"Quiero tener una vida normal"

Ruth Merchán Alvarado, 32 años, ecuatoriana de Guayaquil, lleva cinco años sin ver a sus cuatro hijos más que en fotografía. Tres llamadas semanales de apenas unos minutos es su única forma de sentir cerca lo más preciado que tiene. Cuando se enroló en la aventura de cruzar el Atlántico no buscaba dejar atrás una vida de miserias marcada por una familia autoritaria, ni la carga de un marido borracho que se bebía la paga que ganaba en empleos eventuales en la agricultura o la construcción. Ruth sólo quería "lo mejor" para sus cuatro hijos. Marcia, la mayor, de 14 años, sufre retraso mental.

Ruth sabe bien lo que es el dolor. Esconde sus brazos bajo una camisa rayada que se remanga para aliviar el sofocante calor. "Me da vergüenza. Tengo marcas en los brazos por los azotes que me daban en casa con una tira de cuero", explica la mujer, que achaca este comportamiento a la rígida disciplina con la que se educaban a los hijos en su país.

Jesús Gallego confía en que el nuevo reglamento permita la regularización de Ruth

Tampoco oculta su dolor moral, el que le provoca estar sola en un país extranjero y sin la posibilidad, que quienes pueden disfrutar ni siquiera se cuestionan, de abrir una cuenta en un banco, pasear sin miedo a que la policía le pida la documentación o, lo más importante para ella, poder viajar a Ecuador para "sentir" a su familia.

Esta mujer, que a pesar de tener ya hijos estudió hasta primero de derecho, vendió todo lo que poseía cuando decidió venir a España. Desde los electrodomésticos hasta los colchones. Tuvo incluso que dejar como aval la escritura de la casa de sus padres -no tenía vivienda propia- para que un coyote (un prestamista) le consiguiera el billete de avión, por el que pagó 3.000 euros, cuando en realidad no costaba más de 800. Sus padres -que viven junto a su hermana, su cuñado y sus cinco sobrinos- se hicieron cargo también de los cuatro niños de Ruth. "Mi marido nos había abandonado y alguien los tenía que cuidar", recuerda con los ojos vidriosos.

Ruth es una más de los miles de extranjeros que trabajan en España sin tener los papeles. Diversas fuentes sitúan la cifra de inmigrantes irregulares entre 500.000 y 800.000. Muchos de ellos, la mayoría mujeres, consiguen colocarse como asistentas de hogar. Ése es el caso de Ruth Merchán.

Esta ecuatoriana trabaja desde 2002 para Jesús Gallego, de 39 años, funcionario del Estado, y Pilar Montero, profesora universitaria, de 35. El nacimiento de Diego, su primer hijo, obligó a este matrimonio a buscar una persona que se hiciera cargo del "enano". "Un conocido nos habló de ella y nos dio muy buenas referencias", explica Gallego en el estudio de su casa. "No íbamos a dejar el niño con cualquiera..."

Por aquel entonces, Ruth ya había sido asistenta en varias casas y había trabajado de interna cuidando a una mujer mayor durante ocho meses. "No tengo papeles", admitió Ruth a la pregunta del matrimonio sobre si poseía la documentación en regla. El 5 de julio de 2001 Ruth había "metido los papeles". Pasó un año hasta que le reclamaron en la oficina de Extranjería una documentación que le faltaba. Sólo 10 días después recibió la denegación del permiso de residencia. De la reclamación que interpuso hace ahora dos años todavía no tiene noticias.

"Queríamos que Ruth tuviera los papeles, tanto por ella como por nosotros, que siempre hemos sido conscientes de que emplear a alguien indocumentado es ilegal", explica Gallego. Pero conseguirlo era una tarea mucho más ardua de lo que imaginaban. Visitaron a unos abogados de UGT -"para que nos informaran, porque andábamos un poco despistados en el tema", recuerda el empleador- y a las oficinas de la Seguridad Social para tratar de regularizar a Ruth en virtud de un contrato laboral. "Desde el primer momento nos lo pusieron muy negro", comenta Gallego, quien explica que "la Seguridad Social no permite dar un alta a alguien sin permiso de trabajo".

Ruth lleva ya dos años con esta familia. Diego, "mi gordito", como ella llama cariñosamente al benjamín, es el niño de sus ojos. Se siente como pez en el agua con las tareas domésticas, que desarrolla entre las 8.30 y las tres de la tarde, por un sueldo de 511 euros al mes. "Con mis dos medias pagas al año y mis vacaciones aparte", añade la mujer, que se confiesa más "amiga" que "empleada" de su "señora".

Aspira a legalizar su estancia con el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, que contempla la regularización de los inmigrantes que llegaron a España durante el mandato del anterior Gobierno del PP, siempre y cuando tengan una oferta de trabajo en regla y estén empadronados. "Quiero tener una vida normal, hacer lo que hace todo el mundo", asegura.

Éste es el mismo anhelo de su "señor", quien confía en que el nuevo desarrollo legal regularice a los extranjeros que tengan un empleo, de modo que Ruth finalmente pueda disfrutar de todos "los derechos y deberes como uno más". "Lo ideal sería que los extranjeros puedan legalizar su situación de hecho, porque ellos ya están trabajando, y sería absurdo que tuvieran que empezar desde cero", argumenta Gallego, al tiempo que añade que "carece de sentido" que alguien con trabajo tenga que ser expulsado del país.

Mientras, Ruth sigue recordando las palabras de su hijo Alexander, de 12 años, quien una vez le reprochó por carta que le hubiera dejado a él y a sus tres hermanos en Ecuador "sólo por el dinero y sin pensar en ellos".