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Kirchner destituye al ministro de Justicia y al jefe de Seguridad

El presidente de Argentina cierra su primer reajuste de Gobierno

El fracaso de la política de seguridad detonó la primera crisis política en el Ejecutivo argentino después de 13 meses de Gobierno. El presidente Néstor Kirchner la resolvió descabezando ayer el Ministerio de Justicia, del que depende la Secretaría de Seguridad Interior. El nuevo ministro de Justicia, que releva a Gustavo Beliz, es el abogado Horacio Rosatti, de 47 años, experto en derecho constitucional, que era hasta ahora procurador general del Tesoro y es considerado un hombre "de perfil técnico, leal, conocido de Kirchner desde que participaron de la Asamblea Constituyente en 1994".

El secretario de Seguridad será Alberto Iribarne, de 54 años, que ocupó este cargo en 2002 cuando el presidente era Eduardo Duhalde y fue viceministro del Interior hasta 1997, durante el Gobierno de Carlos Menem. Iribarne fue jefe de la campaña electoral de Duhalde en 1999.

Antes de iniciar su visita de tres días a Bolivia y Venezuela, el jefe del Estado había decidido ya el relevo del jefe de la Policía Federal, Eduardo Prados, y del secretario de Seguridad, Norberto Quantin, por incumplir instrucciones precisas. Kirchner había ordenado por escrito un dispositivo de seguridad de la sede del legislativo de la ciudad con tres líneas de protección de policías "sin armas" letales para evitar que se repitieran los incidentes violentos del 16 de julio, día en que se aprobó el nuevo Código de Convivencia de la ciudad.

Cuando el presidente se marchó, el ahora ex ministro Gustavo Beliz dijo que "sectores mafiosos" de la policía y de los servicios de inteligencia del Estado, "con ramificaciones en el poder judicial", estaban intentando desplazarle del cargo. La Secretaría de Inteligencia del Estado está bajo control de dos amigos y ex funcionarios de la provincia de Santa Cruz cuando Kirchner era el gobernador. Enterado el presidente de esas declaraciones a la prensa en Buenos Aires, añadió al ministro y a todos los designados por él a la lista de despidos.

Beliz, ex secretario de la Función Pública y ex ministro del Interior del Gobierno de Carlos Menem, se marchó en 1993 del Ejecutivo después de denunciar que había estado en medio de un "nido de víboras". Aliado al ex ministro de Economía de Menem, Domingo Cavallo, y al actual jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, Beliz disputó la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tras esa derrota electoral, Fernández le acercó a Kirchner.

La renuncia de Beliz se anunciaba desde hace dos meses, tras el secuestro y muerte de Axel Blumberg, un joven por el que su familia había pagado el rescate y fue asesinado antes de que la policía detuviera a los captores. El padre de Axel se dispuso a luchar "para que esto no le ocurra más a nadie", recogió la indignación social por la creciente inseguridad en la periferia de Buenos Aires, donde cada día, además de las acciones directas de los piqueteros, que cortan rutas, calles y extorsionan a las empresas, se registran decenas de casos de robos, secuestros y asesinatos en el que están involucrados oficiales de la policía, retirados o activos.

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A modo de respuesta política, Beliz anunció un Plan Estratégico de Seguridad que no llegó a ejecutarse y sólo sirvió para abrir tres fiscalías en la capital federal.

Para el ex ministro de Defensa y de Economía del Ejecutivo de Fernando de la Rúa, el radical Ricardo López Murphy, líder ahora de la centroderecha reunida en el movimiento Recrear, es "evidente el fracaso de la política de seguridad. El Gobierno ha cometido errores muy serios. Y no se trata ahora solamente de cambiar a los funcionarios, hay que cambiar las políticas".

Kirchner ya advirtió a los nuevos funcionarios de que la orden de "no criminalizar la protesta social" se mantiene. La policía no está autorizada a usar sus "armas letales" en el control de las manifestaciones o actos de protesta. En su reemplazo se utilizarán bombas de gas picante, disparos de señales fosforescentes para identificar y detener a los que cometan delitos contra la propiedad pública o privada, y las descargas de electricidad que inmovilizan durante 15 minutos.

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