Zapatero con Rajoy

El interés de Rajoy en ser recibido por Zapatero se debía, según explicó el mes pasado, a su inquietud ante las reformas del modelo autonómico impulsadas por el actual Gobierno. Era previsible y probablemente premeditado que a la salida dijera lo que dijo: que salía más preocupado que había entrado. (Acebes, secretario general adjunto, había dicho lo mismo poco antes). Sin embargo, eso no debería ser tomado como prueba de la inutilidad de este tipo de encuentros.

La de ayer es la segunda entrevista Zapatero-Rajoy desde la llegada del primero a La Moncloa. Algo que debería considerarse normal, pero que no lo fue en la anterior legislatura. Parece increíble, pero en marzo de 2002, en plena ofensiva de ETA contra los socialistas vascos, Aznar ni siquiera contestó a la petición de entrevista de Zapatero para hablar de terrorismo. Como entonces, ahora también hay motivos para que el presidente y el líder de la oposición hablen del que probablemente será asunto político central de la legislatura. Porque es innegable que ha habido tomas de posición contradictorias sobre las reformas constitucionales y autonómicas, y porque el éxito de las mismas depende en buena medida de que exista un consenso entre el PP y el PSOE sobre su alcance.

No es cierto que el Gobierno carezca de criterios sobre las reformas previstas. El Ejecutivo ha descartado otras reformas constitucionales que las cuatro anunciadas (Senado, sucesión a la Corona, nombres de las comunidades, Constitución europea) y marcado los límites y procedimientos de las reformas de los estatutos de autonomía: en el marco de la Constitución y con amplio consenso. Y ha insistido en que el criterio no es tanto modificar el techo competencial como mejorar el funcionamiento del sistema autonómico, corrigiendo lo que ha resultado poco funcional, o que ha quedado superado por la realidad.

Sin embargo, en las filas socialistas han aparecido propuestas que pueden abrir debates sin fin (la enumeración de nacionalidades y regiones) o que cuestionan la lógica hasta ahora aceptada para fijar los criterios de financiación; e incluso globos sonda como el de reconocer derecho de veto a algunas comunidades que como mínimo requieren aclaración. Es lógico, por tanto, que el presidente exponga directamente al jefe de la oposición sus criterios sobre tales asuntos, teniendo en cuenta lo que está en juego y que algunas de las reformas previstas requerirán el acuerdo de PP y PSOE; y en algún caso, como el plan Ibarretxe, de una respuesta conjunta en el Parlamento.