Mujer, política y desarrollo

Con la elección del Gobierno socialista se ha abierto en España una gran esperanza, alentada por las políticas aprobadas por el nuevo Gobierno que abren posibilidades para mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los españoles. Una de ellas es la política de paridad de nombramientos que se refleja en que, por primera vez en la historia de España, las mujeres ocupan la mitad de puestos de responsabilidad en el Gobierno español. Esta paridad es importante, pues las mujeres representan el 51% de la población española y deberían estar, por lo tanto, presentes en este o semejante porcentaje entre los representantes de la población. Es un buen indicador de la salud democrática de las instituciones representativas el que la experiencia de los gobernantes en su vida cotidiana sea lo más semejante y próxima posible a la de los gobernados. Precisamente, la justificación (desde el punto de vista de eficiencia democrática) para tener un número mayor de mujeres que representen a la población es que se asume, correctamente, que éstas tendrán más sensibilidad hacia los problemas que las mujeres experimentan en su vida cotidiana (tales como la escasez de escuelas de infancia o la falta de desarrollo de servicios de atención domiciliaria) que los hombres. De ahí que la medida de paridad sea un paso adelante en el proceso de democratización de las instituciones españolas, proceso en el cual la socialdemocracia ha sido pionera en Europa, como lo demuestra el que los países que tienen mayor número de mujeres en sus gobiernos sean los países de tradición socialdemócrata (países en Europa donde la socialdemocracia ha gobernado durante más tiempo, como son Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia). (Korpi, W. Gender, Class and Patterns of Inequalities in Different Types of Welfare States). La socialdemocracia española continúa así la tradición socialdemócrata europea, identificándose con la defensa de los derechos de la mujer, que en la práctica supone también la defensa de los derechos de las familias.

La paridad en las instituciones representativas, sin embargo, es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de políticas públicas sensibles a las necesidades de las mujeres. Las mujeres (como los hombres) están divididas en clases sociales, estas categorías analíticas tan importantes para entender nuestras realidades y que sin embargo están tan olvidadas en el discurso mediático y político del país. De la misma manera que debería haber más mujeres entre nuestros gobernantes, debería haber más personas procedentes de las clases populares (que constituyen la mayoría de muestra ciudadanía) entre nuestros gobernantes. El 85% de miembros de las Cortes son universitarios cuando los universitarios representan sólo el 20% de la ciudadanía española. De ahí que sea muy importante que haya más gobernantes (tanto hombres como mujeres) que sean y procedan de las clases populares, a fin de mejorar la representatividad de nuestras instituciones democráticas. Ello es particularmente importante en los partidos de izquierdas cuyas bases sociales incluyen mayoritariamente a tales sectores de la población. En su ausencia, es importante que los representantes de izquierdas sean sensibles a las necesidades de tales clases populares, compartiendo sus experiencias y frustraciones cotidianas. Hasta hace poco, era un requisito de los representantes de los partidos de izquierdas escandinavos utilizar los servicios públicos que la mayoría de la ciudadanía utiliza, enviando a sus hijos a las escuelas públicas y utilizando las instituciones públicas sanitarias en caso de caer enfermos.

Esta sensibilidad hacia los problemas de las mujeres de las clases populares explica que los partidos socialdemócratas hayan liderado las medidas encaminadas a la integración de la mujer al mercado de trabajo mediante la universalización de los servicios de ayuda a las familias tales como escuelas de infancia y los servicios de atención domiciliaria, entre otros, facilitando así no sólo la igualdad de oportunidades de la mujer con el hombre, sino también el crecimiento del número de trabajadoras creando riqueza (y pagando impuestos), facilitando el establecimiento del Estado del bienestar que, en contra de lo que se nos dice con repetida y excesiva frecuencia, continúa expandiéndose en aquellos países. Es sorprendente que todavía aparezcan artículos hablando del colapso del Estado del bienestar en Europa. En realidad, el gasto público social por habitante en todos los países escandinavos (y también, por cierto, en la mayoría de los países de la UE-15) ha continuado aumentando durante los últimos veinte años, periodo del supuesto colapso del Estado del bienestar (véase Navarro, V. y Quiroga, A. La desconvergencia social de España con la Europa Social, en www.vnavarro.org), siendo las transferencias y servicios del Estado del bienestar enormemente populares. En realidad, la integración de la mujer al mercado de trabajo (el 77% en Suecia, el 75% en Dinamarca, el 76% en Noruega y el 72% en Finlandia, porcentajes mucho más altos que el 42% en España) ha sido en aquellos países de tradición socialdemócrata la causa de su riqueza y de su extenso desarrollo del Estado del bienestar. Estos países están entre los que tienen mayor calidad de vida, y también entre los más exitosos económicamente.

