Interior revisa caso a caso la escolta que tienen más de 5.000 amenazados

El Ministerio de Interior se propone revisar caso a caso los servicios de escolta a personalidades que prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y empresas de seguridad privada. El departamento que dirige José Antonio Alonso encargó en junio la elaboración de un mapa de riesgo terrorista y un estudio para "optimizar y racionalizar" los recursos, según han admitido fuentes de Interior. Casi 5.200 personas disponen de guardaespaldas pagados por la Secretaría de Estado para la Seguridad, que este año tiene presupuestados 67.340.160 euros para este objetivo.

Se descarta reducir la protección a los residentes en el País Vasco y Navarra

Aún no se conoce el alcance de la revisión, pues primero deben concluir los estudios en marcha, pero la intención es que las escoltas en el País Vasco y Navarra apenas resulten afectadas.

España es uno de los países del mundo con mayor número de personas escoltadas, debido a la persistencia de la amenaza de ETA. La banda ha ido ampliando con los años el abanico de las personas amenazadas, que incluye desde altos cargos o miembros de la judicatura hasta periodistas y concejales. Sólo en el País Vasco hay casi 1.200 personas con protección, que financian a medias los Gobiernos central y vasco; mientras que en el resto de España hay otras 4.000. El propósito de Interior sería retirar la protección a aquellas personas sobre las que se considere que el riesgo ha desaparecido o se ha reducido al mínimo y aplicarla a quienes, sin disfrutar de ella, han pasado recientemente a engrosar la larga lista de objetivos de la banda terrorista. También se quiere poner fin a situaciones en las que se utiliza a los escoltas para cometidos distintos a la mera protección.

Interior encargó en junio revisar el listado completo de las personas que en la actualidad disponen de guardaespaldas pagados por el erario público, así como elaborar un mapa de riesgo "adecuado a la realidad".

Las fuentes consultadas aseguran que "aún hoy conservan la escolta personas que ya hace mucho tiempo que dejaron el cargo por el que se les otorgó, mientras que no disponen de ella otras que la necesitan más".

El objetivo, asegura Interior, es "racionalizar" los recursos, de forma que no se repitan algunos casos que han denunciado los propios guardaespaldas: viajes no programados en vehículo oficial camuflado y con escolta, largas esperas ante edificios donde trabajan los amenazados... Incluso algunos se han quejado de que sus protegidos les envían a recados particulares, mientras que otros han protestado por tener que esperar a que el escoltado termine una larga noche de copas.

"No se va a producir una drástica reducción de los servicios de escolta y, desde luego, en ningún caso se va a retirar la protección a alguien que realmente la necesite", subrayan las fuentes consultadas.

El mapa de riesgo que se está elaborando intenta determinar dónde podrían sustituirse los escoltas por contravigilancias, cómo se podría evitar el viaje de los guardaespaldas por el país (una fórmula podría ser avisar a la correspondiente Delegación del Gobierno de la llegada del amenazado para que se haga cargo de su protección) o si realmente es necesaria la escolta cuando se realizan actividades no programadas.

También se trata de saber si las grandes empresas en las que ahora trabajan algunos ex altos cargos podrían asumir el coste de su protección. Mantener a una persona con dos guardaespaldas las 24 horas del día requiere un mínimo de ocho agentes, a fin de cubrir tres turnos de ocho horas, más las libranzas y las vacaciones.

Según las fuentes consultadas, los informes ya están casi concluidos, "pero aún no se han puesto sobre la mesa ni han sido valorados por la Secretaría de Estado de Seguridad". Ésta dispone para este año de una partida de 67.340.160 euros (más de 11.000 millones de pesetas) para la protección de personalidades. "Hay pocos recursos y mucha gente a la que proteger y no tenemos más remedio que ver cómo se pueden optimizar los recursos", aseguran fuentes de Interior.

El ministerio no ha precisado cuántos policías y guardias civiles se dedican a este cometido ni el número de guardas privados que trabajan como escoltas. "La cifra baja ahora en verano, porque muchos de los amenazados pasan las vacaciones en el extranjero o en zonas donde nunca han sido detectados", aseguran las citadas fuentes. En España hay más de 30.000 empleados de empresas privadas de seguridad con licencia y capacitación para prestar servicios de escolta.

Interior es consciente de lo sensible de este asunto, de los riesgos que puede suponer la reducción de escoltas y de la oposición a una medida de este tipo. Ya hubo problemas, durante el traspaso de poderes, cuando algunos altos cargos del anterior Gobierno (como el ex fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, o el ex director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, por ejemplo) se quedaron momentáneamente sin escoltas por cuestiones burocráticas. "El anterior Ejecutivo, antes de irse, no ordenó que se les renovara, pero inmediatamente se resolvió el problema".

Pero el mayor problema, y por ello el asunto se está tomando con especial cautela, es el riesgo de que algunas personas que se quedaran sin escolta pudieran sufrir un atentado. Ya en la etapa de gobierno del PP, el Ministerio del Interior tuvo en cartera planes similares, pero finalmente no se llevaron a cabo debido a este temor.

Las fuentes consultadas insistieron en que en ningún caso se reducirá la protección a quienes viven en Euskadi y Navarra. "Sabemos que allí cualquiera puede informar en cualquier momento de que un amenazado va sin escolta. Tenemos casos muy sangrantes", aseguran fuentes de los servicios de escolta.