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Columna
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¿Carpetazo?

Enrique Gil Calvo

Comienza el curso político bajo el ambiguo signo del pacto, dada la apretada agenda de negociaciones a futuro (tal como dicen hoy los pedantes) que las gentes del Gobierno están ofertando a propios y extraños. Y digo lo de la ambigüedad porque, a pesar del prestigio académico de que gozan las teorías del contrato social y a sabiendas de la buena prensa que tiene desde la transición el llamado consenso (aunque sonase más a pasteleo que a consentimiento auténtico), lo cierto es que la política de pactos a diestro y siniestro que precisa el presidente Zapatero podría resultar quizá peligrosa.

Dejo para más adelante analizar las múltiples agendas (presupuestaria, civil, social, europea, territorial y constitucional) cuyo calendario fijó a fines de agosto la vicepresidenta primera. Y aquí me centraré en el pacto que parece más inmediato y a la vez más sospechoso. En efecto, a juzgar por las sugerencias filtradas a la prensa, se diría que los dos grandes partidos se disponen a cerrar mañana la comisión del 11-M dando un elegante carpetazo que les permita a ambos salvar la cara mientras le echan tierra encima al asunto.

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Los términos de la presunta transacción se enmascaran bajo diferentes camuflajes (que si se interroga a los confidentes, que si declaran los periodistas, que si hay un dictamen común o se formalizan las disensiones...), pero bajo el tapete se adivina un solapado toma y daca: pactar la incomparecencia de Aznar a cambio de una doble recompensa. Por un lado se promete una golosa contrapartida material, como es renegociar la impune financiación clandestina de los partidos. Pero además se ofrece taparlo todo con un nuevo pacto adicional que sirva de coartada de cara a la galería. Me refiero, claro está, al nuevo Pacto Antiterrotista II, está vez dirigido contra el radicalismo islámico, como segunda parte del Pacto I firmado contra el radicalismo vasco. Todo a cambio del silencio de Aznar.

¿Quién teme al lobo feroz? ¿Por qué se necesita enmudecer al presidente saliente, hasta el punto de ofrecer a cambio otro pacto parecido al del capó? ¿O habría que compararlo al pacto del olvido que cerró la transición con el trueque de amnistía por amnesia? ¿Merece Aznar que el Parlamento le indulte, renunciando a pedirle cuentas para cancelar sus evidentes responsabilidades? Si populares y socialistas son partidos antagónicos, ¿van a desmentirlo con una colusión contra natura, vulnerando los derechos de los ciudadanos y deslegitimando al Parlamento? Para terminar dando carpetazo, hubiera sido mejor no abrir la comisión investigadora, que así acabará haciendo el ridículo y, lo que es peor, contraviniendo gravemente su deber institucional: el de exigir la accountability de un gobernante que se negó a rendir cuentas ante las urnas por su cuestionable ejercicio del poder.

Se dirá que al PSOE no le interesa perseguir a Aznar porque su testimonio taparía la agenda gubernamental, restándole protagonismo con su ruido mediático. Pues haberlo pensado antes, porque cerrar en falso una comisión que quizá no se debió abrir es una irresponsabilidad. Y si pese a todo se rehusa citar a Aznar habrá que buscar otras razones. ¿Cuáles podrían ser éstas? Sólo se me ocurre una explicación, y es la de reparar el honor de una institución como la presidencia del Gobierno, gravemente desacreditada por sus pasados ocupantes.

Por un presidencialismo mal entendido, La Moncloa pretendería mostrarse indulgente con el anterior presidente caído, como si tratase figuradamente de protegerle. Así se devolvería el trato que Aznar dio a González cuando éste perdió el poder, renunciando a perseguirle con toda la saña de la que después habría de mostrarse tan capaz. Además, predicando de este modo con el ejemplo, el presidente actual podría estar previniendo su propia salida del poder, confiando en merecer de su futuro sucesor la misma indulgencia que ahora demuestra él. Pero hay un problema, y es que un gesto así quizá no se entienda como una prueba de nobleza sino como un certificado de impunidad.

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