Los estudios universitarios y los presos
Recientemente, el Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley sobre el "derecho de los alumnos y alumnas presos a cursar estudios" universitarios. La propuesta, presentada por el grupo Socialistas Vascos, fue aprobada con los votos de todos los grupos a excepción del del Partido Popular. Las declaraciones de la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, confirman que el Gobierno de España está dispuesto a que los presos de ETA vuelvan a ser alumnos de la UPV. La señora Gallizo quiere que todas las personas encarceladas en España puedan estudiar cualquier carrera universitaria y no sólo las que ofrece la UNED, y con ese fin pretende firmar convenios con todas las universidades españolas para que los presos que lo deseen puedan cursar sus estudios en ellas.
No todas las personas pueden cursar los estudios que desean, en el sitio que quieran. Para eso se creó la UNED
Pero cualquier ciudadano que trabaje de 9 de la mañana a 5 de la tarde podrá preguntarse si también tendrá el mismo derecho a estudiar cualquier carrera en la universidad más cercana a su casa en vez de en la UNED, la universidad creada especialmente para todas aquellas personas, presas o libres, que no pueden asistir normalmente a clase. Como no es así, parece que nos encontramos ante un procedimiento de discriminación positiva a favor de los presos, que obligaría a las universidades españolas, tal y como señala el acuerdo del Parlamento vasco, a "adaptar, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias de los internos".
Sería recomendable que la Directora de Instituciones Penitenciarias no deshaga la decisión que obligaba a los presos de ETA que lo desearan a cursar estudios universitarios en la UNED. La UNED no ofrece Magisterio ni Trabajo Social (ejemplos de carreras "que no ofrece la UNED" citados por la señora Gallizo) porque estos estudios exigen, por su propia naturaleza, cursar una cantidad muy importante de créditos prácticos en centros escolares o centros de servicios sociales, que no se pueden garantizar sin una educación no presencial y son imposible de cursar en una cárcel.
El objetivo de todo este asunto es que los presos de ETA puedan volver a matricularse en la UPV. El acuerdo del Parlamento vasco promueve su regreso y la inexplicable política del Gobierno español lo va a permitir. Muchos presos de ETA pueden optar por cursar sus estudios en euskera, y en la UPV no es necesario demostrar que se domina esta lengua para matricularse en los grupos en euskera. ¿Les eximirá un mero deseo de cursar estudios en la UNED?
Recordarán la mayoría de los ciudadanos la polémica desatada hace unos meses por las condiciones en que cursaban estudios en la UPV algunos presos de ETA. En aquella época el PSOE compartía con el Gobierno del PP la opinión de que las condiciones en que esos presos matriculados en la UPV desarrollaban sus estudios no eran las más adecuadas para garantizar la calidad de las enseñanzas recibidas o los conocimientos adquiridos. Ahora, algunos representantes del PSOE han afirmado que en el futuro se darán todas las garantías para eliminar cualquier duda sobre la objetividad del proceso de docencia y evaluación. El acuerdo del Parlamento vasco dice que se debe "adaptar, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias de los internos". Esto supone o un desconocimiento del funcionamiento de la universidad o un intento de salir como sea del lío en que algún tipo de pacto de más alto nivel ha metido a algunos cargos del Gobierno.
¿Alguien puede explicar cómo es posible que un profesor universitario que imparte clases presenciales a sus alumnos, que dirige sus trabajos y proyectos, que imparte clases prácticas en grupos reducidos en los correspondientes laboratorios, haga el mismo trabajo con un preso encerrado en un recinto penitenciario? ¿Tendrá que desplazarse a las cárceles para dar clases particulares?, ¿irá el preso a la facultad custodiado por la policía?, ¿se creará un grupo de profesores consagrado a recorrer las cárceles? (...). En definitiva, el problema es saber de qué manera piensan evitar que las cosas sean como antes.
Debe quedar claro que, a pesar de estas circunstancias, y de que algunos profesores de la UPV están especialmente amenazados por ETA, ninguno de nosotros niega el derecho de cualquier persona privada de libertad a cursar estudios universitarios. Pero también debe quedar claro que la función de la universidad es formar profesionales capacitados para ejercer una función social en beneficio de todos los ciudadanos que la financian con sus impuestos. La universidad debe garantizar que la formación de los alumnos se haga con las máximas garantías de calidad. Y eso significa que no todo el mundo está preparado para cursar cualquier tipo de estudios. No todas las personas pueden estudiar Medicina o Ingeniería de Telecomunicaciones. (...). No todas las personas pueden cursar los estudios que desean en el sitio que quieran. (...) Para estos casos se creó en su día una universidad de gran prestigio en la que, por cierto, nadie regala nada, que es la UNED. Es la universidad se adapta perfectamente a las necesidades y derechos de las personas privadas de libertad.
¿Se han dado cuenta los responsables del Gobierno español de que, en la práctica, están proponiendo crear pequeñas universidades a distancia en todas las universidades españolas para que los presos puedan estudiar las titulaciones que la UNED no oferta, cuando no las oferta precisamente porque no se pueden cursar a distancia?
Además de Aurelio Arteta y Marisol Cruz, firman este artículo Joaquín de Paúl, Francisco Doñate, Enrique Echeburua, Marisol Esteban, Mikel Iriondo, Ignacio Martínez de Churiaque, Francisco Llera, Carlos Martínez Gorriaran, Gotzone Mora Temprano, César San Juan, Felipe Serrano, Victor Urruela Rodríguez y Eduardo Vírgala, catedráticos y profesores de la UPV-EHU.
