Sanidad en apuros

El Sistema Nacional de Salud pasa por momentos de apuro. La voz de alarma la ha dado el Gobierno de Cataluña, cuya deuda sanitaria era a 31 de diciembre pasado de 2.193 millones de euros, pero el problema afecta en mayor o menor medida a todas las comunidades. El vicepresidente Solbes considera "imprescindible" un pacto de Estado, similar al de Toledo sobre pensiones, para garantizar la continuidad del sistema. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya planteó la necesidad de un acuerdo durante su entrevista con Zapatero en julio. Parece, pues, que hay condiciones para tratar de llegar a un acuerdo, en el que necesariamente deben participar las comunidades autónomas (titulares de casi todas las competencias en sanidad) y otros agentes implicados.

El gasto sanitario lleva en España una década estancado: se dedica el 7,5% del PIB, muy lejos del 10,9% de Alemania y del 9,7% de Francia, pero también del 9,5% de Grecia y el 9,3% de Portugal. Ese estancamiento contrasta con un aumento del gasto farmacéutico muy por encima del PIB y con un fuerte crecimiento de la población desde el año 2000, debido a la llegada de más de medio millón de inmigrantes cada año. A lo que hay que añadir el natural envejecimiento de la población, que aumenta las necesidades sanitarias.

Hay voces en el Gobierno y en la oposición que abogan por el pacto. Pero ¿qué pacto? Un primer nivel implica la reforma del sistema de financiación, que se puso en marcha en 2002; aunque los datos son aún imprecisos, hay un acuerdo bastante generalizado en considerar que el dinero que se transfiere a las comunidades autónomas es insuficiente, sobre todo el destinado a aquellas cuya población de hecho se ha disparado. Pero el pacto debe implicar cuestiones más de fondo. Nadie duda de que el sistema ha de ganar en eficiencia y parece poco probable que se pueda mantener el ritmo de mejoras que la sociedad demanda sin crecimientos del gasto por encima del PIB.

También debe haber un acuerdo, el que sea, sobre el copago, un tema que muchos responsables políticos abordan de forma demagógica, cuando es necesario analizarlo bajo el prisma de la eficacia. Estudios rigurosos establecen que el pago por parte del paciente de una pequeña parte de determinados servicios sanitarios reduce el despilfarro de recursos sin que tenga consecuencias en la generalidad de los pacientes. Pero los más pobres y algunos ancianos y enfermos crónicos sí resultan penalizados. Cualquier extensión del copago, por tanto, debe de ir acompañado de medidas correctoras que mantengan la equidad del sistema.

El único copago establecido en España es el de la prestación farmacéutica (cuyo gasto aumentó el pasado año en un 12%): los trabajadores en activo y sus familiares pagan el 40% de los medicamentos; los funcionarios, el 30%, y los enfermos crónicos, el 10%. En Cataluña, donde se ha creado una comisión de expertos para abordar el problema, se están barajando varias posibilidades más: el pago de uno o más euros si se va al especialista sin pasar por el médico de cabecera o se accede a urgencias de forma no justificada, el pago de la comida durante la hospitalización, o el pago de un porcentaje de los medicamentos también por parte de los jubilados con pensiones altas. Sin ser estrictamente copago, el sistema francés de abonar al médico la visita y reclamar posteriormente el importe cumple también la función de hacer ver al usuario que la medicina tiene un precio, aunque pague el Estado.

Es importante que el debate haya empezado. Lo necesario ahora es que concluya con la adopción de medidas que sepan conjugar la equidad y la eficacia, para que este buen sistema sanitario que se ha desarrollado en los últimos 20 años dure muchos más.