El PSOE promete que Rumí comparecerá en septiembre para explicar los planes sobre inmigración

El PSOE logró ayer demostrar una vez más que sus pactos con las fuerzas de izquierdas funcionan y dejan solo al PP, aunque sea en el último minuto. Los socialistas lograron evitar que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, tenga que comparecer de forma urgente para explicar sus planes de inmigración. A cambio prometieron a sus socios de Izquierda Verde (IV) que comparecerá la secretaria de Estado, Consuelo Rumí, antes del 13 de septiembre. El debate sobre la regularización de inmigrantes propuesta por el Gobierno marcó la primera bronca política entre el PSOE y el PP, que habló de "tomadura de pelo" y auguró que el Gobierno, con estos pactos "ridículos", no terminará la legislatura.

La comisión permanente del Congreso se había reunido por segunda vez en agosto para debatir y votar una propuesta de IV y el Grupo Mixto, en la que se pedía la comparecencia de Caldera. La petición se había realizado tras las tragedias vividas en aguas del Estrecho y Canarias este verano. Pero el anuncio de Rumí de que el Ejecutivo prepara un plan para regularizar a los extranjeros que tengan un empleo "desde hace tiempo" fue el eje de la discusión.

El reglamento y los pactos del PSOE crearon una situación extraña. El diputado de IV Joan Herrera pretendió, tras un acuerdo con el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, transformar su petición en una solicitud para que compareciera Rumí en septiembre, lo máximo que aceptaba el PSOE. Pero el presidente de la Cámara, Manuel Marín, le recordó que su petición no podía cambiarse. Así que Herrera, tras un cruce de miradas con Rubalcaba, optó por retirarla, para evidente enfado de Marín. Así que no se votó nada, aunque IV se llevó a casa el compromiso del PSOE para que comparezca Rumí.

El portavoz del PP, Eduardo Zaplana, calificó la situación de "tomadura de pelo" por haber convocado a más de 30 diputados en pleno agosto para no votar nada. Rubalcaba destacó que al menos se había debatido de inmigración. Lo cierto es que de la posición de los grupos se deduce que hay una clara mayoría para cambiar la actual normativa de inmigración, aunque aún nadie tiene claro en qué consiste la reforma que propone el Gobierno. Se habló mucho de la "urgencia" de dar una salida a los cientos de miles de personas que trabajan en España aunque no consten en ningún sitio, pero también de la "prudencia" necesaria para afrontar el asunto. Sólo el PP se opuso frontalmente a cualquier reforma, convencido de que las leyes aprobadas durante su mandato son suficientes para controlar el flujo migratorio y dejar claro a todos los inmigrantes que "no se puede entrar de irregular y esperar un tiempo hasta que alguien arregle las cosas". CiU destacó que este debate podría hacerse sin cambiar la ley, la última de 2003, que se aprobó con apoyo del PSOE. Esta formación cree que haciendo un buen reglamento podrían arreglarse los problemas en un marco de consenso. Por el contrario, Herrera pidió volver al "espíritu" de la ley de 2000, la más permisiva, que se aprobó con el voto de todos los grupos salvo el PP, entonces en el Gobierno.

El extraño final sin votación le sirvió a Zaplana para hacer un augurio optimista para su partido: dijo que el Gobierno, con estos pactos "que le llevan al ridículo" y cuyo coste real "se verá en los Presupuestos", no podrá acabar la legislatura. "Obviamente, no puedo darles una fecha. Pero estoy convencido de que pasará".