El Parlamento gallego decidirá hoy si llama al consejero de Medio Ambiente

La mesa del Parlamento gallego decidirá hoy sobre la comparecencia ante la diputación permanente de la Cámara del consejero de Medio Ambiente, Xosé Manuel Barreiro, que han solicitado por distintas vías parlamentarias los dos partidos de la oposición, PSdG-PSOE y BNG. La oposición exige una explicación de las medidas adoptadas por el Gobierno gallego ante la ola de incendios que asula los montes.

Socialistas y nacionalistas han criticado que la consejería haya anunciado medidas contra los incendios forestales a través de los medios de comunicación, y para contrarrestar la declaración de intenciones en el mismo sentido de la Administración central. "Después de varios años asegurando que el tema está controlado, ahora vienen las prisas y las medidas aisladas según de dónde sople el viento. Hace falta un informe completo de causas y de posibles propuestas", señaló Francisco Sineiro, portavoz del PSdG en la comisión de Agricultura.

"Llevamos tiempo reclamando una mesa sobre los incendios que incluya a todos los sectores, desde cazadores a madereros, y la Xunta nunca ha dado un paso. Hace falta consenso para elaborar una política integral, y rápido, para que se pueda reflejar en los presupuestos de 2005", argumentó el portavoz parlamentario del BNG, Alfredo Suárez-Canal. "La mejor consejería de Medio Ambiente está siendo la lluvia", ironizó sobre la eficacia del Gobierno autonómico en la lucha contra los incendios forestales el líder del BNG, Anxo Quintana.

"Tolerancia cero"

A la espera de la decisión de la mesa del Parlamento, las últimas declaraciones sobre el asunto que Xosé Manuel Barreiro ha realizado han sido ante los medios informativos. En la línea argumental del Gobierno autónomo de responsabilizar del problema a los incendiarios y la falta de conciencia ciudadana, el consejero ha pedido "tolerancia cero" con los autores de las quemas.

El Comité de Defensa do Monte Galego cifró ayer en 95 millones de euros las pérdidas económicas causadas por los fuegos registrados en la provincia de Ourense en menos de una semana, que afectaron a unas 3.000 hectáreas. El comité, integrado por partidos políticos, sindicatos y grupos ecologistas, exigió al Gobierno gallego que no oculte los datos reales de la superficie quemada y puso como ejemplo un incendio en Paderne de Allariz (Ourense), en el que la Xunta cifró la zona afectada en 425 hectáreas, mientras este colectivo y el Ministerio de Medio Ambiente calculan que fueron 600.

Por otra parte, a última hora del lunes pasado fue detenido en la parroquia de Viduedo, en San Cristovo de Cea (Ourense), un vecino de la localidad de 22 años y de nacionalidad portuguesa acusado de provocar un incendio en el que se quemó media hectárea de monte bajo.