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LA INVESTIGACIÓN DEL 11-M | La comisión parlamentaria

El Congreso examina las pistas previas al 11-M

Las informaciones de confidentes y los seguimientos de islamistas no permitieron evitar el atentado

La investigación policial y judicial de los atentados del 11 de marzo en Madrid, que causaron 190 muertos y más de 1.500 heridos, ha permitido conocer que se siguieron algunas pistas previas sobre los autores de la masacre que no fructificaron. El mercado negro de explosivos, que permitió a los terroristas acceder a los 200 kilos de dinamita Goma 2 Eco, era conocido por el Cuerpo Nacional de Policía en Avilés y por la Guardia Civil en Madrid. Algunos de los terroristas que participaron en la masacre habían sido investigados dentro de operaciones de la policía relacionadas con células durmientes de islamistas radicales. Los informes del CNI, la policía y la Guardia Civil, advertían de la amenaza terrorista. Las pistas no lograron evitar los atentados.

Al menos 29 hombres (16 de ellos en prisión, seis huidos y siete fallecidos el 13 de abril de 2004 tras suicidarse en un piso de la localidad madrileña de Leganés) colaboraron en la preparación y la ejecución de los atentados más graves en la historia de España, según la investigación policial y judicial. Diez bombas fabricadas con dinamita Goma 2 Eco y colocadas en cuatro trenes, que partieron de Alcalá de Henares entre las 7.00 y las 7.15 del 11 de marzo, causaron 190 muertos y más de 1.500 heridos.

Algunos de los terroristas que planificaron y perpetraron la masacre de Madrid fueron seguidos por la policía mucho antes de producirse el atentado dentro de investigaciones, algunas impulsadas desde la Audiencia Nacional, sobre grupos islamistas de tipo radical.

Las dos personas que facilitaron a los criminales del 11-M la consecución de 200 kilos de explosivos, el ex minero José Emilio Suárez Trashorras y el delincuente habitual Rafa Zouhier, eran confidentes. El primero de la policía, y de la Guardia Civil, el segundo. Los agentes relacionados con estos confidentes conocieron mucho antes del 11-M la relación de Trashorras y Zouhier con el tráfico ilegal de explosivos en Asturias.

Los servicios de información de la policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaboraron en 2003 más de una decena de informes en los que alertaron del riesgo de que España sufriera un atentado por parte de islamistas radicales.

Los diputados que integran la Comisión de Investigación del 11-M profundizarán la próxima semana en el análisis de estas pistas previas que no sirvieron para evitar el atentado.

SEGUIMIENTO POLICIAL
"Un elemento más"

En enero de 2003, el grupo policial dedicado al terrorismo internacional abre una investigación para desarticular una supuesta célula durmiente dedicada al proselitismo y a la financiación y creación de una infraestructura para el islamismo integrista de carácter internacional.

Entre las personas que fueron seguidas por la policía se encontraba Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino, uno de los principales jefes del comando terrorista de los atentados de Madrid, que acabó suicidándose en un piso de Leganés junto a otros seis compañeros.

El jefe Superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño, explicó así aquel seguimiento infructuoso previo a la masacre: "A lo largo de la investigación, como un elemento más, aparece El Tunecino. En las observaciones y seguimientos que se le hacen a esta persona no se le ve con el grupo de Jamal [Ahmidan, El Chino, uno de los cerebros de la trama que se suicidó junto a El Tunecino en Leganés] ni de la calle Tribulete [en el barrio madrileño de Lavapiés, donde fueron detenidos varios presuntos implicados], ni con nada de este tipo".

Seguimientos parecidos tuvieron lugar con otros siete hombres relacionados con los atentados del 11-M: Jamal Zougam, Basel Ghayoun, Mohamed Almallah Dabas, Fouad El Morabit Anghar, Said Berraj, Rachid Oulad Akcha y Mohamed Oulad Akcha. El trabajo de la policía en torno a estas personas no dio ningún fruto.

Al menos seis informes del CNI y otros tantos de los servicios de información de la policía y de la Guardia Civil alertaron desde enero de 2003 del riesgo que sufría España de un atentado de terroristas de origen islamista. El último documento de la Guardia Civil, fechado sólo 13 días antes del 11 de marzo, señalaba: "No es descartable que miembros afines a estas organizaciones puedan llevar a cabo acciones violentas".

A raíz del pronunciamiento a favor de la guerra de Irak, el servicio secreto español redactó un informe en el que alertaba de posibles atentados "tanto en países directamente implicados en la invasión como aliados de Estados Unidos".

