Perú olvida la verdad

Justicia, resarcimiento y sanción, reclamaba el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú, presentado el 28 de agosto de 2003, sobre las graves violaciones de derechos humanos en la guerra interna que ensangrentó el país durante dos décadas (1980-2000). Un año después, poco o nada han hecho las instituciones del Estado sobre aquellas tres peticiones. Así lo atestiguan representantes de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones humanitarias. "Ninguna de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad se ha incorporado al presupuesto del Estado. Lo poco que se ha hecho hasta ahora es totalmente insuficiente", asegura Cecilia Blondet, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y ex ministra de la Mujer en el Gobierno de Alejandro Toledo.

Blondet participa estos días en un seminario que se celebra en Ayacucho sobre la aplicación de las recomendaciones de la CVR en programas regionales, y ha comprobado la desconfianza y resentimiento en numerosos sectores en aquel departamento andino, una de las zonas de mayor violencia política en el enfrentamiento entre rebeldes de Sendero Luminoso y el Ejército. Subraya la ex ministra que la difusión del informe de la Comisión de la Verdad "ha sido poca y mala", con lo que mucha gente lo desconoce totalmente.

Por otra parte, los avances en las tres grandes líneas de trabajo propuestas por la CVR -repara-ción de las víctimas, fortalecimiento institucional en las zonas más castigadas por la guerra y mejora de la educación- han sido prácticamente nulos. "No se trata sólo de reparaciones económicas, hacen falta gestos simbólicos de atención a inmensos grupos excluidos. Hay que recordar que el 75% de las víctimas en Ayacucho", señala Cecilia Blondet.

El 15 de noviembre pasado llegaron a la Defensoría del Pueblo de Lima 567 cajas repletas de papeles, libros y revistas. Era toda la documentación recopilada durante 20 meses por la Comisión de la Verdad sobre las violaciones de derechos humanos. Se estima que el número de muertos y desaparecidos durante la guerra interna es de 69.280 personas, que supera ampliamente las pérdidas humanas en la guerra de la independencia y la guerra con Chile, los dos mayores conflictos en los que se vio involucrado Perú. El conflicto provocó asimismo un éxodo masivo de la población civil, con medio millón de desplazados "Necesitamos 300 metros cuadrados para guardar todo el material y no hemos recibido un peso del Estado", explica Rocío Villanueva, adjunta al Defensor del Pueblo para los Derechos Humanos.

Una de las recomendaciones de la CVR fue que toda la documentación estuviera al alcance de la población. Con este fin, la Defensoría del Pueblo abrió el centro de documentación en el casco antiguo de Lima, que alberga más de 1.000 libros, revistas y diversa documentación, que incluye relatos de víctimas y victimarios, material fotográfico y más de 40.000 expedientes de sitios de entierro clandestinos.

Algunas de las conclusiones de la CVR son controvertidas, como la que atribuye a Sendero Luminoso la responsabilidad de más muertes (54%) que las cometidas por los agentes del Estado (37%). Las cifras contenidas en el informe muestran que el número de víctimas provocadas por ambos bandos son prácticamente iguales, señala Rocío Villanueva. Pero si se tienen en cuenta las torturas, violaciones sexuales y personas desaparecidas, las Fuerzas Armadas llevan la peor parte. En el tomo VI hay más información sobre las muertes a manos de los cuerpos de seguridad del Estado que de Sendero Luminoso. "¿Por qué, entonces, se dice que Sendero Luminoso el mayor causante de muerte?", pregunta Rocío Villanueva.

El Gobierno creó el año pasado una comisión de seguimiento de alto nivel de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad que sesiona en la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta comisión recibe a personas que hacen exposiciones y poco más. "Mi impresión es que la reacción del Estado tras el informe de la Comisión de la Verdad es muy lenta. La comisión encargada del seguimiento no hace nada y la Defensoría asume esta función porque ya lo hacía antes", añade Villanueva.

Las reformas institucionales -de la Administración de la justicia, del sistema penal, de las Fuerzas Armadas, de la policía, y de la educación- propuestas por la Comisión de la Verdad apenas ha merecido atención del Gobierno, del Congreso y del Poder Judicial, advierte la educadora Susana Villarán, del Instituto de Defensa Legal. La parálisis del Estado contrasta con las iniciativas de colectivos ciudadanos. "Es la energía de una sociedad comprometida que desafía al Estado a cumplir con su deber", dice Villarán.