Francia propone que los nuevos países de la UE con impuestos bajos no reciban fondos

Los grandes países europeos, con Francia y Alemania a la cabeza, intentan poner freno al fenómeno de la deslocalización de empresas, que ya les ha hecho perder decenas de miles de puestos de trabajo en beneficio de los países recién incorporados de la UE, que, entre otras ventajas, ofrecen una menor presión fiscal sobre las sociedades. El ministro francés de Finanzas, Nicolas Sarkozy, ha dado un polémico paso y ha propuesto que los países donde los impuestos estén muy por debajo de la media comunitaria sean excluidos del reparto de los fondos regionales europeos. Sarkozy pretende que los ministros de Finanzas de la UE debatan su propuesta en el Ecofin del viernes y sábado próximo.

"No se puede decir 'somos tan ricos como para bajar nuestros impuestos', incluso a cero en algunos países, y, al mismo tiempo, pedir a la vieja Europa que pague unos fondos estructurales que nosotros ya no podemos utilizar en nuestras regiones. Yo propondría que los nuevos países de la UE con impuestos inferiores a la media europea no sean aptos para acceder a los fondos estructurales", ha declarado Sarkozy a la cadena de televisión TF-1.

Hoy, cada país de la UE es soberano para desarrollar su política fiscal como desee. El impuesto medio de sociedades en los antiguos 15 miembros de la UE se eleva al 31,4% (en España es del 35%), mientras que entre los 10 nuevos Estados de la Unión ese porcentaje se reduce al 21,5%. En algunos casos, como el de Estonia, al que Sarkozy se refiere sin mencionarlo, el impuesto de sociedades no existe y únicamente se aplica un 26% sobre los beneficios repatriados por las empresas a sus países de origen.

El canciller alemán, Gerhard Schröder, y el primer ministro sueco, Goran Person, ya alzaron en el pasado sus voces contra esas distorsiones que, unidas al estancamiento económico en Europa y al bajo coste de la mano de obra en los países del Este, han originado el traslado de numerosos centros de Francia, Alemania o España a Eslovaquia, República Checa o Polonia. Volkswagen, por ejemplo, tiene ya el 13% de su producción industrial en Europa del Este y está dispuesta a seguir en esa línea.

Para intentar paliar el fenómeno, la Comisión Europea introdujo en julio pasado dos cláusulas en sus proyectos de reglamentos sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo de Cohesión. Según la primera de esas cláusulas, las empresas que perciban dinero de esos fondos tendrán que devolverlo si optan por irse a otro país en los siete años siguientes a la percepción de esas ayudas. Por la segunda cláusula, no podrán acceder a fondos de ese tipo en el país al que se hayan trasladado.

El actual comisario de Política Regional, el francés Jacques Barrot, justificó así las cláusulas: "Cuando se conceden esas ayudas, se dan para el desarrollo de una región concreta, y no otra. Y, además, no es de recibo que acabemos financiando la deslo-calización con fondos europeos". Ahora, Sarkozy ha ido mucho más lejos. El portavoz de Barrot declaró ayer que el problema es "muy complejo" por tratarse de países para los que resultan vitales los fondos a la hora de acortar distancias económicas con el resto de la UE, pero enseguida rechazó que pueda existir "una relación" entre nivel de impuestos y reparto de fondos.

"No es la posición alemana", dijo también ayer un portavoz del Gobierno alemán. En Madrid, el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, declaró que la Europa ampliada "debe reforzar, y no debilitar, sus políticas de cohesión para reducir las desigualdades en sus territorios".

Base común

Pero la preocupación en la UE por la disparidad impositiva crece día a día. Por eso, la Comisión ha enviado un documento al respecto a los ministros de Finanzas de la Unión para que analicen el contencioso en su próxima reunión del 11 y el 12 en Holanda. Bruselas propone que, para conseguir más ventajas del mercado interior, las empresas necesitan que al menos sea común la base del impuesto de sociedades porque, si no, Estados Unidos o Japón seguirán teniendo enormes ventajas ante sus rivales europeos.

Para la Comisión, las ventajas de esa base común del impuesto de sociedades serían la reducción de costes administrativos y de gestión en las empresas con centros en diferentes países de la Unión, la desaparición de algunos riesgos ante posibles cambios legales en los países o la menor evasión de impuestos.