Ocasión para Bolivia

El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, ha salido reforzado del referéndum en el que una gran mayoría de sus conciudadanos se ha pronunciado a favor de aumentar el control estatal sobre sus recursos naturales de gas y petróleo. Los datos parciales de la compleja consulta parecen legitimar a un Gobierno hasta ahora débil, pero distan de haber zanjado un tema crucial sobre el que en buena parte gravita el futuro económico de un país abismado entre una élite rica y una inmensa mayoría pobre de origen indio.

En una nación crónicamente inestable como Bolivia, del resultado del referéndum dependía no sólo la supervivencia del frágil Gobierno de Mesa, sin apoyo parlamentario formal, sino también la continuidad de la inversión extranjera en el sector: unos 3.500 millones de dólares en los últimos siete años. Bolivia es el país más pobre de Suramérica, pero sus reservas de gas son las mayores del subcontinente después de Venezuela. En octubre pasado, un plan del ex presidente Sánchez de Lozada para exportar gas a EE UU vía Chile -el enemigo histórico- desató una explosión popular cuya represión por el Ejército produjo decenas de muertos, la mayoría indios. Los disturbios forzaron la huida de Sánchez de Lozada y la llegada por la puerta falsa del presidente actual.

Cabe preguntarse por la manera especialmente enrevesada -ininteligible para muchos votantes- en que se ha concebido una consulta con hasta cinco preguntas diferentes en un país que carece de experiencia en referendos. Son claras, en cualquier caso, las intenciones del novicio Mesa en busca de un sí a sus propuestas con el que, por un lado, apaciguar las protestas populares de quienes quieren renacionalizar una industria básicamente privatizada a mediados de los noventa y, por otro, mantener abierta la posibilidad de nuevas inversiones extranjeras en un sector que es la gran esperanza bolivana; donde, entre otras multinacionales como BP o Petrobras, tiene considerables intereses la española Repsol.

Una cosa es segura, tras el referéndum aumentarán los impuestos que pagan las productoras de gas y petróleo, aunque este desenlace es para ellas el menos malo de los posibles.

La consulta del domingo es sólo una parte de la batalla. El fragmentado, venal e influenciable Parlamento de La Paz tendrá ahora que debatir y aprobar una nueva ley de hidrocarburos que interprete políticamente los genéricos deseos manifestados por los bolivianos sobre qué hacer con sus recursos naturales. Bolivia tiene la oportunidad histórica, si sus políticos están a la altura de las circunstancias, de ordenar la explotación de su riqueza energética en beneficio no de una minoría, sino de sus ocho millones de ciudadanos.