Las educadoras de Vitoria convocan una huelga ante la falta de acuerdo

Las educadoras infantiles de las escuelas municipales de Vitoria rechazaron ayer el calendario laboral propuesto por el Ayuntamiento, que establece 1.592 horas anuales (las mismas que para el resto de funcionarios) para el próximo curso 2003-2004 e hicieron oficial su convocatoria de huelga para el próximo 1 de septiembre. El teniente de alcalde, Miguel Ángel Echevarría, aseguró que todos los funcionarios municipales deben realizar las mismas horas, ya que están sujetos a un convenio laboral idéntico. Hasta ahora, las educadoras realizaban 1.420 horas anuales.

De esas 1.420 horas, 1.000 eran de atención directa a los niños. Mientras, en el sector privado el número de horas anuales llega a las 1.660 y en el consorcio Haurreskolak, integrado por el Gobierno vasco y los ayuntamientos para crear guarderías, sus trabajadores tienen una jornada anual que ronda las 1.600 horas.

La crisis abierta entre el consistorio y las educadoras no encuentra solución por ahora, dada la diferencia abismal que existe entre los planteamientos de ambas partes. A la complejidad de la situación, con 127 educadoras que trabajaban como interinas despedidas por los reajustes en el servicio, se ha sumado la convocatoria de huelga, que la asamblea de trabajadoras deberá ratificar el próximo 30 de agosto.

El conflicto arrancó el 27 de julio, cuando el alcalde, el popular Alfonso Alonso, firmó un decreto reorganizando las guarderías, que acogen a niños de 0 a 3 años, con el objetivo de reforzar su carácter asistencial por encima del educativo. Con la modificación, las escuelas abrirán todos los días del año, salvo el mes de agosto y los festivos. "Se trata de una demanda social. Los padres necesitan tener más tiempo abiertas las guarderías", justificó ayer el teniente de alcalde. El curso pasado, las escuelas mantenían el mismo calendario que cualquier colegio, guardando las mismas vacaciones: cierran a finales de junio y abren en septiembre.

Supresión de las interinas

La consecuencia directa de la reorganización ha sido la eliminación de los puestos de trabajo interinos (127 educadoras que disponen de la diplomatura en Magisterio) y la convocatoria de una bolsa de trabajo para confeccionar la nueva plantilla, dando preferencia a técnicos de Jardín de Infancia, un título de menor rango que el de maestro. Esta preferencia ha complicado el acceso a la bolsa de las interinas despedidas. Según los cálculos del comité de empresa, cerca de 50 podrían verse excluidas de la bolsa, algo que niega el consistorio.

Echevarría cifró ayer en más de 100 el número de antiguas interinas que han sido admitidas en la bolsa de trabajo, que cuenta con un total de 257 personas. De esos 257 candidatos saldrán las 110 personas que necesita el consistorio para completar su plantilla para las guarderías.

Aunque el Ayuntamiento justificó la firma del decreto porque los padres demandan un horario más amplio, lo que implica la reconversión del modelo educativo del que se disponía hasta ahora por otro de carácter más asistencial, en el trasfondo del cambio subyace una reciente sentencia del Tribunal Superior vasco. Esta sentencia obliga al Ayuntamiento a reconocer a tres educadoras con la diplomatura en Magisterio una categoría salarial superior a la que venían percibiendo desde el año 2000, cuando se modificó su situación laboral.

La extensión de esa sentencia a todos los empleados afectados podría suponerle al Ayuntamiento vitoriano un desembolso de entre tres y cuatro millones de euros en concepto de atrasos. En esta coyuntura, el alcalde desempolvó el decreto sobre escuelas infantiles aprobado por el Gobierno vasco hace dos años, que regula la situación de este sector y recoge las diferentes realidades existentes en la comunidad autónoma.

Este decreto ofrece la posibilidad de que el personal de las guarderías esté integrado por técnicos de Jardín de Infancia o por maestros. El Ayuntamiento se ha acogido a esta posibilidad, primando la contratación de técnicos y terminando con la interinidad de las maestras. Así, acabó con la incertidumbre legal de una posible generalización de la sentencia.

Sin embargo, el decreto del alcalde es "ilegal", afirma el portavoz del PSE en el Ayuntamiento, Patxi Lazcoz. Según Lazcoz, la inclusión de una nueva figura de trabajadores en la plantilla (en este caso la de técnicos de Jardín de Infancia) corresponde exclusivamente al pleno municipal.