IU. A cambio, la federación de izquierdas ha desistido de pedir dimisiones.

El texto definitivo tiene más del propuesto por IU que del de los socialistas. Tras alguna discrepancia, el PSOE asumió el relato de los "hechos" y las "consideraciones" redactado por IU, en el que, entre otros aspectos, se reconoce la "colaboración institucional" del gerente de Urbanismo, el socialista Manuel Marchena. Asimismo, el PSOE reconoció que, a pesar de que el alcalde, el delegado de Urbanismo y Marchena conocían que el desalojo se iba a producir el 28 de julio, ninguno de ellos estaba ese día en la ciudad. El texto acordado recogía incluso en un principio que "se ignora el paradero del delegado de Bienestar Social", una apreciación que el portavoz del PSOE, Alfonso Rodríguez, instó a retirar del documento definitivo cuando la oposición lamentó el dato. "Todos se quitaron de en medio ese día, ellos mismos lo han reconocido", afirmó después de andalucista Paola Vivancos.

En las negociaciones para llegar al documento definitivo, IU solicitó y consiguió la retirada de algunos puntos del texto propuesto por el PSOE: el que hacía referencia a que el dispositivo de desalojo de Los Bermejales había seguido el modelo de desmantelamiento del asentamiento de Los Perdigones. "El modelo Perdigones no estaba en investigación en esta comisión", advirtió el portavoz de IU, Antonio Rodrigo, para explicar por qué pidieron que se eliminara este punto. Además, la federación de izquierdas instó también a quitar las referencias a la demostrada "legalidad" de las actuaciones a la que aludían los socialistas. "En la legalidad nosotros no entramos", señaló Torrijos. "Ese es un problema que tiene que dirimirse en el marco judicial. Nosotros hemos hecho una comisión política".

El documento del gobierno marca también las directrices que deberá seguir la política municipal a partir de ahora para solucionar el problema del chabolismo. El texto asume las propuestas del defensor del Pueblo, José Chamizo, y las redactadas por IU, entre ellas, que se desaloje del Polígono Sur a los chabolistas que se que han comprado allí una vivienda y que el gobierno busque un lugar para ubicar la denominada "ciudad de tránsito" y a partir de ahí buscar otras casas para realojar a las familias.

Asimismo, se insta al Gobierno andaluz y central "a suscribir el protocolo sobre el otorgamiento de competencias al Comisionado para el Polígono Sur".

Los dos grupos de la oposición, PA y PP votaron en contra del texto del gobierno y pidieron la dimisión del alcalde, el gerente y el concejal de Urbanismo y el edil de Bienestar Social, Antonio Rodríguez Galindo. Los populares, además, anunciaron que acudirán a los tribunales si la Gerencia de Urbanismo ratifica la modificación del contrato con la empresa Inmoavance firmada por Manuel Marchena. Frente a la "satisfacción" manifestada por PSOE e IU al cierre de la comisión, andalucistas y populares coincidieron en calificar como una "farsa" las conclusiones aprobadas ayer.