Es el momento de la memoria

El inesperado triunfo del partido socialista, el 14-M, generó una serie de expectativas lógicas en torno al desarrollo de políticas progresistas. Estas expectativas también contemplaban la "recuperación de la memoria histórica" en nuestro país a partir de la proclamación de la II República e incluye lo acontecido con el levantamiento militar y la represión franquista.

Eso es lo que puede explicar por qué en los últimos meses han tenido una gran proyección mediática las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas del franquismo, el debate sobre los "papeles" del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca y las resoluciones aprobadas recientemente en el Parlamento, en el congreso del PSOE y en reunión del Consejo de Ministros. Esta reacción, además, se produce en primer lugar porque resulta manifiestamente mejorable el reconocimiento de los que sufrieron la represión franquista. Es hora de reconocer que el primer gobierno socialista no abordó este problema en profundidad, al considerar que se trataba de un asunto delicado y que resultaba inconveniente el abordarlo políticamente y contraproducente desde el punto de vista de la convivencia ciudadana. Paralelamente es justo reconocer que no se produjo en la década de los ochenta la demanda, sobre la recuperación de la memoria histórica, que se produce actualmente y que lo que se hizo en esa etapa no tuvo el alcance esperado en la opinión pública y en los medios de comunicación.

En segundo lugar está influyendo considerablemente la constatación de que la derecha política ha intentado en los últimos años, y sigue intentando, recuperar su "memoria histórica" en función de sus intereses partidistas con el propósito de condicionar el voto de los "nietos de los abuelos" que sufrieron la represión franquista. Todo ello sin ningún escrúpulo y rigor histórico con lo que aconteció en aquel entonces.

Como ejemplo nos debemos remitir al libro del apologista de la justificación de la guerra civil, Pío Moa, que culpa a la izquierda, a la República, y particularmente a Francisco Largo Caballero de todos los males que "justificaron" el levantamiento militar.

De la etapa anterior a la II República resulta significativo el esfuerzo por recuperar la imagen de políticos conservadores como Cánovas del Castillo y Eduardo Dato. Este último incluso ya cuenta con un monumento en la entrada del Ministerio de Trabajo inaugurado en la etapa del ministro Zaplana.

Por eso la democracia debe cerrar definitivamente este capítulo en positivo y de una manera justa y razonable, de lo contrario lo harán en negativo los enemigos de la democracia.

En este sentido la educación resulta fundamental. Los jóvenes no saben lo que ocurrió realmente en ese periodo de la historia de nuestro país. No conocen a Franco porque no se ha enseñado en las escuelas lo que aconteció en esa etapa, y si no se conoce la historia es difícil construir el futuro y evitar los horrores de la guerra que cada vez afecta a más civiles y, particularmente, a las mujeres y los niños.

Paradójicamente en un Estado laico se debate más sobre la enseñanza de la religión que sobre la enseñanza de lo que ocurrió en nuestro país hace más de 60 años. Incluso los jóvenes, en las últimas décadas, han conocido más las semblanzas de Don Pelayo, el Cid Campeador, Isabel la Católica, a los reyes de la Casa de los Austrias y de los Borbones... que la historia de los movimientos sociales y particularmente del movimiento obrero en el siglo XX, y desde luego no conocen los logros de la II República, ni el drama de la represión que vivieron miles y miles de familias, en el interior y en el exilio, bajo la bota franquista. Por eso tenemos que aplaudir, entre otras reivindicaciones, "la revisión y preparación de los libros de texto no actualizados, a todos los niveles de la enseñanza, con el relato de la realidad de la II República, Guerra Civil, imposición de la dictadura tras el golpe de estado y la represión ejercida durante décadas, estableciendo los tiempos lectivos o de difusión necesarios", propuesto por la asociación AFAR II República.

También se debe establecer un marco legal para que actúe la justicia dejando sin efecto los consejos de guerra sumarísimos celebrados durante la Guerra Civil, y una vez terminada ésta, como plantea el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.

Hemos asistido en estos últimos años, con esperanza, a un gran protagonismo de la justicia española en la persecución de la violencia y la represión llevada a cabo en países de América Latina, concretamente y sobre todo en Chile -caso Pinochet- y en Argentina. Paradójicamente no se han levantado las mismas voces en la persecución de la depuración de los violentos y de los crímenes de guerra cometidos en nuestro país. Todavía, incluso en las plazas de los pueblos y en las fachadas de algunas iglesias, encontramos monumentos anacrónicos y homenajes a los caídos por Dios y por España del bando mal llamado nacional, lo que resulta verdaderamente incomprensible que pueda ocurrir en un país democrático integrado plenamente en la Unión Europea, como lamentable resulta la decisión que tomó en su día el Ayuntamiento de A Coruña, presidido por el socialista Francisco Vázquez, de rechazar una moción del BNG en la que se proponía la retirada de las imágenes y los nombres de los sublevados en 1936.

En este sentido nos sentimos solidarios con el informe NIZKOR, firmado por 17 asociaciones, cuando piden "declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU, el 9 de febrero de 1946 (Res. 21(I)) y el 12 de diciembre de 1946 (Res. 39(I)), y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional. Así como declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados".

En el plano económico y social todavía comprobamos con sonrojo que algunas personas que sufrieron la separación de sus familias y el exilio -los llamados "niños de la guerra"- se encuentran con pensiones de miseria que no podemos aceptar sin escandalizarnos.

Tampoco la jerarquía de la iglesia ha cerrado esta etapa, desde la autocrítica y la responsabilidad histórica, donde intervino activamente a favor de los vencedores. Por lo tanto ya es hora de que respete la verdad y reconozca que los perdedores cumplieron escrupulosamente la legalidad de la Segunda República. Sin ningún tipo de "vendeta", pero con una decisión clara y terminante que ayude a la reconciliación definitiva. Para ello lo primero que tiene que hacer es pedir perdón al pueblo español por su apoyo nacional e internacional al régimen franquista.

Por otra parte, y a pesar de lo dicho, es justo reconocer la responsabilidad puesta de manifiesto en los últimos 30 años por el mundo progresista: las gentes de la universidad en general, de la cultura, de los partidos de izquierda, de los sindicatos, de algunos medios de comunicación y de asociaciones de todo tipo que han abordado esta etapa de nuestra historia con rigor y con seriedad, sin pretender abrir heridas. Precisamente se trata de todo lo contrario, de cerrar esta etapa en positivo para no seguir hablando más de las dos Españas. Ahora, es el momento de resolver este problema. Una nueva demora no tendría ninguna justificación. Desde luego el Gobierno y los partidos de centro-izquierda no lo pueden hacer todo, por eso deben ayudar en lo posible a las asociaciones, fundaciones y organizaciones que tienen como misión fundamental recuperar la verdad de lo que ocurrió en aquel entonces, impulsando y animando el desarrollo de políticas tendentes a recuperar la memoria histórica en sus ámbitos correspondientes.

Para ello hay que impulsar las medidas necesarias que pongan remedio a la actual situación en el marco político, jurídico, educativo y asociativo. Ello daría paso a un gran homenaje de la sociedad civil a las víctimas del franquismo, con la participación directa de todos los implicados en esta parte de nuestra historia, aprovechando que en este año 2004 conmemoramos el 65º aniversario de la terminación de la Guerra Civil.

José Antonio Saracíbar Saútua es presidente de la Fundación Francisco Largo Caballero.