Sintonía diferente

La Iglesia católica, o al menos su cúpula dirigente, tiene serias dificultades para adaptarse al mundo de hoy, a los cambios de costumbres y a las preocupaciones ciudadanas. Tras el Concilio Vaticano II se ajustó a la época, a mediados de los sesenta y principios de la década siguiente, introduciendo una doctrina social progresista. El papado de Juan Pablo II introdujo luego, a finales de los setenta, un exacerbado rigor en cuestiones tan terrenales como el sexo, lo que está alejando a muchos creyentes de los principios jerárquicos eclesiásticos. Es como si la Iglesia se moviera en una sintonía diferente de la realidad.

Un ejemplo es la nota, el pasado día 20, de la Conferencia Episcopal española llamando a la movilización de sus fieles, y en especial de los parlamentarios católicos, contra el proyecto legislativo del Gobierno socialista para legalizar el matrimonio entre homosexuales, arguyendo razones antropológicas, sociales y jurídicas antes que morales y teológicas. Dos días después, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelaba que dos de cada tres españoles aprueban que los gays puedan casarse, aunque menos de la mitad es partidaria de que adopten niños.

No hay nada que objetar a que la jerarquía católica participe y haga escuchar su voz en el debate político, moral o social sobre asuntos como el matrimonio o el aborto. Está en su derecho -quizá es su deber coherente-, y lo hace merced a la libertad que le otorga vivir en una sociedad democrática. No siempre lo hizo en épocas pasadas. Pero sí resulta mucho más discutible que la Conferencia Episcopal quiera influir políticamente en un debate parlamentario al recordar a los diputados católicos que tienen el deber moral de oponerse al proyecto de ley. Y también parece imprudente que deje abierta la vía a la protesta ciudadana para que no pase. Es mera anécdota, aunque no muy atinada, que el obispo de Mondoñedo-Ferrol equipare vicio y homosexualidad o que profetice un "desorden moral sin precedentes" en España si se aprueba la norma.

Los obispos confunden matrimonio civil con matrimonio religioso. Es el Estado el que regula el primero, y no la Iglesia. Además, se inmiscuyen en lo político cuando sentencian que el propio Estado no puede reconocer un "derecho inexistente" (el del casamiento entre gays) "a no ser actuando de un modo arbitrario que excede sus capacidades". En un país aconfesional como el nuestro, la Iglesia católica -que goza de gran ayuda financiera pública conforme al vigente Concordato- sigue comportándose como si fuera una instancia depositaria de la verdad. Una cosa es que exija a sus fieles el cumplimiento de sus normas morales y otra que trate de imponerlas a toda la sociedad.