La Junta no vigila posibles fraudes en las 222.698 viviendas protegidas de Andalucía

Las viviendas de protección pública no siempre son para los que más las necesitan. Algunos adjudicatarios las revenden o alquilan fraudulentamente a precios de vivienda libre para obtener beneficios antes de que pasen los 15 años necesarios para poder disponer de ellas. El Ayuntamiento de Madrid acaba de crear un grupo de inspectores que comprobarán de oficio que en los pisos protegidos habitan sus legítimos propietarios. En Andalucía, donde hay 222.698 viviendas protegidas,el control sobre los propietarios sólo se ejerce cuando alguien denuncia el fraude.

De 1,3 millones de primeras viviendas que hay en Andalucía, casi la sexta parte son protegidas, según el Ministerio de Vivienda. Esos pisos se han adquirido a un precio muy inferior al de mercado. A cambio, sus propietarios se comprometen a no venderlos ni alquilarlos en 15 años, una condición recogida en sus contratos y en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. La legislación establece que el propietario que quiera vender o alquilar su vivienda debe pedir permiso a la Consejería de Obras Públicas que, si considera justificados sus motivos, podrá anular esta prohibición. El dueño deberá, en ese caso, reembolsar las subvenciones públicas que recibió cuando la compró, con todos sus intereses.

La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) tiene además la posibilidad de adquirir preferentemente las casas sobre otros posibles compradores con los que haya contactado el vendedor. EPSA podrá comprarlas a precio protegido para volver a adjudicarlas evitando que el dueño pueda lucrarse vendiéndolas a precio de mercado.

Aun así, ese fraude existe aunque es muy difícil de cuantificar. Las ventas se consuman mediante contratos que no pasan por el notario y los nuevos propietarios no aparecen en el Registro de la Propiedad. Otros las alquilan, que es todavía más fácil, o las dejan vacías con fines especulativos. El Ayuntamiento de Madrid, consciente de que estas trampas están muy extendidas, ha dispuesto que a partir de 2005, 13 inspectores recorran las 13.000 VPO de la capital para comprobar que en ellas vive su legítimo dueño y no otro o un inquilino. En las más de 200.000 viviendas protegidas andaluzas el control es mucho más laxo. Según la consejería de Obras Públicas son los propios técnicos de cada delegación provincial los que acuden a los pisos protegidos, pero sólo en el caso de que algún particular o institución (un Ayuntamiento, por ejemplo) denuncie un presunto fraude. Además de la Junta, los Ayuntamientos también actúan como promotores públicos. Estos son los mecanismos de control de las ocho capitales andaluzas.

- Almería. Diego Cervantes (IU), ex concejal de Urbanismo e impulsor de las últimas 485 viviendas para jóvenes promovidas en Almería que se entregarán el año próximo, explica que las ventas y alquileres fraudulentos existen. "El tema no se controla: existe tope en el límite de venta en las notarías, pero el resto se paga en negro". El concejal de Urbanismo actual, Juan Megino (GIAL), reconoce que las viviendas carecen de un control administrativo. "Los que las adquieren en esas condiciones saben cuáles son sus derechos y limitaciones", dice el edil que, sin embargo, asegura que para las últimas promociones existe un derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto) a favor del Ayuntamiento en caso de que se intenten vender antes de 10 años.

- Cádiz. Las concejalías de Urbanismo y Vivienda de Cádiz han localizado 78 viviendas protegidas vacías en la nueva urbanización de Astilleros, recientemente entregada. El consistorio retiró recientemente la propiedad de un piso en esta zona a un adjudicatario que no residía en él y que además pretendía venderlo al doble de lo que lo compró. La consejería de Obras Públicas ha remitido a sus propietarios un escrito en el que exige a los que no estén empadronados en la capital que lo hagan de inmediato. La Junta emprenderá acciones para retirárselas a los que las hayan adquirido mediante engaño.

- Córdoba. La empresa municipal encargada de la gestión de las viviendas protegidas es Vincorsa. Su presidente y primer teniente de alcalde, Andrés Ocaña, sostiene que no ha detectado ningún fraude en la venta o alquiler. En su opinión, esto se debe a que el Ayuntamiento es también el promotor de las viviendas y Vincorsa realiza "controles periódicos" a los propietarios: "Tenemos que ir muchas veces a realizar labores de reparación, a solucionar algunos problemas de convivencia (...) Estamos muy encima", asegura. El Ayuntamiento se reserva el derecho de tanteo cuando uno de los adjuicatarios decide vender la vivienda.

- Huelva. La Empresa Municipal de la Vivienda de Huelva utiliza como método de control la inclusión en la escritura de la vivienda protegida del derecho de tanteo y retracto durante 15 años. Durante ese periodo, el propietario está obligado a revenderla a su vez a la empresa pública si quiere desprenderse de ella, al precio que tase previamente la Junta de Andalucía.

- Jaén. La delegación provincial de Obras Públicas de Jaén inspeccionó en 2003 1.900 viviendas de toda la provincia. En algunos casos, detectado el fraude, se llegó incluso al desahucio de sus moradores. Por lo que respecta a la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa) de Jaén, la mayoría de las 200 viviendas que ha promovido el último año en la capital son de renta libre, aunque se venden a precio de protección oficial con una cláusula que imposibilita su enajenación en el plazo de 10 años. Según el gerente de Somuvisa, Rafael Cabrera, ese mecanismo hace que el fraude sea mínimo.

- Málaga. Una vez adjudicadas las viviendas protegidas, el Ayuntamiento de Málaga no vigila a sus compradores. El Instituto Municipal de la Vivienda, dependiente del Ayuntamiento, sólo controla los pisos en régimen de alquiler y el buen uso de las ayudas que concede para la rehabilitación de edificios. Siete personas se dedican a esta labor y si encuentran a alguien que incumple las normas, pierde la adjudicación. La edil responsable del IMV, Mariví Romero, asegura que ocurre rara vez.

- Sevilla. La empresa municipal Emvisesa se reservó en 2002 el derecho de tanteo y retracto sobre más de 1.000 viviendas de protección pública, tras comprobar que muchos propietarios habían vendido sus casas por un precio muy superior al fijado para estos inmuebles, escriturándolos a un precio muy inferior al valor real de la transacción. Hasta enero de 2003, Emvisesa recuperó así 290 viviendas en los barrios de San Jerónimo, Los Bermejales y el Polígono Aeropuerto. Todas esas casas vuelven a ser adjudicadas a menores de 35 años en régimen de alquiler con opción de compra pasados cinco años. Emvisesa sólo tiene inspectores para los pisos en régimen de alquiler que se encargan de vigilar su uso adecuado y tratan de evitar subarriendos ilegales.

- Granada. La empresa municipal de la vivienda, Emuvyssa, carece de personal que controle a los propietarios de las más de 500 viviendas protegidas promovidas desde su creación. Como en la mayoría de las capitales andaluzas, el control es sólo jurídico, y se materializa en un derecho de tanteo y retracto a su favor. Su gerente, Carmen Pérez, asegura que no han tenido denuncias sobre venta o alquiler de viviendas adjudicadas, pero no descarta que pueda existir. Pérez considera que el fraude es mínimo debido al rígido sistema de selección de las personas que pueden acceder a los sorteos.

Esta información ha sido elaborada por M. J. López Díaz, F. Pérez Monguió, M. Planelles, L. Vallellano, G. Donaire, J. Viúdez, R. Rincón y M. Altozano.