Euro sanitario

La sugerencia de la consejera de Salud del Gobierno catalán a favor del cobro de un euro por acto médico ha tenido el mérito de situar bajo los focos de la atención pública el espinoso problema de la financiación del sistema público de salud y la necesidad de una utilización lo más racional posible de sus servicios por quienes son sus beneficiarios. Como era previsible, la sugerencia ha sido interpretada de inmediato como una especie de globo-sonda sobre la implantación del llamado tiquet moderador o copago, con el que el ciudadano debería contribuir a la financiación de la sanidad pública asumiendo el coste de una parte de la asistencia que recibe. Pero es obvio que un euro en poco puede contribuir a tapar ningún agujero financiero, por lo que su cobro tendría más bien la finalidad de concienciar al paciente y frenar los abusos.

El copago de la prestación sanitaria fue una de las medidas propuestas en 1991 por el histórico Informe Abril para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de salud sin perder calidad asistencial. Pero todos los Gobiernos desde entonces han mantenido congelada la propuesta por su negativo impacto electoral y no han dudado en utilizarla como arma arrojadiza ante cualquier amago de ponerla en práctica. El PP se ha puesto ahora a la cabeza de la manifestación en contra del supuesto copago catalán, pasando por alto que durante sus años en el Gobierno ha mantenido un crecimiento apenas vegetativo de los presupuestos públicos en aras del objetivo del déficit cero no sólo en la sanidad, sino en la enseñanza o en la seguridad.

Es discutible que el euro sanitario sea un mecanismo útil para racionalizar el acceso a la asistencia sanitaria. Muchos aducen que puede tener consecuencias para la equidad alejando de la sanidad pública a las clases y colectivos de rentas más bajas. De ahí que el Gobierno catalán insista más bien en un copago selectivo -para ciertas prestaciones no básicas y cuando el paciente acuda al especialista sin pasar por el médico de cabecera- y proponga un aumento de los impuestos sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas -dos consumos con fuerte incidencia en los costes sanitarios- como vía más apropiada de financiación.

Ni una ni otra propuesta son incoherentes con el objetivo de conseguir un sistema público de salud sostenible en el futuro, capaz de resistir las presiones demográficas y de adaptarse al imparable aumento de la población anciana.