Puerto y viviendas

El proyecto de un puerto exterior en A Coruña ha producido un agrio debate entre el alcalde socialista, Francisco Vázquez, respaldado por la Xunta, y el Ministerio de Fomento. Se discute tanto la viabilidad técnica y la necesidad del proyecto (una promesa arrancada al abrigo de la marea negra del Prestige) como el sistema de financiación previsto, que incluye la venta de terrenos públicos para la promoción inmobiliaria privada.

Los estudios realizados a lo largo de todo un año para determinar la viabilidad técnica, económica y urbanística de un proyecto que costará más de 600 millones de euros no profundizaron en un aspecto decisivo: la funcionalidad del nuevo puerto. Lo que debería ser el estudio sobre la necesidad de las nuevas instalaciones se redujo a proclamas sobre la posibilidad de atraer más tráfico de mercancías o la conveniencia de trasladar a la nueva dársena las descargas potencialmente peligrosas para la seguridad o el medio ambiente, como petróleo y carbón. Sin embargo, a menos de 10 millas está el nuevo puerto exterior de Ferrol, casi finalizado y sin que haya todavía un plan de accesos y conexiones por carretera o ferrocarril. El argumento medioambiental contrasta con la construcción de una planta de gas en el interior de la ría ferrolana.

Respecto a la financiación, el anterior equipo de Fomento, la alcaldía y la Autoridad Portuaria planteaban recaudar el dinero sobre todo de los fondos de cohesión europeos (265 millones), de fondos propios del puerto coruñés (159 millones) y el resto, de la venta inmobiliaria de 430.000 metros cuadrados de suelo portuario y ferroviario. La Autoridad Portuaria ha dado ya los primeros pasos, licitando las obras sin tener asegurada la financiación europea, ni la propia.

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha propuesto un nuevo aprovechamiento de los viejos terrenos portuarios, introduciendo en la negociación al Ministerio de Vivienda, para destinar preferentemente esos terrenos a viviendas sociales. Los promotores de la operación se oponen argumentando que de esta forma no les salen las cuentas. En principio, no todo terreno público ha de destinarse a viviendas sociales. Pero lo habitual es que el aprovechamiento privado de terrenos públicos se realice en régimen de concesión, salvaguardando la propiedad.

Así las cosas, el Gobierno tendrá que decidir entre aceptar las condiciones fijadas por el anterior Gobierno, mantener su apuesta por las viviendas sociales (lo que implica aumentar su contribución a la obra, que por ahora es de sólo 45 millones) o analizar de nuevo, y desde un punto de vista global, la viabilidad del nuevo puerto coruñés. Esto último parece lo más sensato.