Marbella, año I después de Gil

Un año después de que Julián Muñoz fuese derrocado de la Alcaldía de Marbella durante una tumultuosa moción de censura nada parece haber cambiado en el municipio. Su sucesora en el cargo, Marisol Yagüe, mantiene la misma línea política y urbanística de Jesús Gil, que entonces respaldó la moción, una operación que contó con el apoyo de concejales del PA y tránsfugas del PSOE. Su colaboración ha permitido, entre otras cosas, aprobar las cuentas que había elaborado el GIL; evitar el debate sobre la contratación como asesor municipal del ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, responsable de los famosos convenios ilegales; y que se paralice cualquier exigencia de responsabilidades a anteriores gobiernos por la desaparición de millones de euros del erario público.

La moción ha pasado la reválida legal: la Junta descartó la disolución y la fiscalía archivó el caso

Yagüe destacó el jueves como los principales logros de su gobierno el desbloqueo de las relaciones con el resto de las administraciones y el inicio de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Pero tampoco en esto hay gran diferencia: son dos actuaciones que ya acometió Muñoz dos meses antes de ser desalojado de la Alcaldía. Entonces, Muñoz se comprometió a no dar más licencias contrarias al planeamiento urbanístico vigente, anunció el inicio de los trámites para la redacción de un nuevo texto y aceptó las recomendaciones de la Junta de Andalucía.

En cualquier caso el inicio de la revisión del PGOU no significa que el gobierno de Yagüe haya decidido acatar finalmente la legalidad urbanística. La alcaldesa de Marbella sigue sin paralizar obras y actuar contra promociones ilegales o sancionar licencias de anteriores alcaldes. El equipo redactor del avance del PGOU, comandado por Manuel Ángel González Fustegueras, parece contar con la aquiescencia de la Junta, pero tendrá serios problemas para integrar las numerosas irregularidades urbanísticas cometidas los últimos años.

El prometido cambio en la política local no acaba de convencer a nadie. PP y PSOE se quejan de la falta de transparencia y la ausencia de pluralidad, mientras que Yagüe se muestra satisfecha por el balance de este primer año de gobierno. "Hemos cumplido con los objetivos marcados", dijo el jueves la alcaldesa ante los periodistas arropada por sus dos principales socios de gobierno, la ex edil socialista Isabel García Marcos y el andalucista, Carlos Fernández. Los mismos que hace 12 meses impusieron como condiciones del acuerdo la disolución del GIL, el cambio en la estructura de los medios de comunicación municipales y un giro en la política urbanística. Eso sí, aquella moción ha pasado la reválida legal: el fiscal general del Estado archivó las denuncias y la Junta no halló causas jurídicas para proceder a la disolución del Consistorio.

Lo cierto es que a pesar de estar oficialmente extinguido, la formación fundada por el fallecido Jesús Gil sigue siendo omnipresente en casi todas las instituciones de la Costa del Sol. No sólo no ha desaparecido sino que ha resucitado con todas sus siglas (Grupo Independiente Liberal) en el Ayuntamiento de Marbella de la mano de Emilio Jorrín, sustituto de Julián Muñoz, y también en la Diputación de Málaga con Antonio Luque, concejal del actual equipo de gobierno adscrito a la alcaldía.

Yagüe ha puesto a un primo suyo como director del diario municipal La Tribuna, que al igual que hace un año se dedica a atacar sin pudor a la oposición con cargo al erario público. Además la Junta ha impugnado durante este tiempo una veintena de licencias del actual equipo de gobierno que no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente. La regidora ha eludido exigir responsabilidades, como recomienda el Tribunal de Cuentas, a ediles del GIL -algunos permanecen en su equipo de gobierno- por no justificar 87 millones de euros que fueron entregados a las sociedades municipales entre los años 1990 a 1999.

Además ha rechazado la petición realizada por el Partido Popular de crear una comisión de investigación sobre el paradero de este dinero. En el debe del equipo de gobierno, que ha incorporado un nuevo miembro y recuperado a antiguos colaboradores de Gil y Gil, se encuentran también dos medidas que han provocado sendas manifestaciones de ciudadanos descontentos: la subida del impuesto de bienes inmuebles un 10% y el inicio de la revisión al alza del catastro. "Lo único que han hecho ha sido subir los impuestos y continuar con las formas del GIL", asegura la oposición.