Lula 'blinda' al presidente del Banco Central de Brasil frente a la acusación de evasión fiscal
Henrique Meirelles deberá comparecer ante el Senado el próximo septiembre
![Juan Arias](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F5a86bcd5-e5fc-49ab-b292-f3043b0fbfd4.png?auth=2d48be4f56908c68f3c88d7da3c4bd83b9078e68267346b6bac73e371847252d&width=100&height=100&smart=true)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de su viaje para asistir a la toma de posesión del presidente dominicano, Leonel Fernández, dejó firmado un decreto en el que concede estatus de ministro al actual presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, algo inédito en la historia política del país. La decisión de Lula ha sido considerada por la oposición como una forma de blindar a Meirelles ante los presuntos delitos fiscales destapados por la prensa y por los que ha sido convocado para dar explicaciones ante el Senado en septiembre próximo.
A partir de ahora, Meirelles sólo podrá ser procesado y juzgado a instancia del Tribunal Supremo. El presidente Lula ha defendido su decisión alegando que había sido solicitada por el ministro de Economía, Antonio Pallocci, que considera que de esa forma el Banco Central tendrá un instrumento más para "reforzar su estabilidad".
Por el contrario, la oposición considera la insólita decisión como una demostración de que Meirelles precisa de un blindaje especial ante posibles procesos judiciales. Alberto Goldman, diputado del Partido Social Democrático de Brasil (PSDB), dijo que "si Meirelles no tuviese nada que temer no necesitaría tal armadura". Por su parte, Jorge Bornhasen, presidente del Partido Frente Liberal (PFL), otro de los partidos de la oposición, considera el nombramiento inconstitucional.
El miedo de la oposición es que al tener Meirelles el estatus de ministro en vez de caminar hacia la independencia del Banco Central se le haga ahora depender más estrechamente del Gobierno. El ministro Palocci alega sin embargo que, con las nuevas prerrogativas ministeriales concedidas al presidente del Banco Central, éste adquiere en Brasil "un mayor relieve institucional". Según los analistas políticos, el tema tiene una fuerte trastienda política y forma parte de la lucha interna entre una buena parte del Partido de los Trabajadores (PT), que considera que Lula se está derechizando, y los miembros del Gobierno, que desean acercarse más al centro con una política macroeconómica de rigor fiscal protagonizada por el dúo Palocci-Meirelles.
Si Meirelles, que fue diputado del PSDB, el partido del ex presidente Cardoso, tuviera que dejar su cargo, como pide la oposición por las acusaciones de presunto delito fiscal, el PT podría presentar para ese puesto a uno de los suyos, lo cual supondría un cambio en el modelo económico defendido por Lula.
El Gobierno está convencido de que es víctima de los ataques de los medios de información y de la acción de los jueces. Lula ha calificado de "banda de cobardes", por ejemplo, a los periodistas que se oponen a la creación, con el apoyo del Gobierno, del polémico Consejo Federal de Periodistas, encargado de "fiscalizar y orientar" la información, mientras el presidente del PT, José Genoino, ha pedido al Gobierno que se desligue del asunto y deje que sean los periodistas quienes resuelvan sus problemas.
El ministro de la Casa Civil, José Dirceu, llegó a decir que si hubiese estado ya funcionando el Consejo Federal de Periodistas, cuyo decreto de creación ha sido enviado al Parlamento, no hubiesen podido filtrarse a la prensa las presuntas acusaciones de corrupción de Meirelles. Mientras tanto, Lula sigue alegando que la creación del Consejo de Periodistas había sido solicitada por la Federación Nacional de Periodistas, que reúne a los diferentes sindicatos de la profesión y que los periodistas deberían tener el coraje de aceptarla y defenderla.
La Asociación de la Prensa, por el contrario, sigue considerando el proyecto como una tentativa de controlar la información por parte del Gobierno. Asimismo, esta agrupación de periodistas defiende que los abusos o crímenes de los periodistas deberán ser resueltos en los tribunales ordinarios.
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