El delegado del Gobierno admite que el 80% de las obras sufre extorsiones

La inmensa mayoría de las obras de construcción en Madrid, entre el 80% y el 90%, sufre la extorsión de bandas que obligan a las empresas constructoras a contratar sus servicios de seguridad. Si no lo hacen, estas mafias les roban y destrozan sus equipos. El delegado del Gobierno, Constantino Méndez, dio ayer este dato tras anunciar la detención de diez personas -siete españoles y tres marroquíes- como presuntos miembros de una organización que extorsionaba a unas treinta empresas de construcción que trabajan en las obras de ampliación del aeropuerto de Barajas.

El encargado de una obra recibe la visita de uno o dos hombres que le ofrecen sus servicios de seguridad para proteger la construcción durante la noche. Si el encargado se niega, a los pocos días la obra sufre un robo o algún percance. Por ejemplo, aparecen rotos los cristales de las excavadoras. Acto seguido, regresan las mismas personas para volver a ofrecerse como vigilantes nocturnos. Contratados, la obra no vuelve a sufrir ningún percance, a no ser que la organización quiera negociar una subida en el precio.

Esta historia, calcada de cualquier película de gánsteres, podrían estar sufriéndola los responsables del 80% o el 90% de las obras de construcción de toda la región, según admitió ayer el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez.

Teniendo en cuenta que la construcción es uno de los sectores que más dinero generan en la región, se puede deducir la magnitud de la actividad de estas mafias de extorsión. En el primer trimestre de este año había en marcha en la Comunidad de Madrid 18.947 obras de edificación de vivienda nueva, según los datos del Ministerio de Fomento. Si las bandas cobran entre 1.200 y 2.500 euros mensuales por obra, éste supondría un negocio ilegal que mueve, aproximadamente, entre 20 y 40 millones de euros al mes.

Esa tarifa está tomada de lo que presuntamente cobraba una organización que extorsionaba a más de 30 empresas del denominado Plan Barajas. La banda ha sido desarticulada por la Guardia Civil, según dieron ayer a conocer el delegado de Gobierno y el coronel de la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, José Navarro. Esta operación, en la que el cuerpo armado detuvo a diez personas, supone el primer paso para erradicar "una práctica histórica" en la región, según afirmó Méndez.

'Pepe el Patriarca'

Los siete arrestados españoles responden a las iniciales de J. S. M., Pepe el Patriarca, de 48 años, presunto cabecilla; M. B. P., de 46; S. S. B., de 26 años; J. M. V., de 29 años; J. S. M., de 27; J. J. B. P., de 38 años, y A. J. B., de 34. Los otros tres detenidos son de origen marroquí: A. B. A., de 26 años; I. S., de 23, y M. S. K., de 27 años. Todos ellos tienen antecedentes policiales que suman más de quince delitos, entre éstos, contra el patrimonio, por detención ilegal, extorsión o agresión sexual. El instituto armado ya les ha puesto a disposición judicial.

La Guardia Civil explicó ayer que, una vez que la organización mafiosa conseguía ser contratada, un vigilante pagado por ella, normalmente un inmigrante sin papeles, empezaba a trabajar a cambio de unos 460 euros al mes (el resto, hasta cerca de 2.000 euros, se lo quedaba la banda). Esos vigilantes desarrollaban su labor en furgonetas o casetas en las que vivían en condiciones infrahumanas. Además, los miembros de la banda se desplazaban habitualmente a la obra para intimidar a los encargados.

Tras los arrestos, la Guardia Civil llevó a cabo varios registros en los que se incautó de armas de fuego -un rifle del calibre 22, una escopeta del calibre 12 y una pistola del calibre 9 milímetros- y abundante munición. Asimismo, los agentes requisaron tres furgonetas utilizadas en la vigilancia de las obras, un todoterreno de lujo, 2.134 euros en metálico y diversa documentación.

Después de dos meses de investigaciones, la Guardia Civil llegó hasta los integrantes de la organización gracias a diferentes denuncias por robos y desperfectos en algunas obras del Plan Barajas, que estaban vigiladas por esta mafia. La operación sigue abierta. No se descarta que la banda tuviera ramificaciones, no sólo en otras obras de Barajas, sino también en otros puntos de la región. Las investigaciones, según el delegado del Gobierno, podrían traspasar el ámbito de la Comunidad. Constantino Méndez conminó a todos los responsables de las empresas constructoras a que denuncien, si los sufren, hechos similares, con el objeto de que puedan investigarse y no queden impunes.

Hace ahora un año, este periódico publicó que tanto los constructores, jefes de obra y aparejadores como la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía reconocían la existencia de estas prácticas. Sin embargo, ambos cuerpos armados coincidían en señalar que el problema era que los extorsionados no se atrevían a denunciarlo.

La Asociación de Empresas Constructores de Ámbito Nacional (Seopan) no va a hacer declaraciones al respecto hasta que no conozca los detalles de la investigación.