Referéndum europeo

La elevadísima abstención registrada en las elecciones europeas ha sembrado la duda en torno al resultado de los referendos sobre la Constitución europea en los países cuyos Gobiernos han decidido convocarlos. Por ejemplo, España. Además, en varios de esos países no sólo existen fuertes divisiones sobre el sentido del voto entre las fuerzas políticas rivales, sino en el interior de algunas de esas fuerzas. El Gobierno ha puesto sobre la mesa, a modo de globos-sonda, algunas iniciativas tendentes a favorecer la participación en la consulta, que se celebrará, según el compromiso de Rodríguez Zapatero, en febrero o marzo de 2005.

Los principales partidos socialistas europeos se inclinan por el sí, pero la aparición en el seno de algunos de ellos de sectores críticos partidarios del no ha hecho que sus dirigentes se reserven el pronunciamiento definitivo o que hayan tenido que aceptar la celebración de una consulta interna. Es el caso de los socialistas franceses, donde dirigentes con mucho peso, como Laurent Fabius, se han mostrado reticentes a respaldar un texto considerado demasiado liberal (o demasiado poco social). Es posible que en esa opinión pese también el hacer perder a Chirac el referéndum que se ha comprometido a convocar en la segunda mitad de 2005. Aunque el caso es muy distinto, una similar actitud antigubernamental en el referéndum sobre la OTAN convocado por Felipe González en 1986 le costó aquí muy cara al PP de Fraga.

Pero también le costó caro al PSOE en otro sentido: tuvo que pechar casi en solitario con la campaña, dada la pasividad del PP, y el endeudamiento que contrajo estuvo en el origen de los escándalos de financiación ilegal que aflorarían en los años noventa. Los globos-sonda lanzados ahora parten probablemente de ese recuerdo. Se trataría de modificar, por una parte, las normas que impiden realizar campaña institucional en favor de la participación y, por otra, de aprovechar la reforma (pendiente desde hace siete años) de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos para extender su efectividad a los referendos (actualmente las subvenciones sólo están previstas para las elecciones).

Lo primero es bastante discutible. En un referéndum la abstención es (suele ser) una de las posturas defendidas por algunos partidos. Lo fue por el PNV en el referéndum constitucional, por ejemplo. Y ahora ya hay varias formaciones que dicen dudar entre el sí o la abstención, como el propio PNV, o entre la abstención y el no, como Izquierda Unida. Una campaña institucional, pagada con fondos públicos, que propugne la participación, aunque no oriente el sentido del voto, supondría vulnerar el principio de neutralidad.

La ley puede cambiarse; de hecho, ya se cambió el artículo correspondiente, limitando a aspectos puramente informativos -fecha, procedimiento para el voto por correo, etcétera- el contenido de los mensajes institucionales de campaña. Lo que no está claro es que se cambie precisamente para su aplicación a un referéndum, en el que casi por definición una de las posturas políticas en liza es la abstención.

La Ley de Financiación de Partidos no prevé subvenciones a los partidos en los referendos. El problema que esto plantea es real, a la vista de la experiencia, si bien el hecho de que el partido del Gobierno y el principal de la oposición compartan postura favorable al sí permitirá dividir el esfuerzo. Tal vez lo que haga falta no sea tanto aumentar la propaganda, sino que los políticos se esfuercen por ilustrar a la gente sobre lo que hay dentro de la Constitución que se vota y no sólo sobre lo europeístas que somos aquí.