Un "plan astuto" para cobrar el desempleo sin haber trabajado

La trama que ha quedado impune es la siguiente. Según el escrito del fiscal, el 18 de diciembre de 1978, Iván Pumariño (ya fallecido) adquirió las empresas Manfisa e Imperter. Imperter la dedicó a actividades de artes gráficas. La empresa no fue bien y arregló los papeles a los trabajadores para que éstos cobrasen el subsidio de desempleo. Pero aprovechó la conyuntura e incluyó en la lista de despedidos a un grupo de amigos suyos para que cobrasen el paro, pese a que no eran empleados de la empresa Imperter.

Incluyó, por ejemplo, a su "buen amigo" y también acusado José Antonio Salcedo (ya fallecido). Éste, según el fiscal, luego colaboraría con Pumariño en la captación de falsos trabajadores para los chanchullos. Salcedo cobró el subsidio entre el 11 de octubre de 1979 y hasta el 10 de abril de 1981. Casi 3.600 euros (600.000 pesetas de la época).

Prestaciones indebidas

Viendo la facilidad con que habían engañado a la Seguridad Social, y basándose en los conocimientos que Pumariño tenía del sistema de subsidio porque había trabajado como funcionario en el Instituto Nacional de Previsión de la Seguridad Social, pusieron en marcha "un astuto plan para obtener cuantiosos beneficios". Para ello adquirió las empresas Senio y Talleres Alonso. Más tarde, los acusados contactaron con el abogado José Manuel Sainz de Baranda y González Arnau (ya fallecido), que entonces ejercía el cargo de secretario de la Sala del Tribunal de Cuentas. Le explicaron el chanchullo y aceptó participar. Él se encargaría, como abogado, de controlar el papeleo de todos y cada uno de los falsos trabajadores que se captasen. Por cada falso trabajador cobró 10.000 pesetas. Además, metió a su esposa en el chanchullo para que ésta también cobrase el subsidio. Contactaron con un funcionario de la Seguridad Social, a cambio de un sueldo 45.000 pesetas mensuales de la época, para que éste les facilitase impresos y sellos oficiales de la Seguridad Social.

Después metieron en la trama a otras personas que actuaban como ganchos para captar en la calle a falsos trabajadores. Las primeras mensualidades del subsidio las cobraban los cabecillas de la trama, y el resto, los falsos trabajadores, que se hacían pasar por despedidos.

Hasta que fue desmantelada la trama, captaron a 130 falsos trabajadores. Éstos percibieron cantidades de entre 50.000 y 800.000 pesetas de aquella época. En su último escrito de acusación, fechado el pasado mayo, el fiscal eliminaba ya los delitos prescritos y despenalizados y pedía penas de entre un mes y ocho años de cárcel para los acusados.