Hacienda prevé vender patrimonio público para pagar inversiones del Consell hasta 2007

El consejero de Hacienda, Gerardo Camps, definió en las Cortes el pasado mes de julio "las líneas estratégicas del esfuerzo financiero de la Generalitat en el ámbito concreto de la inversión global para los próximos años", que cifró en 9.500 millones de euros entre 2005 y 2007. Una cantidad que desborda el volumen habitual de inversión porque "se trata", explicó el consejero, "es de acelerar la inversión pública". Camps avanzó las dos fórmulas que aplicará para disponer de capital. Por un lado, la concesión de la explotación de infraestructuras construidas por promotores privados. Por otro, la venta o cesión del propio patrimonio de la Generalitat.

El plan que Gerardo Camps, consejero responsable de Hacienda presentó a las Cortes Valencianas constituye un compendio de las iniciativas previstas por todas las áreas del Consell, una representación conjunta de distintos proyectos. Los centros sanitarios se solapan a los colegios o las carreteras para sumar el volumen. Camps se permitió acumular un volumen de inversión privada paralela al esfuerzo de la Generalitat, que cifró en 3.500 millones de euros. Añadió, incluso, la inversión prevista por las instituciones feriales entre 2005 y 2007, que cifró en 485 millones de euros. El plan de inversión suma en conjunto 14.000 millones de euros.

La agregación, además, dispara ciertas partidas. La Secretaría Autonómica de Infraestructuras, por ejemplo, prevé la inversión de 3.500 millones de euros en tres años, cuando el presupuesto prevé 400 millones de euros en 2004 para toda la Consejería de Infraestructuras y Transportes. Un portavoz oficial del departamento explica que el primer pliego de condiciones para adjudicar la primera concesión administrativa de una carretera, la prolongación de la CV-35 desde Ademuz hasta la Losa del Obispo, está a punto de publicarse. El presupuesto de la obra se estimaba inicialmente en unos 450 millones de euros, pero podría rebajarse. El constructor que ejecute la obra recuperará su inversión a lo largo de dos décadas a través de un sistema de peaje en la sombra, que establece un canon por cada usuario del vial que pagará la Generalitat. Todo indica que la prolongación de la carretera de Ademuz será rentable, pero es un caso singular. Infraestructuras baraja la adjudicación de tramos de la autovía de La Plana un año más tarde, una obra cuya rentabilidad dependerá de su desarrollo al norte de la frontera con Cataluña, y estudia las posibilidades que ofrece la provincia de Alicante para cerrar el trienio de acuerdo con las previsiones del plan de inversión.

No está muy claro como puede participar la iniciativa privada en inversiones acometidas por otras áreas de gestión. Camps no lo aclaró. Pero si avanzó con todo detalle la segunda fórmula de financiación que prevé el responsable de las arcas de la Generalitat. Camps anunció "un plan de racionalización del patrimonio de la Generalitat, en cuanto a dependencias administrativas y de servicios se refiere" que estudia la "corrección del suelo patrimonial destinado al uso administrativo, aquilatando los costes de mantenimiento y generando excedentes que puedan realizarse y obtener liquidez". El responsable de Hacienda sugería así, la posibilidad de vender inmuebles que albergan dependencias administrativas. Una posibilidad que adquiere su verdadera dimensión cuando se revisa la ley de patrimonio que aprobaron las Cortes en abril del año pasado. La ley de patrimonio, efectivamente, permite "enajenar inmuebles, cualquiera que sea su valor y autorizar contratos de arrendamiento financieros de los mismos cuando se considere procedente que sigan siendo utilizados por los servicios administrativos" mediante un acuerdo del Consell que "será motivado y se publicará en el DOGV". Un técnico de filiación socialista ilustra la jerga administrativa con un ejemplo: "La Generalitat puede vender como oficinas uno de los nuevos edificios del PROP, por ejemplo, hacer caja y, a continuación, arrendarlo". La opción de recuperar su titularidad dependerá del modelo de contrato.

El responsable de Hacienda justificó el recurso a las nuevas fórmulas de financiación con alusiones a recortes en inversiones que atribuyó al Gobierno central y a la paulatina pérdida de fondos europeos a partir de 2007. Y rechazó la posibilidad de utilizar su capacidad normativa para elevar ciertos impuestos autonómicos o introducir el copago de ciertos gastos sanitarios, por ejemplo. A la vista de la situación, es una lástima que los grandes edificios de la Ciudad de las Artes no se puedan vender. No sólo están hipotecados, sino que el conjunto de las acciones de la sociedad pública que promueve el complejo están pignoradas por sus acreedores.