La Guardia Civil llegó a vincular la violencia de islamistas radicales con la situación de marginalidad en la que algunos inmigrantes viven en España: "La tendencia de los indicadores apunta hacia una evolución negativa, donde no se resuelven los problemas de marginalidad existentes, más bien se registra un aumento paulatino de las personas sin coberturas sociales que pueden ser utilizados por las organizaciones terroristas para reclutar a futuros miembros".

Pedro Díaz-Pintado, la máxima autoridad policial durante el mandato del PP, tuvo que responder en el Congreso a la pregunta de un diputado sobre si se había hecho lo suficiente para evitar la masacre: "Yo creo que, en principio, se hizo todo lo que había que hacer con la información disponible. Desgraciadamente, lo que no tenemos nunca es la información puntual sobre cuándo van a suceder las cosas. Nosotros montamos dispositivos y tomamos medidas de todo tipo, pero son medidas que no se pueden sostener en el tiempo, como, por ejemplo, controlar los trenes permanentemente o tener dispositivos en toda España. Pero sí se hicieron muchas cosas y se montaron varias operaciones teniendo en cuenta la circunstancia de que se unían las elecciones generales con la boda del Príncipe. Lo único que nos pudo faltar es la información puntual, y eso nos tiene que llevar a la reflexión de que hay que modificar muchas cosas. Hay que hacer reformas legislativas y hay que hacer reformas para la coordinación policial".

Los mandos policiales que han comparecido en la comisión de investigación han repetido que no hubo imprevisión ante el fenómeno de la amenaza terrorista de origen islamista. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que compareció el pasado jueves en el Congreso, alertó sobre el riesgo de nuevos atentados y situó la principal amenaza en Marruecos, donde habría hasta 100 grupos de radicales violentos.

En las plantillas de la policía y de la Guardia Civil en España existen 136 agentes dedicados al terrorismo de origen internacional, frente a los 105 que había cuando se produjeron los atentados en EE UU.

Los más de 200 kilos de explosivos que utilizaron los terroristas del 11-M procedían de una mina asturiana y fueron robados con la complicidad de trabajadores de la explotación, según la investigación judicial.

La policía de Avilés conocía desde julio de 2001 que había un tráfico ilegal de dinamita y detonadores en Asturias. Ese mes, los agentes detuvieron al ex minero José Emilio Suárez Trashorras y a su cuñado, Antonio Toro Castro, en una operación que concluyó con el registro de un garaje, donde los agentes hallaron además de 80 kilogramos de hachís, 16 cartuchos de dinamita Goma 2 Eco (como la utilizada el 11-M) y 94 detonadores.

La Guardia Civil de Madrid conocía desde primeros de 2003 que en Asturias era posible comprar en el mercado negro explosivos y detonadores. Lo supo porque el confidente Rafa Zouhier, delincuente habitual, se lo contó al guardia civil con el que mantenía contactos facilitando los nombres de las personas que vendían la dinamita.

Aquel soplo del confidente dio lugar, según un informe reservado de la Guardia Civil, a un "vasto y extenso" operativo, que finalizó en marzo de 2003 sin resultados.

Ese "vasto y extenso" operativo consistió, según Zouhier, en pagar al confidente para que comprara explosivo y confirmara la existencia del mercado negro ilegal. Cuando Zouhier entregó a la Guardia Civil una muestra del explosivo comprado, los agentes le pidieron que buscara una banda interesada en adquirir la dinamita para poder detener a sus integrantes y a los vendedores en plena operación. Pero el confidente no encontró compradores y todo el plan se frustró.

Un año después, Zouhier, que había conocido en la cárcel a Antonio Toro Castro, puso en contacto a unos marroquíes a los que conocía como traficantes de hachís con Trashorras. Esta intermediación, de la que el confidente no informó a la Guardia Civil, resultó crucial para que los terroristas llevaran a término los atentados.

A primeros de este año, Zouhier y Trashorras se reunieron con Jamal Ahmidan, El Chino, en una cafetería de Madrid. Unas semanas después, cierran la transacción comercial y colaboran en el traslado de los explosivos de Asturias a Madrid, según la reconstrucción de hechos de la investigación judicial.

Tras el ataque terrorista de los trenes, los dos confidentes confiesan que conocen a los autores. Trashorras señala: "Esto es cosa de los moros", y recuerda que "uno de los moritos" se despidió de él riéndose con el siguiente mensaje: "Si no me ves en la tierra, me verás en el cielo".

Zouhier, según cuenta, llamó al agente de la Guardia Civil al que informó hace un año del tráfico de explosivos en Asturias y al que hablaba de operaciones sobre tráfico de drogas para lograr beneficios penitenciarios.

En la conversación telefónica, Zouhier le habla de El Chino y le cuenta que en su casa tiene detonadores y Goma 2.

Su confesión llega cinco días tarde.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de julio de 2004