El Gobierno francés impone a la izquierda la ley de descentralización del país

La Asamblea Nacional francesa sufrió ayer un órdago parlamentario. El primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, se retiró de la tramitación de la ley de descentralización y ordenó la adopción de esa norma sin debate, a cambio de comprometer la responsabilidad política del Gabinete de centro-derecha. La oposición de izquierda respondió presentando inmediatamente una moción de censura contra el Gobierno. El fracaso probable de esa iniciativa hará que la controvertida ley de descentralización sea adoptada sin debate, tal y como está.

"Este golpe de fuerza es una confesión de debilidad del primer ministro y constituye un grave atentado al respeto debido a la representación nacional", se lee en la moción de censura, que se votará el martes. No tiene posibilidades de prosperar, porque el partido gubernamental Unión por un Movimiento Popular cuenta con mayoría absoluta. Sin embargo, la agenda del primer ministro, comunicada ayer como todos los viernes, termina el lunes: puede ser una señal de respeto formal por parte de quien, teóricamente, puede verse derribado el martes por el Parlamento, aunque algunos especulan con que puede dejar el cargo una vez derrotada la moción de la izquierda.

Raffarin justifica el recurso a un procedimiento excepcional por la "estrategia de obstrucción de la oposición", lo cual alude a las 4.688 enmiendas acumuladas contra un proyecto de 150 artículos.

¿Y qué es lo que está en juego? Hay que decir en seguida que la descentralización francesa no tiene nada que ver con la construcción de la España de las autonomías: ni se incrementa el poder político de las regiones, ni se les dota de Gobiernos autónomos, ni se les permite la cooficialidad de lenguas propias. Simplemente se transfiere a los órganos actuales (unas asambleas sin poder legislativo) una serie de competencias administrativas.

Integrismo descentralizador

Lo primero que hubo de hacerse fue reformar la Constitución, para que dijera que Francia es una República de organización "descentralizada". El Consejo de Estado se opuso a ello y hasta el presidente de la Asamblea, Jean-Louis Debré -muy próximo a Jacques Chirac- lanzó advertencias contra el "integrismo descentralizador". Pero Raffarin, al fin y al cabo ex presidente de región, vio en la descentralización un instrumento político para emprender la reforma del Estado. Y por eso convirtió este tema en un asunto central.

La crisis de Irak le ayudó a pasar la píldora de la reforma constitucional: ésta fue aprobada en marzo de 2003, cuando los franceses estaban distraídos con el enfrentamiento con Estados Unidos y preocupados por reformas internas que les importan más, como la de las pensiones. A raíz de esa reforma se elaboró el proyecto de ley para la descentralización. Tras la victoria de la izquierda en las elecciones regionales de marzo, los cargos electos pidieron la suspensión del proyecto, con la intención de definir un modo propio, que convierta a las regiones en la alternativa al poder de la derecha instalada en el Estado. Pero Raffarin no les ha permitido tomarse ese margen: ha forzado la aprobación de la ley antes de las vacaciones y, como no lo lograba, ha recurrido a la adopción de la ley sin debate.

Regiones de la izquierda

La izquierda, responsable de 23 de las 26 regiones de Francia (comprendidas las de ultramar), teme las competencias que se le vienen encima: concesión de ayudas económicas a las empresas, inversiones hospitalarias, programas de formación, de salud pública y de protección del patrimonio cultural. Los departamentos (provincias), la mitad dominados por la izquierda, reciben regalos tales como las carreteras nacionales o las prestaciones de beneficencia.

¿Y con qué dinero?, preguntan los cargos regionales y departamentales. La parte financiera es ambigua: el Gobierno ha programado la reducción de algunas de las tasas actuales y la ley dice que las entidades locales deben cumplir con sus competencias con "ingresos fiscales y otros recursos propios". Es decir, les coloca en la alternativa de subir impuestos o reducir servicios.

"La transferencia de los déficits del Estado hacia el ámbito local pretende traspasar la impopularidad del Ejecutivo hacia los cargos electos socialistas", afirma el ex primer ministro Laurent Fabius, número dos de la dirección del Partido Socialista.

Para Alain Rousset, presidente de la Asociación de Regiones de Francia, la ley de descentralización es "la revancha del Gobierno" por haberse visto anegado en la marea roja de marzo pasado.