Un juez investiga a Kirchner por depositar fondos públicos en Suiza

La austeridad, el espíritu conservador o el manejo prudente de los fondos públicos, las virtudes por las que Néstor Kirchner fue reconocido como gobernador de la desolada provincia patagónica de Santa Cruz, al sur del país, podrían volverse en contra del ahora presidente argentino. El juez federal Jorge Urso ha abierto una investigación para averiguar si Kirchner cometió los delitos de defraudación y malversación de caudales públicos.

Kirchner ha sido denunciado a raíz de que decidiera mantener depositados en Suiza más de 500 millones de dólares (407 millones de euros) de caudales de la provincia para salvarlos del derrumbe económico que sufrió Argentina a finales de 2001. El juez federal ha comenzado a tomar declaraciones a testigos en una primera fase de la investigación.

Todo comenzó cuando Domingo Cavallo, ministro de Economía del Ejecutivo que encabezaba Carlos Menem, reconoció a la provincia de Santa Cruz en 1992 una deuda por regalías de hidrocarburos mal liquidadas desde 1980. A cambio, el entonces gobernador Kirchner apoyó la cesión de la Administración de los yacimientos a la provincia y la venta de YPF, la petrolera estatal, a la española Repsol. Un año más tarde, el Ejecutivo depositó en la Caja de Valores a nombre de Santa Cruz 535 millones de pesos equivalentes a dólares porque estaba vigente la Ley de Convertibilidad. Kirchner decidió invertir 290 millones de dólares en acciones de Repsol-YPF a 19 dólares cada una. Seis años más tarde, en 1999, las liquidó a 44,78 dólares la acción y obtuvo un beneficio estimado en 660 millones de dólares con los que compró bonos de deuda del Gobierno argentino, acciones de empresas y depositó fondos en bancos extranjeros.

El análisis que Kirchner hacía sobre el anunciado derrumbe económico de un "modelo" que criticó duramente, y la decisión de transferir los fondos al exterior, salvó a Santa Cruz de la quiebra a finales de 2001, de devaluación del peso con relación al dólar y de la "pesificación" de la economía, la transformación por decreto de las deudas en pesos. La provincia pudo mantener sus proyectos de inversión, los niveles más altos de salarios públicos y el menor índice de desempleo en todo el país.

Kirchner retuvo el poder en Santa Cruz, casi sin oposición, durante 11 años. En todo ese tiempo los organismos de control encargados, integrados por partidarios del gobernador, sólo informaron dos veces sobre el estado de esas cuentas, en 1996 y a fines de 2003. El gobernador Sergio Acevedo, designado por Kirchner como su sucesor en la provincia, debió afrontar los rumores y la pregunta que se repetía en los corrillos políticos y económicos de forma insistente: "¿Cuándo van a traer los fondos depositados en el exterior?".

Las explicaciones ambiguas y contradictorias, sin documentación que respalde los testimonios, y las cuentas confusas, encendieron los reclamos airados de la oposición en la provincia y en el Congreso nacional. Según el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, la provincia mantiene 50.437.321,95 dólares en la Union de Banque Suisse y 456.983.385,36 dólares en el Crédit Suisse, dos bancos helvéticos, además de 8.159.375 dólares y 5.430.000 pesos en títulos de deuda del Gobierno argentino, en cesación de pagos desde enero de 2002. A los que el gobernador Acevedo suma "unos dos millones en intereses desde marzo". Según el informe oficial de finales de 2003, Kirchner recuperó 30 millones de dólares y los destinó a inversiones en obras públicas de Santa Cruz cuando estaba ya en la campaña electoral para las presidenciales. A su vez, antes de ser elegido gobernador, Acevedo se comprometió a "repatriar" los fondos. Ahora, un año más tarde, dice que no quiere "correr riesgos" porque teme que el dinero pueda ser embargado por los acreedores del Estado que iniciaron demandas ante tribunales extranjeros. Pero es Argentina la que está en cesación de pagos, no la provincia de Santa Cruz.

Acevedo insiste: "No los voy a traer porque están más seguros en Suiza. Estos ahorros son la base de la solvencia fiscal de Santa Cruz y sólo habrá transferencias parciales para proyectos de inversión productiva y rentable". Acevedo asegura que "en pocas semanas" el Tribunal de Cuentas de la provincia actualizará su informe y hará públicos todos los documentos y resúmenes de cuentas.

La Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento Federal Santacruceño, los grupos de oposición minoritarios en Santa Cruz, no aprueban la rendición de cuentas de finales de 2003. El senador radical por Santa Cruz, Carlos Prades, aclara: "El Tribunal de Cuentas tiene cinco miembros, cuatro que son puestos por el gobernador y el otro por la oposición".

En el Congreso nacional los legisladores radicales han pedido informes el Ejecutivo nacional. El senador Rodolfo Terragno reclamó a la Jefatura del Gabinete de ministros que explique "por qué el Poder Ejecutivo dispuso el 30 de mayo un adelanto financiero de 30 millones de pesos, unos 10 millones de dólares, para Santa Cruz, cuando la provincia disponía de 507.420.707,21 millones de dólares depositados en bancos suizos".