Las asignaturas pendientes del 11-M

La comisión parlamentaria de investigación del 11-M, cuyo futuro será decidido por los grupos políticos mañana, rozó la superficie de los posibles fallos de coordinación en la lucha antiterrorista que pudieron haber impedido frustrar el histórico golpe del terrorismo islámico que costó la vida a 192 personas, pero no profundizó en las razones de esos fallos y, en consecuencia, no abordó la responsabilidad política subyacente. ¿Se pudo haber evitado? O, ¿se podía al menos quebrar la planificación terrorista? ¿Podía haberlo conseguido una acción más coordinada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? Ésta, y otras, son preguntas pendientes de respuesta por parte de una auténtica comisión investigadora.

Los servicios de seguridad rondaron a los implicados en el 11-M, pero se comportaron como compartimentos estancos: la información no fluyó Jorge Dezcallar: "La coordinación es lo más difícil de conseguir. Esa coordinación, hasta donde yo sé en mi humilde experiencia, no existe"

No se valoró la posibilidad de que el explosivo de Asturias fuera para el terrorismo

Del Burgo: "Eso es lo que me da pena, que estuvieran tan cerca y no lo conocieran"

La comisión del 11-M ha cubierto a vuelo de pájaro los capítulos implícitos relacionados con el brutal atentado: la fase previa, las horas de los días 11 al 14 de marzo, y las posibles recomendaciones para evitar actos parecidos. Ésos han sido los tres capítulos examinados, pero en el que se recogieron los mayores detalles fue el referido a las fechas del 11 al 14 de marzo. Los 38 comparecientes han aportado, en su mayoría, datos, matices, conceptos y críticas. Pero esa información debería ser procesada antes de emprender una segunda fase. Las 12 sesiones han sido un prólogo con sustancia. La labor de profundización, pues, está pendiente. Y en ella, los posibles fallos de la lucha antiterrorista.

Los jefes policiales, con mayor o menor claridad, han admitido que el atentado del 11-M los sobrepasó y que no estaban preparados para él. En todo caso, esperaban otra cosa. Días antes del atentado y conforme se aproximaban las elecciones del 14-M, las filtraciones oficiales y policiales anticipaban un gran atentado de ETA para irrumpir en la campaña electoral. Pero un atentado islámico, eso no.

El entonces presidente del Gobiernos, José María Aznar, decidió, tras conocer la masacre, que era la crónica de un golpe preelectoral anunciado: ETA había entrado en escena. A las dos horas del estallido, Aznar resolvió convocar una manifestación en Madrid con una pancarta cuyo lema escribió él mismo: "Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo". Así se lo comunicó a quienes hablaron con él esa mañana. Uno de ellos, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, salió de una reunión que mantenía con dirigentes de CiU en Barcelona y telefoneó a Aznar para saber cómo estaban las cosas. Hacía más de dos años que no se dirigían la palabra. Aznar le dijo, sobre las 10.30, que ETA había provocado la matanza y que había convocado una manifestación. Pujol regresó a la reunión. "Aznar dice que ha sido ETA y ha convocado un mitin electoral para mañana por la tarde", dijo. Tal era la convicción arraigada en muchos dirigentes políticos de que el Gobierno intentaba apropiarse del atentado con fines electorales. Es decir, para asegurar su victoria el 14-M.

Los jefes policiales explicaron a los comisionados que, en rigor, ninguna prueba apuntaba a ETA más allá de las conjeturas lógicas. Algunos de ellos, como el entonces número dos de la policía, Pedro Díaz- Pintado, llegó a decir que, realmente, no trabajaron en el seguimiento de pistas con nombre y apellido y que cuando éstas aparecieron, a primeras horas de la tarde del 11-M (furgoneta sin placa doblada, detonadores fabricados en España, cinta del Corán, culote de dinamita), iban en otra dirección, diferente a la de ETA. Como le diría esa noche Díaz-Pintado al juez Baltasar Garzón, según el abundante y rico testimonio de este último, las pruebas apuntaban no hacia el Norte (Euskadi) sino hacia el Sur (Marruecos, el Islam).

Pero de todos los testimonios, uno de los más precisos y el que menos atención recibió en los medios fue el de Miguel Ángel Fernández Rancaño, jefe superior de Policía de Madrid, a cargo de la investigación en las primeras jornadas. "El punto crítico", dijo, "se produjo cuando se empezó a trabajar con la tarjeta prepago hallada en la mochila desactivada [en la madrugada del 12 de marzo]. Antes, se podían barajar hipótesis. A partir de entonces, el sesgo cambia sustancialmente, es evidente que ya no hay nada que discutir". Fernández Rancaño informó a los comisionados de que de los 12 testigos a los que se tomó declaración hasta las 10.30 del 11-M, los dos que ofrecieron más fiabilidad caracterizaron a los presuntos autores de la masacre como de "raza árabe".

Pero si los dimes y diretes de aquellas jornadas han quedado vistos para sentencia -los partidos y los ciudadanos tienen todos los elementos para revisitar el veredicto del 14-M-, no ocurre lo mismo con los otros dos capítulos, ambos interrelacionados: qué falló antes del 11-M y qué se ha de hacer para corregir los errores e impedir que pueda volver a ocurrir. Una mirada superficial a los documentos presentados a la comisión llevaría a la conclusión de que hubo advertencias genéricas sobre un posible atentado islamista. Pero hay mucho más que advertencias. Entre los papeles, por ejemplo, hay una nota de la Unidad Central de Información de la Guardia Civil del 21 de enero de 2004, con relación a las reuniones del Grupo de Jerez (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España), en los que los expertos en contraterrorismo advierten al ministro del Interior, Ángel Acebes, de que siguiendo la pista de la delincuencia común, la inmigración ilegal, el narcotráfico, se puede llegar al terrorismo islámico. A la vista de lo que pasó el 11-M, estos documentos fueron considerados buenas recomendaciones de salón. Pero, ¿había posibilidad de llevarlas a la práctica? Las había.

