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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Madrid-Rabat-Tinduf

El ministro Moratinos y su secretario de Estado, Bernardino León, escenificaron ayer, el uno en Marruecos y el otro en los campos de refugiados del Frente Polisario en Tinduf, Argelia, la voluntad del Gobierno de contribuir a desbloquear la situación del Sáhara Occidental. La doble visita en paralelo sirvió también para recordar el estrecho margen existente para que esa voluntad pueda traducirse en soluciones concretas.

El Gobierno actual, como todos los anteriores, sigue respaldando las iniciativas de la ONU, absteniéndose de cualquier iniciativa que pueda interpretarse como de ruptura de la neutralidad respecto al fondo del conflicto. Así lo reafirmaron ayer, por separado, Moratinos y León al afirmar que España sigue apoyando el plan Baker y que no es cierto -como se interpretó hace algunas semanas- que exista a dicho plan una alternativa española, o franco-española.

Sin embargo, la posibilidad de que prospere ese proyecto es muy escasa dado el rechazo marroquí a su culminación en un referéndum sobre la independencia. Una actitud de neutralidad pasiva significa apostar por el enquistamiento del conflicto y el mantenimiento de la penosa situación de miles de refugiados. Lo que hay de nuevo en la actitud española es un mayor compromiso en la búsqueda de salidas, lo que implica tratar de acercar las posturas del Polisario y Marruecos. No se trata tanto de plantear una alternativa diferente como de favorecer el apoyo de ambas partes a lo que en el plan puede ayudar a desbloquear la situación. Por ejemplo, precisar el alcance de la autonomía política que, según el plan, se garantizaría al territorio, y también la duración del periodo transitorio previo al referéndum.

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La idea de que el problema del Sáhara es de descolonización, y que por tanto sólo puede resolverse mediante un referéndum, pudo ser defendible hace 30 años, pero cada día lo es menos. En las condiciones actuales no resolvería, sino agravaría el conflicto, dividiendo gravemente a la población de hecho del territorio. Discutir sobre lo mejor o peor fundado del derecho de los habitantes no censados cuando se produjo la retirada española no llevaría a nada porque cada parte alega razones de peso. El referéndum sólo sería útil para ratificar un acuerdo pactado entre las partes. Seguramente en torno a una forma de autogobierno -no de descentralización, sino de autonomía política en sentido fuerte, garantizada por la comunidad internacional- en el marco del reino marroquí. El plan Baker podría ser el punto de partida para ese acuerdo, pero es lógico que España se abstenga de adelantar fórmulas concretas que corresponde discutir a las partes.

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