La fiscalía paraguaya acusa a siete detenidos por el incendio que ha causado 409 muertos

Siete personas fueron imputadas ayer por el incendio del centro comercial de Asunción (Paraguay) en el que murieron 409 personas, según el último balance oficial. Seis de ellas, entre las que figuran el dueño del establecimiento, Juan Pío Paiva, y su hijo Víctor, así como cuatro agentes de seguridad, están acusadas de homicidio doloso por los fiscales que investigan el siniestro. Además, el gerente, Humberto Casaccia, fue acusado de omisión de auxilio. Varios supervivientes aseguraron que el hijo del dueño dio por radio la orden de cerrar las puertas.

Las cifras que maneja la fiscalía indican que hasta ayer habían fallecido 409 personas a causa del incendio. A ello hay que sumar que continúan desaparecidas unas 130 personas y que 454 resultaron heridas, muchas de ellas de carácter grave.

Ante la magnitud del siniestro, los dos dueños del establecimiento negaron su culpabilidad durante su declaración ayer ante el juez. Ambos aseguraron que el control del centro comercial estaba en manos del gerente en el momento del accidente. Pero este extremo fue contradicho por Julio Daniel Selvolierro, un trabajador del local, y Néstor Milciades Velázquez, uno de los clientes que hacían cola para pagar. Los dos sostuvieron ante la fiscalía que oyeron "al señor Paiva, hijo, dar la orden" de cerrar las puertas de acceso al local para evitar saqueos y que la clientela se fuese sin pagar.

Estos testimonios han servido a los fiscales dirigidos por Teresa Sosa para imputar a los dueños del supermercado Ykuá Bolaños por homicidio doloso y omisión de ayuda, delitos por los que pueden ser condenados hasta a 25 años de prisión. Un juez confirmó anoche la orden de prisión.

Por eso, uno de los principales elementos de la investigación será establecer la responsabilidad de los dueños de Ykuá Bolaños S.A, una sociedad anónima con varios accionistas. El grupo posee otros tres centros comerciales y dos supermercados, El Principito y La Barca, y tiene un motel. José Pío Paiva, uno de los principales accionistas, contribuyó económicamente a la campaña del actual presidente Nicanor Duarte Frutos.

El centro comercial Ykuá Bolaños estaba asegurado por la empresa española Mapfre desde enero pasado. La cifra del seguro a terceros para este establecimiento en particular no superaría los 200.000 dólares (165.000 euros). Sólo el tratamiento de las víctimas supervivientes, según algunas estimaciones, sobrepasaría los 20 millones de dólares. La gerente general de Mapfre en Paraguay, Zaida Gabas, indicó a Efe que la cobertura alcanza "a los daños producto del incendio y otras coberturas adicionales a todo lo que es la instalación del supermercado y su contenido".

Para asegurar el resarcimiento de las víctimas, la Fiscalía General solicitó el embargo de todos los bienes de la empresa.

Ayer por la noche se desplazó hacia Asunción un equipo de identificación de víctimas de catástrofes de la Policía española, que tiene previsto llegar hoy, con el objetivo de colaborar en las tareas de identificación de las víctimas mortales. Un médico, tres biólogos, un especialista en necroidentificación y otro en la toma de imágenes en vídeo permanecerán al menos una semana en Paraguay. Igualmente, la Cruz Roja Española envió a Paraguay a cuatro expertos en atención psicológica, que ayudaron a las víctimas tras el atentado del 11 de marzo en Madrid.

Entretanto cientos de familiares se concentraron ayer en la sede militar de Asunción, donde todavía hay cientos de cuerpos carbonizados, aún sin identificar. "Me he arrastrado entre cadáveres en busca de mi mamá y hasta ahora no la encuentro", aseguraba un superviviente.

En el cementerio del Este, que estuvo abarrotado durante todo el día, unas 50 familias dijeron adiós a los restos de sus seres queridos. Muchos fueron enterrados en fosas comunes que tuvieron que ser donadas por el Ayuntamiento de Asunción. El Gobierno se vio obligado a enviar ladrillos y cemento para poder responder a la demanda de tumbas.