Los servicios de seguridad, en efecto, rondaron a los principales implicados en el 11-M, en algunos casos por su supuesta relación con los autores del 11-S. Algunos de ellos incluso fueron seguidos hasta semanas antes de los atentados, pero por causas ajenas al terrorismo. Sin embargo, la información no fluyó, los datos no fueron casados, porque tanto interna como externamente, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía funcionaron como compartimentos estancos. La comisión y las pesquisas judiciales han mostrado cuán cerca estuvieron de agarrarlos.

El ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Jorge Dezcallar lo explicó a los comisionados: "La coordinación es probablemente lo más difícil de conseguir. Esa coordinación, hasta donde yo sé en mi humilde experiencia, no existe... Cuando se produce una investigación, a medio plazo sí hay mejora de la cooperación, pero en el corto plazo la gente que encuentra un dato quiere explotarlo, quiere trabajar sobre él antes de contárselo a los demás".

Aquí no sólo hubo fallos de corto plazo sino también a medio plazo, que diría Dezcallar. Al menos siete de los implicados en el 11-M estaban fichados. En algunos casos habían sido vigilados, filmados y sus teléfonos intervenidos durante una investigación sobre terrorismo islamista ordenada años antes. Esta circunstancia facilitó la neutralización del comando en un tiempo récord y evitó nuevos atentados.

Serhane Ben Abdelmajid Fakhet, El Tunecino, presunto coordinador del atentado y autor material, fue investigado desde 1995 como miembro de los Soldados de Alá, una célula de Al Qaeda que dirigía Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah. En noviembre de 2001 fueron detenidos casi todos sus militantes pero no Serhane. Semanas antes del 11-M fue filmado durante una investigación por blanqueo de capitales por parte de fundamentalistas. Rabei Osman el Sayed, Mohamed el Egipcio, detenido en Italia como presunto ideólogo del atentado, también había sido vigilado. Era la sombra de El Tunecino y atrajo la atención policial cuando en 2002 comenzó a aglutinar a integristas. Un caso similar al de Amer Azizi, quien se escapó en 2001 y que presumiblemente participó en el diseño del 11-M. Quizás la mejor oportunidad de descubrir la trama estuvo en Said Berraj. El 19 de diciembre de 2003, la policía intervino el teléfono al marroquí, al que se identificó gracias a una comisión rogatoria de las autoridades turcas. Berraj, presunto autor material del 11-M, no fue detenido al faltar sus huellas y fotografía. Cuando llegaron desde Turquía, el 9 de marzo, ya había desaparecido.

El primer detenido por el 11-M, Jamal Zougam, fue investigado en relación con el 11-S porque mantenía relaciones con Azizi, huido y procesado por Garzón al entender que participó en la reunión que se celebró en Tarragona, en julio de 2001, entre Mohamed Atta, jefe de los pilotos suicidas, y Ramzi Binalshibh, que coordinó el ataque.

Más cerca se estuvo de la trama de los explosivos. El confidente de la Unidad Central Operativa Rafa Zouheir (detenido por robos y tráfico de armas) informó de la existencia de una trama en Asturias para vender 150 kilos de explosivos, liderada por Antonio Toro Castro y el confidente de la policía José Emilio Suárez Trashorras (con antecedentes por narcotráfico). La información se envió a la Comandancia de Asturias. No se halló nada anormal, y ni siquiera se valoró la posibilidad de que ese explosivo pudiera acabar en manos terroristas, islamistas o etarras. Jamal Ahmidan, el Chino, que organizó el trasiego de explosivos, tenía un amplio historial delictivo por tráfico de drogas, lo mismo que los hermanos Rachid y Mohamed Oulad Achka.

En la sesión del 23 de julio, tras interrogar a Manuel García Rodríguez, inspector jefe de Estupefacientes de Avilés el comisionado del PP Jaime Ignacio del Burgo dijo, a modo de epitafio: "Y eso es lo que me da tristeza, que estuvieran tan cerca y, sin embargo, por desgracia, no tuvieron el conocimiento necesario para haber podido detectar ni usted ni los miembros de la Guardia Civil lo que ahora vemos". En el estrado, al inspector jefe se le saltaban las lágrimas. Del Burgo prosiguió: "Aquí ha habido fallos indudables, y no me refiero de usted, únicamente de usted, pero sí tengo que decir que se denuncia un delito de 150 kilos de dinamita, que estamos hablando de eso, hay una denuncia expresa... y nadie en Asturias es capaz de investigarlo, ni la UCO ni la Guardia Civil, ni la policía ni el servicio de Estupefacientes, ni nadie...".

La comisión del 11-S en EE UU también exploró la descoordinación de los servicios de inteligencia y la política de la Administración Bush antes, durante y después de los atentados. Allí se pudo saber, a partir del testimonio del jefe de la lucha contraterrorista durante el 11-S, Richard Clarke, que horas después de los atentados el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, a pesar de las evidencias contra Osama Bin Laden, pretendía un ataque devastador contra Sadam Husein, sin duda un objetivo predeterminado. Clarke también declaró que Bush, el 12 de septiembre de 2001, le pidió, obsesionado, que confirmara la mano de Sadam Husein en la barbarie, cuando no había el más elemental indicio. Aznar, Acebes, Rajoy y la cúpula del PP, también tenían en la cabeza (por práctica y rutina electoralista) a ETA, contra toda evidencia.