Solbes planea dar más dinero de los tributos especiales a las autonomías

Economía se plantea elevar la parte de los impuestos especiales (gravan el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos) que se cede a las comunidades autónomas, ahora en el 40% de la recaudación total (7.066 millones de euros, según datos de 2003). También estudia subirlos como fórmula para atajar el primer problema de la financiación autonómica: el déficit sanitario. Elevar el tramo autonómico al 50% supondría inyectar 1.685 millones de euros más al año.

El Gobierno busca vías para hacer frente a los numerosos déficit que registran las comunidades autónomas en la prestación de servicios. Aunque hay otras fórmulas sobre la mesa -como un aumento del tramo autonómico del IVA (hoy del 35%) o una mayor dotación del fondo de suficiencia con el que se compensa la diferencia entre lo que necesita una comunidad y los ingresos que obtiene por impuestos-, modificar la fiscalidad sobre el tabaco y el alcohol se perfila como una medida de urgencia, con menor impacto recaudatorio y algo menos costosa políticamente, que permitiría al menos atajar el crecimiento del déficit de la sanidad, una losa que pesa sobre las cuentas de Cataluña, Valencia, Andalucía o Madrid.

El Gobierno catalán, que busca en el marco de la discusión sobre los Presupuestos de 2005 esta solución urgente para un déficit que cada año crece en más de 600 millones de euros, asegura haber "reconducido" el diálogo con el Gobierno central tras la entrevista mantenida el pasado martes entre el vicepresidente Pedro Solbes y el consejero catalán de Economía, Antoni Castells, aunque las posiciones aún siguen "alejadas". Según Castells, "existe comprensión mutua sobre la dimensión del problema de Cataluña y también sobre las restricciones presupuestarias del Gobierno". La Generalitat cree que ayudaría que un gesto en el Presupuesto de 2005 se acompañara de un calendario para resolver ya más sosegadamente el déficit acumulado de la sanidad (2.200 millones).

Por ahora, las alternativas no van más allá de un esbozo: el Ministerio de Economía pretende desligar este debate del meramente presupuestario y trasladarlo a la financiación autonómica. Pero cualquier medida tendría siempre una traducción en los Presupuestos.

El Estado recaudó el año pasado 16.853 millones de euros por estos impuestos, de los cuales el 40% aproximadamente (7.066 millones) se cede a las comunidades para que afronten sus gastos. Fuentes de Economía insisten en que ésta es una de las diversas alternativas que se estudian, cuya aplicación no se plantea de manera inmediata.

Al abordar un posible aumento de los impuestos especiales, pesa el posible impacto sobre la inflación, particularmente en el caso de los hidrocarburos, debido a la escalada del petróleo, que ha presionado al alza los carburantes. Por este motivo, está casi descartada una subida de este impuesto.

La alternativa de aumentar el grado de participación de las comunidades en estos tributos -que la Administración central recauda y cede un porcentaje a las comunidades-, por ejemplo, del actual 40% a un 50% supondría inyectar a las autonomías unos 1.685 millones más al año. Si se modificara este porcentaje, y visto que el Gobierno ha decidido suprimir la Ley de Acompañamiento, se requeriría una modificación legal con mayoría absoluta.

Capacidad normativa

Estas dos opciones -subir impuestos o transferir más porcentaje a las comunidades autónomas- resultan las más viables. Existe una tercera, aunque con muchas más objeciones jurídicas. Se trataría de modificar la capacidad normativa de las comunidades autónomas para que tuvieran capacidad de decisión sobre los impuestos especiales: que pudieran subirlos o bajarlos. Es lo que ocurre con otros impuestos que gestionan ellas mismas (como patrimonio, sucesiones y una pequeña parte del IRPF). Sin embargo, expertos tributarios expresan numerosas dudas sobre la posibilidad de otorgar a las comunidades capacidad para subir el impuesto sobre el alcohol o el tabaco. Modificar esa capacidad normativa requeriría una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, para lo que se necesitaría mayoría en el Congreso de los Diputados.

En principio, no hay calendario para cerrar todas estas propuestas, aunque la premura con la que la plantean algunos grupos políticos y Gobiernos autonómicos acelerará el proceso. La pretensión de Economía y Hacienda es no quedar encorsetados por plazos y consensuar todas las propuestas con las comunidades autónomas, se asegura desde el ministerio. Previsiblemente, estas propuestas saldrán a la luz en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el próximo 14 de septiembre bajo la presidencia del ministro Pedro Solbes y la presencia de todas las comunidades.