La voz de las víctimas

EL MINISTERIO PÚBLICO se adhirió el pasado lunes -por instrucciones del fiscal general- al recurso de la acusación particular contra el archivo de la denuncia presentada por familiares de los 62 militares españoles procedentes de Afganistán fallecidos en el accidente de Turquía el 26 de mayo de 2003. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio el jueves la razón a los recurrentes y desautorizó a la juez Palacios, que -respaldada entonces por el fiscal- había rechazado su petición con el argumento de que los hechos no constituían delito, ni habían sido cometidos por españoles en el extranjero. En cambio, la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 denunció delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación, así como irregularidades en la contratación del avión, la investigación del accidente y la identificación de las víctimas.

El informe al Congreso del ministro Bono sobre la catástrofe de Trebisonda aporta datos espeluznantes sobre la contratación del avión, el plan de vuelo y la errónea identificación de los fallecidos

El espeluznante informe presentado el 7 de julio por José Bono -actual ministro de Defensa- ante la comisión del Congreso se ocupó de las causas del accidente de Trebisonda (desde las deficientes condiciones del aparato hasta el negligente plan de vuelo, pasando por la fatiga e incompetencia de la tripulación), las quejas presentadas contra aviones ex soviéticos utilizados para el transporte de tropas españolas en misiones humanitarias y la identificación de las víctimas. Las conclusiones son desoladoras y ofrecen numerosos indicios de responsabilidad -política, moral, profesional, administrativa y penal- en la catástrofe aérea.

Lejos de ser cierto -como afirmaba el anterior ministro de Defensa- que ninguno de los 44 vuelos de transporte de tropas en aviones ex soviéticos había suscitado protestas (los únicos países de la OTAN que continuaban utilizando esos aparatos eran España y Turquía), el departamento de Defensa recibió 12 quejas, una de ellas contra el Yak-42 siniestrado. Dos fallecidos en el accidente -el teniente coronel Solar y el comandante Ripollés- habían expresado por escrito su descontento; según el informe del Ejército de Tierra de 28 de abril de 2003, "se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS: su mantenimiento, como mínimo, es muy dudoso". Tampoco es verdad que aviones ex soviéticos de ese tipo no hubiesen tenido accidentes: se produjeron siete (desde Rusia hasta Venezuela) antes de la tragedia de Turquía. La catástrofe de Trebisonda ofrece algunas pistas sobre ese espeluznante historial: la tripulación llevaba 23 horas y 26 minutos de servicio (el periodo máximo en España son 18 horas y 50 minutos) y la caja de registro de voz en cabina se hallaba estropeada desde hacía mes y medio.

El reconocimiento de los cadáveres sería un puro esperpento de no constituir una tragedia: mientras los 17 casos examinados por los forenses turcos fueron realizados correctamente, al menos 22 de los reconocimientos practicados por el equipo español (en tres horas y 25 minutos, a fin de llegar a tiempo al funeral programado en Madrid) resultaron equivocados. Durante un viaje de duelo a Trebisonda en octubre de 2003, algunos familiares empezaron a sospechar que los ataúdes entregados oficialmente por las autoridades españolas no contenían los restos de sus deudos; la verdad ha podido restablecerse gracias a que Turquía conservó las pruebas de ADN.

Algunos publicistas acusan al PSOE de utilizar el accidente del Yak-42 para inventar una sectaria causa general -la expresión jurídico-procesal remite a la Causa general sobre la dominación roja en España instruida por el Ministerio Público, editada tras la Guerra Civil- contra el anterior Gobierno del PP. Pero lo cierto es que las estrategias de manipulación y falsedad empleadas para ocultar aquella catástrofe -tan semejantes a las maniobras de diversión respecto al hundimiento del Prestige, la guerra de Irak y el 11-M- plantean una cuestión de ética política: ¿puede Trillo permanecer en la vida pública activa?