El Gobierno consensuará en septiembre las fórmulas para la regularización

En septiembre se pondrán en marcha los trabajos que conducirán a la aprobación en otoño del nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, que contempla la regularización de los inmigrantes llegados a España durante la etapa de Gobierno del PP que se encuentran en una situación de irregularidad y engrosan la bolsa de la economía sumergida. La fórmula tendrá como condición inexcusable el contar con un contrato de trabajo y quedará definida a lo largo del mes, una vez que se reúna la mesa de diálogo social, en la que el Gobierno consensuará todas las medidas con los sindicatos y los empresarios.

La intención del Gobierno es que los inmigrantes que puedan acreditar una "relación laboral fehaciente" y que puedan certificar, a través del padrón municipal, que residen en España desde antes de la victoria socialista en las elecciones generales, puedan conseguir el permiso de residencia y de trabajo por el tiempo que dure el contrato. La decisión recaerá en los empresarios, que decidirán a qué trabajadores quieren regularizar. A partir de ahí, se realizará un alta provisional en la Seguridad Social, y una vez firmado el contrato, tendrán el alta definitiva, y el permiso para trabajar y residir en España.

Esta fórmula, y otras que baraja el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, serán consensuadas con los empresarios y los sindicatos en septiembre, en el marco de la mesa del diálogo social. Aún no hay fecha determinada, "pero lo haremos en cuanto sea posible", aseguró ayer el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido. El dirigente socialista destacó las medidas adelantadas por el Gobierno como un punto de partida para ordenar la política de inmigración en España: "No se podrá solucionar el futuro si no establecemos medidas para paliar situaciones heredadas del pasado".

En su opinión, una vez ordenada la situación de los extranjeros, se potenciarán mecanismos para la entrada legal de mano de obra, entre los que destaca los visados temporales de búsqueda de empleo, los contingentes de trabajadores realistas, "no hipócritas", y las contrataciones en origen. Ésos, indica, serán los mecanismos para trabajar legalmente en España en el futuro, "porque el flujo migratorio debe obedecer a las necesidades reales de la economía".

Para López Garrido el problema es cerrar los ojos al problema que se ha generado en los últimos años, "que ha provocado un aumento de la economía sumergida, la sobreexplotación de los extranjeros y el dumping laboral. "Son personas que están aquí, trabajando, y que la economía necesita. No podemos cerrar los ojos a esa situación que provoca desorden del mercado de trabajo y ejerce un efecto llamada hacia otros inmigrantes, que piensan que pueden estar en España eternamente en situación irregular", indicó el dirigente socialista.

Los socialistas consideran que las medidas anunciadas por el Gobierno han tenido una buena acogida, y esperan que el consenso sea la tónica del nuevo reglamento de la Ley de Extranjería. "¿Qué propone el PP, que sigamos como hasta ahora con una inmigración irregular que se ha multiplicado por cuatro en los últimos años?", se pregunta López Garrido, que califica las críticas de algunos representantes populares como "de aurora boreal". Una pregunta dirigida a aquellos que durante los últimos días han asegurado que el proyecto del Gobierno desencadenará un "efecto llamada". El líder el PP, Mariano Rajoy, se sumó el lunes al coro de críticas del principal partido de la oposición. Ayer mismo, también lo hizo el secretario general adjunto del partido, Ángel Acebes, que lo consideró "una irresponsabilidad de graves consecuencias" sociales y económicas.

El portavoz del PP en la Comisión de Trabajo, Asuntos Sociales e Inmigración, José Eugenio Aspiroz, y la portavoz del Inmigración del partido, Ángeles Muñoz, preguntaron al Gobierno con qué previsiones presupuestarias cuenta el Gobierno para 2005, a fin de facilitar a los inmigrantes que se regularicen prestaciones como becas, acceso a la vivienda pública, guarderías y otros servicios sociales. López Garrido advirtió de que las críticas de Muñoz, en una entrevista en la Cadena SER, criticando la regularización por considerar que se generarán derechos sociales para los inmigrantes, "constituye un discurso grave y peligroso, que raya la xenofobia", y pidió al PP que cambie su discurso, "porque lo peor que se puede hacer es una política basada en la exclusión, justo cuando hay que hacer lo contrario: integrar a los inmigrantes en la sociedad española".

Pocas horas después de la entrevista de la representante popular, desde el gabinete de comunicación del PP se puntualizó que Muñoz "en ningún caso" insinuó que se negaran los derechos sociales a los inmigrantes, sino que "demanda una explicación sobre cómo se va a afrontar presupuestariamente" la regularización.