Defensa apoyará y pagará la exhumación de los cadáveres confundidos del Yak-42

Defensa se ha comprometido con las familias de las víctimas del Yak-42 a apoyar sus gestiones ante los jueces para que autoricen la exhumación de los 30 cadáveres que fueron mal identificados y a costear esta operación. Será un proceso doloroso y complicado, pues las familias deberán ponerse de acuerdo y asumir que en algunos casos el intercambio es imposible por haberse incinerado los restos. Ante este panorama, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero replicó ayer al líder del PP, Mariano Rajoy, que el accidente del Yak-42, en mayo de 2003, "no es un tema del pasado, sino del presente".

Defensa y los abogados que representan a las familias estudian la fórmula más adecuada para proceder a la exhumación e intercambio de los cadáveres. Aunque aún no se ha preguntado formalmente a los interesados, las fuentes consultadas estiman que la mayoría querrá recuperar los restos de sus parientes, una vez que se les ha comunicado por escrito quién los tiene en su poder, según los análisis de ADN del Instituto Nacional de Toxicología.

La exhumación requiere de autorizacíón judicial. Defensa y los letrados de las familias preparan un escrito-modelo para que las dos familias afectadas por cada intercambio -la que tiene el cadáver y la que lo reclama- lo soliciten de mutuo acuerdo.

Esta petición deberá presentarse ante el juez del partido judicial donde está enterrado cada cadáver y del correspondiente al nuevo lugar de enterramiento pero, dada la disparidad de ubicaciones, las gestiones se simplificarían si la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, con competencia en toda España, que investiga la denuncia de los familiares contra los anteriores responsables de Defensa, autorizase todas las exhumaciones.

La tarea será muy laboriosa. Sólo hay dos familias con cadáveres intercambiados entre sí. En otro supuesto, la confusión afecta a tres de ellas. Pero la inmensa mayoría de las familias, un total de 25, tienen restos que corresponden a otra, la cual a su vez recibió los de una tercera, formando así una larguísima cadena que requiere el acuerdo de todas para resolver el desaguisado.

Una de las familias que sufrieron las identificaciones erróneas no se hizo la prueba de ADN, por lo que se ha deducido por exclusión qué restos le pertenecen y de quién son los que recibió.

Finalmente, por si el asunto no fuera bastante complejo, los datos de que dispone Defensa, pendientes de confirmar, indican que ocho de los cadáveres confundidos fueron incinerados. En estos supuestos, las familias deberían entregar las cenizas a sus legítimos propietarios, pero algunas de ellas decidieron dispersarlas, siguiendo la voluntad de quien creían su pariente, por lo que no tienen nada que devolver.

Responsabilidades del pasado

El proceso que tienen las familias por delante es tan doloroso que algunas expresaban ayer su sorpresa por las declaraciones a Telecinco del líder del PP, Mariano Rajoy, quien acusó al Gobierno de "estar exigiendo responsabilidades de acontecimientos que se han producido en el pasado".

"Trillo ha pedido disculpas a todas aquellas personas que se hubieran sentido ofendidas por los graves errores que se cometieron", afirmó. Rajoy rechazó la celebración de un pleno del Congreso sobre el caso Yak-42, exigido por IU y los grupos nacionalistas, con el argumento de que, cuando el PP llegó al poder, el Parlamento no debatió sobre el caso Roldán o los GAL.

"No es un tema del pasado, sino del presente", le replicó José Luis Rodríguez Zapatero. "Hay que tener mucha sensibilidad y comprender lo que eso representa", dijo el jefe del Gobierno a Punto Radio, preguntado por la errónea identificación de los 30 cadáveres de los que se hicieron cargo los generales enviados a Turquía por el ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa.

Defensa, que ya ha costeado las pruebas de ADN realizadas en Turquía y España para determinar las identidades, se ha comprometido a financiar también los gastos ocasionados por las exhumaciones y traslados. Pero no está dispuesta a que todas las irregularidades que rodearon el caso recaigan sobre las arcas públicas.

El ministro José Bono reveló ayer, en una entrevista a El Mundo, que ha ordenado al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz, que investigue por qué el seguro de vida, por valor de 75.000 dólares, que debía tener cada pasajero del Yak-42 "se fue reduciendo en el proceso de subcontrataciones y acabó siendo de 20.000 dólares, en perjuicio de los militares y, probablemente, en beneficio de algún desvergonzado cuyo nombre ignoro".

En realidad, el seguro no se redujo, sino que se esfumó. La compañía ucrania UM Air, subcontratista última del viaje, no suscribió ningún seguro de vida y los 20.000 dólares que ofrece son los fijados por el Convenio de Varsovia en concepto de responsabilidad civil. Eso sí, a cambio de que las familias renuncien a cualquier reclamación.

El Gobierno del PP, consciente de esta irregularidad, aprobó en agosto de 2003 un acuerdo para pagar los 75.000 dólares a cada familia, con cargo al presupuesto público. Lo sorprendente para los actuales responsables de Defensa es que no se emprendiera ninguna acción legal para recuperar este dinero, un total de 4.650.000 dólares.

Defensa firmó un documento con NAMSA, la agencia de la OTAN a través de la cual se fletó el Yak-42, por el que ésta se comprometía a reclamar dicha cantidad a Chapman, adjudicataria del contrato, pero 17 meses después no ha obtenido ningún resultado. Bono estudia emprender acciones legales contra NAMSA, Chapman o ambas. "Lo que no se puede admitir sin más", afirman las fuentes consultadas, "es que todos los españoles paguen las irregularidades de algunos".