El Ejército está dispuesto a retirar 40 coches al día de las carreteras vascas

Si la propuesta de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya prospera, las carreteras vascas serán el escenario de una fotografía histórica: soldados del Ejército español retirando los más de 3.000 vehículos abandonados en las cunetas mientras agentes de la Ertzaintza dirigen la operación.

El conflicto que enfrenta a los empresarios de grúas y las aseguradoras vivirá hoy un día crucial: si las partes no llegan a un acuerdo durante la reunión prevista en Madrid, el paro de Euskadi se extenderá a otras seis comunidades.

El Ejército ya ha hecho sus cálculos: sería capaz de retirar entre 30 y 40 vehículos al día, lo que quiere decir que un plazo de 10 jornadas las principales carreteras de Vizcaya quedarían casi limpias. Eso sí, todo depende ahora de dos cuestiones. La primera es que la Abogacía del Estado otorgue el visto bueno a la iniciativa de Miguel Ángel Fernández, subdelegado del Gobierno en Vizcaya, quien considera que el abandono de los coches es un riesgo para el tráfico y una tentación para los ladrones. La segunda cuestión pendiente es que el Gobierno vasco acepte participar en una operación tan original.

A este respecto, el delegado del Gobierno en Euskadi, Paulino Luesma, dejó claro ayer que en todo caso será el Ejcutivo de Ibarretxe el que diga la última palabra. Por el momento, el Departamento de Interior prefiere guardar silencio. Los únicos que sí tienen clara su postura son los empresarios de las grúas. Joaquín Herrero, el presidente de Abeac -la asociación vasca de empresas de auxilio en carretera-, considera "fatal e increíble" la participación del Ejército, así como "una intromisión del Gobierno central en el País Vasco".

El conflicto, que ya supera las tres semanas, ha reventado en los últimos días. Por un lado, se ha sabido que los coches abandonados -cuya cifra podría estar acercándose a 4.000- están siendo saqueados por pandillas de delincuentes. Por otro, la amenaza se extiende por todo el país.La manifestación celebrada el pasado miércoles por las carreteras que rodean Bilbao dejó claro que el problema no se circunscribe exclusivamente a Euskadi. Decenas de grúas de otras comunidades hicieron acto de presencia para lanzar un mensaje muy nítido a las aseguradoras: o reconsideran sus tarifas o la huelga se hará general. En ese caso, y según datos de los huelguistas, más de un millar de vehículos se quedarán cada día varados en las carreteras. Esta cifra, ofrecida ayer por Filemón Galarza, el secretario técnico de Abeac -la asociación que reúne a los empresarios de grúas vascos-, corresponde al promedio de coches accidentados o averiados que requieren la asistencia de los remolques en un periodo vacacional como el actual.

Galarza ofreció ayer una serie de datos que serán los que hoy discutirán en Madrid con la patronal aseguradora Unespa. Recordó que, según un estudio que encargaeon a la Universidad de Alicante, el coste por servicio urbano para cada grúa oscila entre 48 y 52 euros, cifras bastante alejadas de lo que en la actualidad las aseguradores ofrecen: de 22 a 25 euros. "En los últimos 10 años", explicó, "no se han subido las tarifas por los servicios de grúas, en tanto que los costes se han incrementado en el mismo periodo entre un 45% y un 50%". Hay un dato que resume con toda su crudeza esta situación: en los últimos dos años, asegura Galarza, han desaparecido en el País Vasco una decena de empresas con una estructura de más de 15 grúas.

¿Podrá superar Unespa hoy en Madrid una presión tanto tiempo acumulada? Los dueños de las grúas esperan que no. Calculan que estos 24 días de huelga ya han debido costar mucho dinero a las principales aseguradoras. Lo que en muchos casos se arreglaría con una grúa -o lo que es lo mismo, con 22 o 25 euros-, un traslado al taller y dos días de espera en un hotel de las inmediaciones, ahora resultará más gravoso. Las compañías están poniendo a disposición de los clientes taxis, pasajes de avión o vehículos de alquiler. Y queda una cuestión pendiente: ¿se harán cargo las aseguradoras sólo de los daños ocasionados por el accidente o también de los destrozos de los ladrones?

Una situación ésta, la de las pandillas organizadas que saquean los coches abandonados, que quiere resolver el subdelegado del Gobierno en Vizcaya a toda costa. En un comunicado difundido ayer, la Subdelegación insiste -aunque ya sin citarla expresamente- en la ayuda del Ejército. "En este momento", dice el texto, "la capacidad operativa nos permitiría retirar entre 30 y 40 vehículos por día, con lo que estaríamos en disposición de afrontar la retirada de vehículos de las principales vías de Vizcaya en tres días, y el resto, entre siete y 10 días". Según Miguel Ángel Fernández, la Subdelegación "no pretende intervenir en una huelga del sector de grúas, ni en las demandas entre empresarios, sino eliminar los potenciales peligros en la carretera atendiendo a criterios de seguridad de los conductores y de los propietarios de los vehículos".

Independientemente de lo que suceda hoy en Madrid, el PP instó ayer al Gobierno vasco a que intervenga en el conflicto. "Los poderes públicos", dijo su parlamentario Iñaki Ortega, "deberían intervenir, o bien a través de la mediación o de otros mecanismos".

Los empresarios en huelga le dan la razón: "El Gobierno vasco debería reconocernos como servicio público y mediar en el conflicto". Lo que sí tienen claro es que considerarían la intervención del Ejército para retirar vehículos de las cunetas "una intromisión del Gobierno central en el País Vasco".