La comunidad educativa pide la vez

El Ministerio de Educación ha planteado 15 puntos sobre los que quiere basar su reforma de la Ley de Calidad. El Ejecutivo quiere consensuar la nueva norma que prepara, pero son muchos los puntos de fricción. Desde cómo hacer frente a la diversidad del alumnado en las aulas; al reparto de estudiantes con necesidades educativas especiales; la existencia de la asignatura de religión y su alternativa, o a cómo debe organizarse el acceso a la Universidad.

El curso está cargado de incertidumbres. Sindicatos, patronales y padres de alumnos tienen también su punto de vista de qué debe recoger la nueva ley que se apruebe. Aún así, todos, sin excepción, piden un pacto de Estado por la Educación, un acuerdo de mínimos que evite que la educación esté sujeta a vaivenes políticos según el partido que esté en el Gobierno.

Los sindicatos exigen que el texto vaya acompañado de una memoria económica

A continuación se recoge la opinión de la Federación de Enseñanza de CCOO y UGT, el sindicato STES, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Centros Católicos (FERE-Ceca), la patronal de los colegios privados ACADE, y las asociaciones de padres de alumnos, la laica Ceapa y la católica Concapa.

- Atención a la diversidad. A cambio de los itinerarios, recogidos en la Ley de Calidad, que distribuía a los alumnos a partir de 3º de la ESO, las Federaciones de Enseñanza de CCOO y UGT y STES apuestan por la aplicación escalonada y desde infantil de clases de desdobles y refuerzos en asignaturas como matemáticas, lengua e idiomas. Otros, como la Ceapa, creen que la escuela debería plantear un itinerario personal para cada alumno mediante un currículo flexible.

UGT plantea, además, la existencia de un tronco común de asignaturas para todos unido a una fuerte diversificación curricular, con un gran peso en las materias tecnológicas.

Por su parte, la Concapa sigue creyendo en los itinerarios como "forma más racional" de dirigir a los alumnos hacia aquellas materias en las que son más competentes. También FERE-Ceca cree que éstos son una buena medida, pero piensa que deberían ser "más flexibles y con mayor libertad para su elección" por parte de los alumnos. Esta federación señala que "la optatividad de la LOGSE era demasiado abierta y poco definida, y al final esas materias acababan convirtiéndose en marías". ACADE añade que lo más conveniente sería otorgar más autonomía a los centros para que éstos pudieran organizar y flexibilizar el currículo y dar así respuesta a las necesidades de cada alumno.

- Distribución de alumnos. El hecho de que la escuela pública acoja a más del 80% de los inmigrantes hace que la Federación de Enseñanza de UGT solicite una planificación común del mapa escolar, "para evitar la aparición de centros de primera y de segunda". Quiere que se pongan en marcha mecanismos que permitan procesos comunes de escolarización y distribución racional de los alumnos con necesidades educativas especiales. Y que haya una ventanilla única para mantener el equilibrio de todos los centros sostenidos con fondos públicos. También Federación de Enseñanza de CCOO solicita mayor equilibrio en la distribución de estos alumnos, formación para el profesorado y dotación de recursos económicos y humanos.

Tanto la Ceapa como STES son partidarios de que los alumnos inmigrantes estudien en los centros escolares cercanos a su barrio y no se les traslade a otros colegios alejados de su zona. Piden, a cambio, que esos centros que acogen a un gran porcentaje de alumnos extranjeros estén dotados de suficientes recursos para atenderlos.

Por su parte, la FERE-Ceca señala que sus centros (unos 2.000 y todos ellos concertados) "están dispuestos" a recibir a todos los alumnos inmigrantes que haga falta. Pero precisa que la demanda de escolarización en sus centros duplica casi las plazas existentes, por lo que apenas quedan vacantes.

- Financiación. La Federación de Enseñanza de UGT pide un reparto ecuánime de los medios en función de sus necesidades reales. También reclama para los alumnos con menos recursos, una adecuada política de becas y la gratuidad de los libros de texto. Al igual que la Federación de Enseñanza de CCOO, este sindicato pide incrementar la inversión pública en educación para alcanzar la media de la UE, lo que supondría el 6% del PIB. Actualmente se sitúa en el 4,5%. Tanto CCOO como UGT y STES van a pedir al Gobierno una memoria económica anexa a todas las modificaciones que se planteen. La FERE-Ceca solicita más financiación para sus centros ya que, según ellos, un alumno matriculado en un colegio concertado de la Comunidad de Madrid cuesta un 60% menos al Estado que uno que lo está en uno público. Y ACADE demanda que se financie directamente a las familias, bien por desgravación fiscal de los gastos educativos, bien por fórmulas como bonos escolares para que "todas, independientemente de sus ingresos, puedan escoger libremente el centro".

- Acceso a la Universidad. Tanto la Federación de Enseñanza UGT como ACADE apoyan la existencia de una sola prueba de acceso y que determinadas asignaturas tengan más peso que otras en función de la carrera que se vaya a estudiar. La Ceapa pide que la prueba de selectividad sea "más realista" y "más acorde" con lo que se les va a pedir a los jóvenes en la Universidad. Cree que la nota de bachillerato debería contar un 40% en la media, para evitar que algunos centros concertados y privados puedan inflar la nota de sus alumnos y salgan más beneficiados que los de los institutos. STES va todavía más allá y pide que no exista prueba ninguna. Que cada alumno pueda matricularse en la carrera que quiera y que la criba se haga en el primer año.

La Concapa apoya el sistema que planteaba la Ley de Calidad de una prueba a final de bachillerato que homologue los estudios de esta etapa con los de otros países extranjeros. Cree que esta prueba sería suficiente para acceder a la Universidad, pues una duplicidad de exámenes "no tendría sentido". También FERE-Ceca pide que haya una prueba al final de bachillerato para que se pueda homologar estos estudios en el extranjero.