El Gobierno creará un organismo para encuestas inspirado en el CIS

Cataluña tendrá finalmente un organismo similar al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y se llamará Centro de Estudios de Opinión (CEO). El Gobierno catalán ha redactado un anteproyecto de decreto -actualmente en fase de información pública-, que pondrá fin a la interinidad existente desde que el caso de las encuestas provocó en 2002 la supresión del departamento de la Generalitat encargada de las encuestas y prácticamente eliminó los sondeos públicos de la Administración catalana.

El anteproyecto supone un gran cambio con respecto a la situación anterior a 2002 y toma como base el CIS, el instituto dependiente del Gobierno central. Aunque este organismo es acusado a menudo de parcial, su funcionamiento hace prácticamente imposible que pueda reproducirse la cascada de irregularidades en la difusión de los sondeos que acabó provocando la dimisión de David Madí, hasta 2002 secretario general de Comunicación del Ejecutivo.

Al igual que sucede con los sondeos del CIS, toda la información de las encuestas encargadas o elaboradas por el nuevo organismo catalán estarán íntegramente a disposición de los ciudadanos. No sólo sus resultados globales, sino las tripas de los sondeos y el cruce de información entre varias variables, lo cual añade garantías ante una eventual manipulación de los resultados.

Vinculación con el Idescat

Tras la supresión, en 2002, de la Dirección General de Evaluación y Estudios del Departamento de Presidencia de la Generalitat, el Gobierno catalán dejó de hacer encuestas y se comprometió genéricamente a crear un equivalente catalán del CIS. Luego llegaron las elecciones y Convergència i Unió (CiU) fue apeada del Gobierno por el pacto de izquierdas, que reformó la ley para traspasar al Instituto de Estadística (Idescat) la responsabilidad sobre los sondeos, una opción que no acababa de convencer a nadie y que originaba reticencias en el propio Idescat. La neutralidad del primer sondeo del tripartito, presentado a finales de julio, generó críticas tanto de CiU como del PP.

El anteproyecto del Gobierno mantiene las encuestas dentro del paraguas de Idescat, pero creará un organismo propio dedicado exclusivamente a los sondeos a imagen del CIS. El texto está ahora en periodo de información pública y puede consultarse en la web del Departamento de Economía (www.gencat.net/economia), del que depende el Idescat y del que en última instancia dependerá el nuevo organismo. El Diari Oficial de la Generalitat publicó el 3 de agosto el edicto por el que se informaba del proceso, y el anteproyecto podrá recibir aportaciones hasta el 13 de septiembre.

La elección de un decreto para crear el centro deja entrever que la puesta en marcha del nuevo centro será inmediata. La regulación definitiva del ente, no obstante, acabará consolidándose por ley. Una de las disposiciones transitorias del anteproyecto da al Ejecutivo un plazo de nueve meses para presentar al Parlament un proyecto de ley sobre sondeos.El anteproyecto de decreto, impulsado por el consejero de Economía, Antoni Castells, prevé incluso la elaboración de encuestas sobre intención de voto, algo teóricamente nuevo en Cataluña. La Administración de Convergència i Unió (CiU) nunca reconoció en sus 23 años haber encargado sondeos preelectorales o con preguntas sobre intención de voto, pero la oposición denunció reiteradamente extrañas coincidencias entre sondeos del Gobierno y de Convergència i Unió (CiU).

En varias ocasiones CiU difundió encuestas preelectorales que tenían exactamente la misma ficha técnica que sondeos del Gobierno, que fueron realizadas por la misma empresa y cuyo trabajo de campo se llevó a cabo exactamente en las mismas fechas. La manipulación de datos también será ahora más difícil porque los resultados en bruto serán accesibles a los grupos parlamentarios y a los ciudadanos interesados.

Todas las encuestas políticas -que incluyan intención de voto y evaluación de líderes políticos- llegarán casi simultáneamente al Gobierno y al Parlament, según lo establecido en el anteproyecto de decreto. El procedimiento sería el siguiente: todos los trabajos -elaborados por el CEO o por las empresas acreditadas- deben cerrarse en un periodo de dos meses como máximo tras la realización del trabajo de campo. Después, el director del CEO entregará el trabajo al consejero de Economía y éste tendrá 24 horas para hacer llegar una copia al presidente de la Generalitat, al conseller en cap, al consejero de Relaciones Institucionales y al presidente del Parlament.

Registro de encuestas

Los estudios que no incorporen evaluación de políticos o intención de voto, en cambio, no deberán entregarse al Parlament, que sin embargo recibirá información periódica sobre todos los estudios encargados. En cambio, todos los sondeos deberán depositarse en el registro de encuestas. Al igual que sucede con el CIS, estarán a disposición no sólo de los parlamentarios, sino también de los ciudadanos.

La única restricción prevista está importada del CIS. El CEO podrá denegar la solicitud de obtener "datos cruzados" cuando "por la amplitud de las muestras o por otras causas originales o sobrevenidas se considere que su resultado no tendría el suficiente rigor científico". Los datos cruzados ponen en relación dos preguntas distintas y permiten, por ejemplo, discernir qué porcentaje de ciudadanos que dicen votar por el PSC quieren la reforma del Estatut.

Otra novedad es que el nuevo organismo catalán deberá aprobar a principios de año un plan de trabajo para todo el ejercicio. Las clásicas encuestas a las puertas de las elecciones -de las que tradicionalmente sólo tiene conocimiento el gobierno de turno- serán por tanto imposibles: de acuerdo con el anteproyecto, el plan de trabajo deberá aprobarse antes del 15 de diciembre del año anterior. Sólo "excepcionalmente y por razones de urgencia debidamente acreditadas" se podrán introducir modificaciones, que siempre serán públicas.

Vinculación a Economía

También, al igual que sucede en el CIS, el director del organismo lo designará directamente el Gobierno; en este caso a propuesta del Departamento de Economía. A pesar de que algunas voces reclaman que el CIS dependa del Parlamento y no del Ejecutivo para reforzar su independencia, el anteproyecto opta por la vinculación al Gobierno. Así se refleja también en el Comité de Supervisión y Seguimiento, integrado por 13 miembros. De ellos, 9 están vinculados al Ejecutivo y los otros 4 son "expertos" nombrados a propuesta del Gobierno.