El Estado de Aznar

Cualquiera que conozca cómo funciona el sistema político en Washington sabe que se necesita del apoyo de un lobby, empresa de abogados e influencias para establecer ciertos contactos e introducir asuntos de interés en la agenda de la Administración. Bono tuvo que pasar por ello para entrevistarse con Rumsfeld tras el 14-M y antes de la formación del Gobierno de Zapatero. Pero una cosa es contratar lobbies con dinero público para impulsar intereses e iniciativas nacionales y otra muy distinta utilizarlos, como ha hecho Aznar, para poner en marcha el proceso, hasta ahora inútil, para que el Congreso le concediera la Medalla de Oro. Las minutas de la firma Piper Rudnick -una de las más importantes- registran facturas y gastos específicos para este fin, además de las gestiones realizadas para que senadores y representantes asistieran al discurso de Aznar en el Congreso. También con escaso éxito, puesto que a última hora hubo que acarrear a visitantes y becarios para llenar el hemiciclo.

El sistema de financiación elegido para pagar los dos millones de dólares de este contrato fue a través de la Embajada de España en la capital de EE UU, encabezada entonces por Javier Rupérez. En todo caso, el monto excede ampliamente los límites de contratos públicos por servicios no sometidos a concurso, aunque la firma reunía una serie de características específicas. El contrato fue firmado el 30 de diciembre, dos meses y medio antes de unas elecciones que Aznar estaba seguro de que ganaría el PP.

Este episodio refleja que Aznar ha confundido su persona, su cargo y el Estado, una confusión que le llevó a casar a su hija en una especie de boda oficial en El Escorial, y a llevarse documentos secretos del CNI de La Moncloa y presentarlo como si fuera algo natural. A este respecto, Aznar no sólo no se ha retractado, sino que, una vez más, ha intentado desviar la atención. Su afirmación de que "todos los informes están en el CNI" y de que "no hay ningún documento del CNI que no esté en manos del actual Gobierno", además de ser una verdad de perogrullo, no explica nada sobre si él conserva o no las copias de los informes que se le enviaron como presidente del Gobierno.

Todo un contraste con lo ocurrido en el equipo de Kerry. Uno de sus asesores principales, Sandy Berger, que fue consejero de Seguridad Nacional con Clinton, ha tenido que dimitir precisamente por llevarse documentos secretos cuando abandonó la Casa Blanca.

Tras la derrota electoral, Aznar se ha quedado no sólo sin el Estado en sus manos, sino que su mal estado arrastra al PP. Ahora debe explicarse, rendir cuentas y pagar lo que no corresponde al Estado. Es lo mínimo que cabe exigirle.