El Gobierno convertirá la Carta de Barcelona en ley a inicios de 2005

A los tres meses de que el Gobierno central retirara el recurso de inconstitucionalidad presentado en la etapa del PP contra el proyecto de Carta Municipal de Barcelona, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se comprometió ayer en Madrid a negociarlo "en unos meses" con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, y presentarlo al Congreso para convertirlo en ley a principios de 2005.

El alcalde de Barcelona, Joan Clos, y el consejero de Relaciones Institucionales del Gobierno catalán, Joan Saura, presentaron al ministro Sevilla y al secretario de Estado de Cooperación Territorial, José Luis Méndez Romeu, el anteproyecto de Carta Municipal de Barcelona en los aspectos que dependen de las competencias de la Administración General del Estado. El Parlament aprobó en 1997 los aspectos de la Carta relacionados con las competencias exclusivas de la Generalitat.

"Hago mío este anteproyecto y espero que en unos meses seamos capaces de presentarlo como proyecto de ley en el Parlamento", dijo Sevilla después de la reunión. La apuesta es fuerte porque no en vano Sevilla es el sexto titular consecutivo de su ministerio que se enfrenta al reto. "Espero ser el que tenga el honor de llevarlo a buen puerto", dijo.

Sevilla presentó el proceso negociador que ahora se abre como "un ejemplo de diálogo y coordinación de tres administraciones que tienen un mismo fin: servir a los ciudadanos", uno de los ejes del Gobierno del PSOE. Aunque no lo dijo, es también la puesta en marcha del compromiso de promover la aprobación de la Carta Municipal de Barcelona adquirido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la campaña electoral de las legislativas. Ayer se decidió crear tres comisiones de trabajo: una para abordar los aspectos de la Carta relativos a la Administración de Justicia; otra para los relacionados con la Hacienda local y una tercera para las cuestiones de seguridad ciudadana, movilidad, infraestructuras y otras. Cada una de ellas estará integrada por dos representantes del Ayuntamiento, dos del Ministerio de Administraciones Públicas, y otros dos de otros ministerios, según el asunto de que se trate.

El meollo de la negociación que ahora comienza, además del reconocimiento legal de la especificidad de la ciudad de Barcelona, está en que la Carta pretende mejorar la Hacienda municipal accediendo a una parte de la recaudación del IRPF, IVA e impuestos especiales, y pretende dar al alcalde y a la Guardia Urbana responsabilidad directa en la seguridad ciudadana. También propone ampliar las facultades sancionadoras del alcalde.