Ley contra la morosidad: urgencia

El pasado dieciocho de junio el Gobierno acordó enviar a las Cortes Generales para su tramitación por el procedimiento de urgencia del proyecto de ley por que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de la que es ponente por el Grupo Socialista el diputado que suscribe.

Esta ley transcribe la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo que tenía que haber entrado en vigor como muy tarde el 8 de agosto de 2002, cuestión que no ha ocurrido por la dejadez y falta de valoración que supone la problemática de la morosidad por parte del anterior Gobierno del PP.

En la legislación vigente existe, con carácter general, la libertad de pactos para fijar los plazos de pago y los tipos de interés de demora aplicables a las operaciones comerciales, con excepción a las que se realizan entre la distribución comercial y sus proveedores. El sistema está diseñado por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista que intentaba introducir mecanismos reforzados para proporcionar a los proveedores razonable seguridad. Sin embargo las previsiones contenidas en esta ley y sus modificaciones posteriores de 1999 y 2002 se han revelado ineficaces para reducir amplios aplazamientos de pagos que permiten tener a los distribuidores y contratantes importantes beneficios financieros adicionales.

Aunque no se disponen de estadísticas a este respecto, sí puede obtenerse un acercamiento a la realidad a través de la Central de Balances del Banco de España que en empresas de distribución muestra un periodo medio de pago de 80 días en 2002 que cubre ampliamente los 12 días de aplazamiento de clientes y los 30 días de rotación en los que permanece la mercancía en poder de los distribuidores. También podemos citar casos concretos sangrantes como el periodo medio de pago a los proveedores del sector de la construcción que es de 193 días o a los subcontratistas de este sector que es de 210 días. La guinda la pone la Generalitat Valenciana, tan perfecta ella, que paga a sus proveedores hasta con una año y medio de retraso, suministradores sanitarios incluidos y que recientemente ha provocado que los empresarios se agrupen para defenderse de esta lacra que puede acabar con sus compañías. Ni que decir que esta hipermorosidad excluye a la mayoría de las pymes valencianas de acudir a la contratación de obras, suministros y servicios de la Generalitat por ser insoportable la financiación que se impone, al mismo tiempo que repercute en un mayor coste de las prestaciones al tenerse que incorporar estos tremendos aplazamientos en el pago.

Las medidas sustantivas contra la morosidad propuestas en esta nueva Ley consisten en establecer con carácter general un plazo de exigibilidad, de fijación de intereses de demora determinando su devengo automático, de la indemnización por los costes de cobro, etc.

Además impide que el principio de libertad de contratación ampare prácticas abusivas ya que el juez podrá modificar estos acuerdos si valoradas las circunstancias del caso resultasen abusivas para el acreedor siendo lo relevante si proporcionan al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor. Es asimismo relevante la inclusión de las Administraciones Publicas en el ámbito de la Ley, dispensándoles igual tratamiento que al resto de agentes económicos. ¿Cuántos millones de euros le costará a la Generalitat, es decir a todos los valencianos, esta norma tan justa para los proveedores?

En definitiva, una ley muy importante pues todos debemos colaborar en la erradicación de la morosidad que en ocasiones amenaza la propia supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, de los trabajadores autónomos y de los profesionales.

Dada la magnitud del problema, de interés general para proteger el tráfico mercantil, es decir, la actividad económica, desde el grupo socialista trabajaremos para que todos los grupos parlamentarios consensuen la mejora de esta ley para erradicar eficazmente la morosidad y el abuso de posición dominante que tanto daño hace a nuestro tejido productivo.

Ricard Torres es portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso.