Batalla en torno a los mayores en el Mar Menor

Los médicos del hospital murciano Los Arcos, situado en el municipio de San Javier, y los responsables de la residencia de ancianos de la localidad de San Pedro del Pinatar, regentado por la ONG Mensajeros de la Paz, están inmersos en una guerra de descalificaciones y de acusaciones mutuas sobre los cuidados que reciben los octogenarios y nonagenarios del asilo.

El enfrentamiento ha llegado hasta la arena política, donde la oposición al Gobierno del PP ha exigido a las consejerías de Sanidad y de Política Social, respectivamente, que expliquen en el Parlamento regional los cuidados que reciben los ancianos en una residencia pública y la falta de medios que aducen los médicos de un hospital de la comunidad autónoma.

La primera voz de alarma la dieron los médicos de Los Arcos, el pequeño hospital público de 200 camas a escasos metros del Mar Menor y muy frecuentado por miles de veraneantes. A principios del pasado junio,los facultativos denunciaron ante la Fiscalía la escasez de medios que soportan para atender a una creciente población, y advirtieron que no se hacían responsables de lo que pudiese ocurrir.

La segunda llamada de atención de los médicos se produjo la semana pasada, cuando 27 profesionales firmaron un parte judicial para quejarse de las condiciones en que llegaban a la puerta de urgencias determinados ancianos procedentes de la vecina residencia de San Pedro del Pinatar. Octogenarios deshidratados y malnutridos, con numerosas escaras (llagas) e incluso sin documentación, fueron algunas de las acusaciones que los facultativos pusieron en comunicación de las autoridades judiciales siguiendo las indicaciones que se contemplan en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a los médicos a denunciar posibles hechos delictivos.

Pero, junto a la queja de los médicos del hospital Los Arcos, aparecieron tres reclamaciones en el centro sanitario firmados por familiares de ancianos residentes en el asilo. En dicho escrito los familiares manifestaban que personas de edad aquejados de demencia padecían falta de limpieza, presentaban edemas, no recibían la medicación con la suficiente frecuencia y registraban síntomas de desnutrición.

En el intervalo de un año han fallecido 34 ancianos que habían ingresado en la residencia de San Pedro del Pinatar, y en tres casos sus familiares se han atrevido a poner en tela de juicio los cuidados recibidos.

A su vez, el director de la residencia de ancianos propiedad del Gobierno regional pero regentado por Mensajeros de la Paz y que ha levantado las críticas de los médicos del hospital, Tino Villanueva, acusa a los facultativos de utilizarlos como chivos expiatorios para denunciar la precariedad de medios que sufren en su trabajo por culpa de la consejería de Sanidad, pero negando que haya desasistencia a los 96 ancianos ingresados en su institución.

En su descargo, Tino Villanueva subraya que llevan un registro pormenorizado de los cuidados que recibe cada ingresado, y en el caso de lo que permanecen encamados se benefician de cambios posturales cada tres horas para evitar las escaras en la piel. Además, argumenta el director de la residencia, disponen de fotos realizadas a los ancianos en donde se muestra el deplorable estado en el que retornan a la residencia procedentes del hospital cuando han requerido cuidados médicos.

Mensajeros de la Paz añade que han sido sometidos a nueve inspecciones por parte de las consejerías de Sanidad y de Asuntos Sociales, no habiéndose registrado ninguna irregularidad. Esta ONG no descarta emprender acciones legales contra los médicos del hospital de Los Arcos por difamación.

Por su parte, Mercedes Navarro, la directora del Instituto de Servicios Sociales de Murcia (ISSORM) y de cuyo organismo depende la residencia cuestionada, argumenta que los ancianos enviados a esa institución son los que se encuentran en peor estado de toda la Región, descartando que en su departamento se hayan detectado anomalías. Esta opinión favorable hacia la residencia por parte de la responsable del ISSORM se contradice con las impresiones menos optimistas emanadas por algunos inspectores de la Administración en sus informes.

El conflicto ha llegado a tal calibre que el Colegio de Médicos de Murcia ha abierto una línea de investigación para esclarecer la falta de medios que tiene el hospital y el trato que reciben los residentes en el asilo gestionado por Mensajeros de la Paz. Al mismo tiempo, PSOE e IU de Murcia pedirán la comparecencia ante el Parlamento autonómico de la consejera de Sanidad, Teresa Herranz, para que aclare la situación y se depuren responsabilidades.

Por su parte, el alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero, municipio costero cercano a la residencia y al hospital enfrentados, ha anunciado la creación de una plataforma popular formada por vecinos, sindicatos y empresarios en la comarca del Mar Menor para exigir al Gobierno murciano del PP que se mejora la asistencia sanitaria de la zona.

El Gobierno regional, a través del secretario sectorial de Sanidad, Luis Navarro, ha respondido que los socialistas tendrían que conseguir que llegase más dinero del Ministerio de Sanidad para ayudar al Ejecutivo regional a mejorar unas infraestructuras desbordadas por el aumento de los veraneantes y de la población inmigrante.

Mientras tanto, UGT mantiene el recurso que presentó contra el Gobierno autonómico de Murcia por conceder unilateralmente hace diez meses la gestión de la residencia de ancianos, de titularidad pública, a Mensajeros de la Paz, una ONG cuya madrina de honor es Ana Botella, esposa del ex presidente del Gobierno, José María Aznar.