El sitio de Cádiz

Cuando las barricadas de astilleros arden, Cádiz pierde su libertad de movimiento. Al cortar el puente José León de Carranza y la carretera que la une con San Fernando -los dos únicos accesos a Cádiz-, los trabajadores navales echan el cerrojo a los 5,5 kilómetros cuadrados del término municipal de Cádiz. Desde finales de la década de los ochenta, se repite la operación y la polémica estalla en las calles de la capital. En palabras del secretario provincial del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña: "¿Dónde empieza el derecho de los trabajadores al derecho a la huelga y a manifestarse y el del conjunto de gaditanos a poder desplazarse o simplemente ir a trabajar?".

A esta pregunta, los representantes sindicales de los trabajadores navales siempre responden pidiendo "cromprensión y apoyo" a la ciudadanía, como reiteran Jesús Gargallo, Ramón Linares y Francisco Fernández Lucas, presidentes de los comités de Cádiz, Puerto Real y San Fernando, respectivamente. Porque el problema de Izar "no sólo nos afecta a nosotros, sino a la economía de toda la Bahía gaditana", espeta Gargallo.

Unas 400.000 personas se ven afectadas por las manifestaciones que bloquean la ciudad

Así, a cada proceso de reconversión, ajuste laboral, negociación del convenio colectivo o escasa carga de trabajo, los 2.870 trabajadores de las factorías de Puerto Real, Cádiz y San Fernando (más otros 2.600 trabajadores de la industria auxiliar) han reaccionado inutilizando el istmo natural que une la capital con el resto de la Bahía, en especial el puente José León de Carranza. Policías y trabajadores se instalan en el puente y se inicia el intercambio de pelotas de goma y de acero. Se lanzan cohetes. Vuelan tuercas y tornillos. Caen farolas.

El socialista Gonzalez Cabaña se lamenta: "Es el asedio de los encapuchados con pasamontañas. Son un grupo de radicales que no representan a la mayoría y que emplean la violencia sin sentido colisionando con el derecho de los gaditanos a desarrollar su vida diaria con normalidad". De esta misma opinión participaba Teófila Martínez, alcaldesa del PP, cuando su partido gobernaba en Madrid. Ahora, en la oposición, se echan en falta sus llamamientos a la calma. En Izquierda Unida, sus dirigentes siempre se han alineado con las protestas laborales, sean cuales sean sus consecuencias. "Los derechos de los trabajadores están por encima de cualquier otro", afirma un cargo público de la coalición que pide anonimato.

Según la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz, el puente Carranza ha sido cortado al menos en un centenar de ocasiones desde que fue construido en 1969. El modus operandi es siempre el mismo. Como ayer, por ejemplo: los 1.200 trabajadores de la plantilla de Puerto Real ocupan el kilómetro 3 de la carretera N-443. Los 1.286 operarios de San Fernando recorren el trayecto que separa la factoría del kilómetro 11 de la CA-33, justo debajo del puente del Gran Poder. Allí cortan la carretera y la vía del tren. Al tiempo, los 384 empleados de Cádiz cortan la carretera industrial a las puertas de la factoría y más tarde la avenida de Andalucía, la principal arteria interior de la capital gaditana. Cuando las tres protestas coinciden en el tiempo, el caos está garantizado. Nadie habla de colapso, sino de ciudad sitiada.

La media de las protestas ronda las tres horas, aunque la circulación no se restablece de inmediato. Cuando los manifestantes se retiran, a los operarios de limpieza les queda una ardua tarea: retirar escombros y barricadas calcinadas, farolas derribadas y quitamiedos y señales de tráfico cruzados sobre el asfalto.

La Bahía tiene cerca de 700.000 habitantes. En torno a unos 400.000 padecen directa o indirectamente estas protestas. Los más perjudicados son los 135.000 residentes en Cádiz. Los 38.000 de Puerto Real y los 88.000 de San Fernando sólo pueden desplazarse hacia Sevilla o por la costa a Algeciras.

En Cádiz entran por el puente y por la autovía de San Fernando una media de 60.000 vehículos privados diariamente. Sólo ayer quedaron atrapados unos 15.000 conductores. Además, una media de 15.000 personas se trasladan por trenes de cercanías o regionales. El cerco a Cádiz afecta especialmente a las ambulancias y a los enfermos graves, que son evacuados de Cádiz en helicóptero; a los estudiantes del campus universitario de Puerto Real; a los transportistas, que no entregan las mercancías, y a los trabajadores, que no llegan a sus puestos de trabajo.