1.500 jóvenes son buscados para que cumplan el castigo por beber en la calle

Un tercio de los 4.927 sancionados por beber alcohol en la calle (botellón) en lo que va de año no han contestado a la notificación de su expediente, que se hace por medio de una carta certificada. Por eso están siendo buscados para que cumplan el castigo. Ya sea por haber cambiado de domicilio, por no hallarse en casa o por desentenderse del asunto, la Agencia Antidroga publica sus nombres en el Boletín Oficial de la Comunidad para seguir con el trámite sancionador. Este proceso termina, si no logra dar con el afectado, con una multa, con recargo, de 300 euros.

Una persona bebe alcohol en la calle. En ese momento aparece la Policía Municipal, que le denuncia por infringir la ley de Drogodependencias de la Comunidad de Madrid, la conocida ley antibotellón. Esta escena se ha repetido en la región en lo que va de año 5.186 veces (el año pasado fueron 10.617).

Puesta la denuncia, la Agencia Antidroga comienza el proceso de sanción, que se saldará o con una multa de 300 euros o, si el interesado lo prefiere, con una charla informativa de cuatro horas y media en la que le explicarán en qué consiste la ley que ha quebrantado y los perjuicios a la sociedad y a su propia salud que acarrea el consumo de alcohol.

De la cifra total de denuncias en 2004, menos de un 5% han sido archivado sin resolución de sanción, en la mayoría de los casos porque no ha quedado suficientemente acreditado que la persona denunciada hubiera consumido alcohol o porque se hayan detectado defectos de forma en los escritos.

De los que sí fueron sancionados, el 55% eligió cambiar la multa de 300 euros por acudir a una sesión informativa, que se imparte en la sede de la Agencia Antidroga, en la calle de Julián Camarillo (San Blas).

Éste es el trámite que se realiza bajo el epígrafe de "prestaciones en beneficio de la comunidad". Cuando se presentó la ley de Drogodependencias en 2002, el entonces presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó que estas prestaciones serían, por ejemplo, participar en las labores de limpieza viaria. Pero todavía no existe un reglamento que desarrolle este sistema, por lo que, provisionalmente, se realizan estas charlas.

Al inicio, o en cualquier otro momento del proceso de su expediente, la persona sancionada puede desembolsar el precio de la multa (los 300 euros) durante el periodo de pago voluntario. Desde el pasado 1 de enero, la agencia ha recibido por pago voluntario 35.400 euros.

En busca del sancionado

En un tercio de los casos, la Agencia Antidroga no llega a contactar el interesado para comunicarle que va a ser multado. El motivo por el que la carta certificada en que se notifica la sanción no llega al destinatario -por cambio de domicilio, por ausencia o por negarse a la recepción- es indiferente para que el trámite siga su camino: su nombre es publicado en el Boletín Oficial de Comunidad de Madrid (BOCAM) y se da por notificado ante la ley.

Día sí, día no, aparecen en el boletín estas personas, señalando el escalón en el que se encuentra su expediente. En algunos casos se comunica el día y la hora en que deben presentarse en la calle de Julián Camarillo para asistir al curso. Si no se presentan, entra en acción la Consejería de Hacienda para cobrar, y con recargo.

Desde que entró en vigor la Ley de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos en agosto de 2002, gracias al especial empeño del entonces presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, la polémica sobre su efectividad ha sido un motivo de debate.

En Madrid, donde el año pasado se concentraron el 90% de las denuncias por consumo de alcohol en la calle, el "problema de botellón, no se ha solucionado", según Óscar Iglesias, concejal del PSOE. El edil esgrimió las 24.400 intervenciones realizadas por la policía en el último año por este motivo, que incluyen, por ejemplo, las llevadas a cabo en locales que venden alcohol a menores o fuera del horario establecido (más allá de las diez de la noche).

Sin embargo, fuentes del Gobierno municipal aseguran que, desde que comenzó a funcionar la norma, se ha reducido el consumo de alcohol en grupo en la vía pública. Además, destacan que ha subido la edad media de las personas que beben en la calle.

La regulación de esta ley está ahora en manos del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, que, poco después de su llegada, modificó el texto para volver a permitir a las gasolineras la venta de alcohol, aunque sólo de cerveza, vino, cava y sidra. Eso sí, únicamente hasta las diez de la noche.