Esta percepción de que los servicios del Estado del bienestar tales como los servicios de ayuda a las familias son una inversión en el desarrollo económico y social en lugar de un consumo está escasamente desarrollada en círculos económicos y financieros del país, portavoces del pensamiento neoliberal. Hemos leído en las últimas semanas cómo uno de los dirigentes de la banca española (uno de los sectores de la economía española con mayores tasas de beneficios y que, a través de los paraísos fiscales, ha facilitado más la evasión de la carga tributaria del país) ha propuesto eliminar el Estado del bienestar en España como medida para incrementar la competitividad de la economía española, ignorando en ambos casos que entre los países más exitosos económicamente están los países que tienen mayor desarrollo de su Estado del bienestar (el gasto en protección social es 32% en Suecia, 29% en Dinamarca, 26% en Noruega y 26% en Finlandia, comparado con sólo un 20% en España, uno de los países con menor gasto social y con menor competitividad en la UE-15). En realidad, la expansión en los servicios del Estado del bienestar no es sólo justificable por su impacto en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía (que debería ser el objetivo último de cualquier intervención pública), sino también por ser una inversión económica tan o más importante que la construcción del AVE Madrid-Barcelona o el cuarto cinturón de Barcelona. Si en España tuviéramos la misma tasa de participación en el mercado de trabajo que tiene la mujer en Suecia, España tendría seis millones más de trabajadoras creando riqueza y pagando impuestos con los que corregir el tan escasamente desarrollado Estado del bienestar español.

El subdesarrollo social (principalmente acentuado en el escaso desarrollo de los servicios de ayuda a la familia) basado en la limitada participación de la mujer en el mercado de trabajo caracteriza a los países de tradición cristianodemócrata o de tradición conservadora (de raíces cristianas), como es el caso español. La Iglesia católica históricamente no ha favorecido la integración de la mujer al mercado de trabajo, considerando que su misión es la de estar en casa cuidando de la familia. Como un documento del Vaticano ha indicado, "no hay que confundir igualdad con la negación de las diferencias entre sexos deseados por el mismo Dios, negando el rol tan especial de la mujer en el centro de la familia y de la sociedad" (The Family in the XX Century, 1984). Esta tradición alcanzó su expresión extrema bajo la dictadura nacionalcatólica franquista que se caracterizó (además de ser una de las más represivas que han existido en Europa durante el siglo XX) por un gasto público social muy bajo (el más bajo de Europa) y por una participación muy baja de la mujer en el mercado de trabajo. Y aunque mucho se ha hecho desde la muerte del dictador y desde el establecimiento de la democracia, España continúa teniendo un enorme déficit social (la España social está a la cola de Europa) con un porcentaje demasiado bajo de mujeres en el mercado de trabajo. Es esperanzador que en el programa electoral del Gobierno socialista conste el compromiso (silenciado en muchos medios de información españoles, la mayoría de los cuales son de persuasión conservadora o liberal) de aumentar considerablemente el gasto público social hasta converger con el gasto público social per cápita de la UE-15 y aunque no se especifica el número de legislaturas que se necesitarán para alcanzar tal convergencia, el compromiso en sí implica revertir el proceso de desconvergencia de gasto público social per cápita de España con la UE-15 que ha estado ocurriendo desde el año 1993. En políticas públicas, a veces, más importante que la velocidad de cambio, es la dirección de este cambio. En este aspecto es también muy alentador que el Gobierno tripartito catalán ha presupuestado para el año 2005 un incremento muy sustancial del gasto público social que permitirá mejorar el muy deficitario estado del bienestar en Cataluña que, en contra de lo que se cree en la mayoría de España, tiene en muchos de sus componentes menos recursos por habitante que el promedio de España y mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de desarrollo económico (L'Estat del Benestar a Catalunya, en www.vnavarro.org).

Soy consciente de que no sólo voces liberales y conservadoras sino también socioliberales objetarán el incremento del gasto público que conllevaría el mejoramiento del Estado del bienestar, incluyendo la universalización de los servicios de ayuda a las familias (que significaría en este último caso un aumento del gasto público de un 3% del PIB). Lo que tales voces ignoran es no sólo que aquellas inversiones son necesarias para incrementar la riqueza del país, tal como señalé anteriormente, sino que tales servicios son necesitados urgentemente por las familias españolas, y ello como consecuencia de la integración irreversible de la mujer al mercado de trabajo. El punto de debate, por lo tanto, no es si la población pagará más o no en estos servicios, sino si lo pagará como impuestos (pagados por toda la ciudadanía) o lo pagarán como pólizas a compañías de seguros privadas por los usuarios. Y ahí sí que la experiencia internacional es contundente. En los países de tradición liberal, que financian tales servicios privadamente, las familias gastan más y obtienen unos servicios menos satisfactorios que aquellos que financian tales servicios públicamente. En un estudio que realizamos un grupo de investigadores de universidades de EE UU y de Suecia pudimos ver que las familias estadounidenses se gastan un porcentaje mucho mayor de su renta familiar en servicios como sanidad, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, residencias de ancianos y otros que las familias suecas, siendo la satisfacción de los usuarios mucho mayor en Suecia que en EE UU. En este último el pago es a compañías de seguro privadas o en pago directo, mientras que en Suecia es como impuestos. Las voces socioliberales dentro del socialismo español tienen que darse cuenta de que canalizar el gasto social a través de las vías públicas es, en muchas ocasiones, más eficiente y solidario que hacerlo a través de las vías privadas. Espero que lo hagan.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra.