España: proyecto y realidad plural

Hace 25 años los españoles fuimos capaces de pasar de un Estado fuertemente descentralizado a otro en el cual el pluralismo y reconocimiento de la identidad de las distintas partes del territorio adquiría un valor esencial. Desde entonces, diversos momentos jalonan el desarrollo del modelo autonómico.

Así, tras la rápida elaboración y aprobación de los estatutos de autonomía de País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, se produjeron en 1981 los primeros acuerdos autonómicos entre los dos principales partidos políticos, debiendo situarse en el contexto de un país que acababa de sufrir uno de sus momentos (aunque efímeros) más negros de su historia: el intento de golpe de Estado del 23-F. Esos acuerdos se reflejaron en el proyecto de LOAPA, norma regresiva en materia autonómica, y en los estatutos que a partir de entonces se aprobaron, diseñándose con mucha cautela y una notable desconfianza en la capacidad de autogobierno y difiriéndose en el tiempo la atribución a las comunidades autónomas de relevantes competencias.

"No somos ni debemos ser, por coherencia con nosotros mismos, inmovilistas"

En 1992 se produjo el pacto entre el PSOE y el PP que posibilitó que las comunidades autónomas asumiesen nuevas competencias, entre ellas la relativa a educación, si bien por criterio del Gobierno socialista la reforma vino precedida de una idéntica Ley Orgánica de Transferencias para todas ellas y a continuación se reformaron, aunque de forma estereotipada y fotocopiada, todos los estatutos de autonomía de las comunidades que accedieron a su autogobierno mediante la vía del artículo 143 de la Constitución.

En el periodo 1996-1999, el Gobierno del Partido Popular intentó llegar a un pacto con el principal partido de la oposición para incrementar el techo autonómico, transferir más competencias (algunas tan relevantes como la sanidad) y posibilitar modificaciones en cuanto a la organización institucional (materia hasta entonces vetada). El PSOE rechazó el ofrecimiento, si bien el proceso que se comenzó y en el que se dio la iniciativa a cada Parlamento autonómico fue seguido por reuniones constantes, paralelas y de seguimiento entre dirigentes nacionales de ambos partidos.

En esos años, Mariano Rajoy era el ministro de Administraciones Públicas en el primer Gobierno de Aznar y bajo su mandato se impulsó un amplio proceso de descentralización. Demostró, en aquel tiempo, ser una persona abierta a importantes retos (entre ellos, la calificación de Aragón como nacionalidad, con oposición del PSOE, por ejemplo). En esos momentos, además de desbloquear las reformas de los estatutos de Canarias y Aragón -que el Gobierno de Felipe González había aparcado-, se modificaron de forma amplia diez estatutos, haciéndose con humildad, generosidad, sentido de futuro y sensatez. Por otra parte, durante esa legislatura en la que casi todo el tiempo él desempeñó la titularidad de ese ministerio, se aprobaron un gran número (280) de decretos de transferencias previamente acordados con las comunidades.

Así, ante este momento histórico actual, en el PP tenemos demostrado no sólo responsabilidad sino también talante de apertura al diálogo. No somos ni debemos ser -por coherencia con nosotros mismos- en modo alguno inmovilistas ni ha de confundirse la firmeza en las ideas con el integrismo, sino que somos defensores del sistema descentralizado que consagra la Constitución. Cierto es que, entre otras cosas, nos gustaría que las comunidades autónomas fuesen más coherentes y desarrollasen interiormente este principio, transfiriendo o delegando competencias a los entes locales (la Comunidad de Madrid es la excepción), pero también estamos dispuestos a dialogar en lo que pudieran ser necesidades razonables que encajen en la Constitución, profundizando sin complejos ni miedos el modelo que ésta diseñó y sin recibir lecciones de nadie. En esta línea se encuentran muy destacados dirigentes territoriales, como Juan V. Herrera en Castilla y León y Francisco Camps en Valencia, cuya voz, al igual que la de Esperanza Aguirre en Madrid (que fue quien propuso a Rodríguez Zapatero un pacto nacional sobre la sanidad), ha de ser cada vez más relevante a nivel nacional.

Pero pedimos al partido estatal mayoritario, tras la ronda de entrevistas de Zapatero con los presidentes autonómicos, sentido de la responsabilidad, que no se olvide nunca que el titular de la soberanía es el pueblo español en su conjunto, representado en las Cortes Generales; que no se nos involucre en aventuras de final oscuro y confuso y que no se consagren privilegios que rompan la igualdad de todos los españoles. También, que se tenga la sensatez para diferenciar lo que son peticiones autonómicas razonables de lo que son chantajes de partidos aliados que no creen en el sistema constitucional y que no se incurra en el error de pretender sacar adelante (ni siquiera iniciar) unas reformas sin el respaldo de un partido que tiene detrás casi 10 millones de votos en las últimas elecciones generales.

Todos deberíamos tener más la mente en el futuro y superar el permanente debate sobre el pasado al cual asistimos. Desde el PP debemos proyectarnos hacia adelante en todos los ámbitos, entre ellos también en el autonómico. Hemos de aprender de la historia y también de nuestra propia trayectoria, pero siempre con la mirada hacia el frente de una sociedad que pide marcos plurales y tolerantes de la convivencia, pero también respuestas integradoras de ilusiones colectivas.

España es un proyecto y una realidad común y, al tiempo, plural. Desde el respeto a ésta y a las singularidades de las diversas nacionalidades y regiones, ofrecemos nuestra disposición al diálogo, pero exigiendo al Gobierno de todos los españoles coherencia, sentido de Estado, el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y lealtad al sistema constitucional que, aun con sus fallos, ha posibilitado un marco de convivencia para todos.

Jesús López-Medel Báscones es abogado del Estado, vocal del PP en la Comisión Constitucional del Congreso.