Gobierno y Junta despiden tres años de conflictos por la investigación andaluza con células madre

El Gobierno central y la Junta de Andalucía sellaron ayer protocolariamente la paz en el conflicto que les ha enfrentado durante los últimos tres años a propósito de la investigación biomédica con células madre. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, y el presidente andaluz, Manuel Chaves, firmaron en Granada el convenio que inyecta 18 millones de euros a los proyectos andaluces y convierte al Banco de Líneas Celulares de Granada en el proveedor de material para todos los centros españoles especializados en medicina regenerativa.

Las primeras informaciones apuntaban a que el acuerdo entre ambas administraciones públicas se firmaría en el palacio de San Telmo, en Sevilla, el martes, pero finalmente eligieron Granada para incrementar el valor simbólico del acto. El Gobierno andaluz eligió el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de esta ciudad como sede de su banco de líneas celulares hace algo menos de un año, convirtiéndola así en la capital andaluza de la investigación biomédica.

Además de los representantes de ambas administraciones, al acto asistieron rectores de universidad, responsables de hospitales andaluces y otros miembros de la comunidad científica, como Bernat Soria, director del Centro Andaluz de Terapia Celular en Diabetes y responsable del proyecto de transplante de islotes pancreáticos, esencial para el futuro tratamiento de esta enfermedad. También estuvieron allí los representantes de algunas de las organizaciones de pacientes que más esperanzas tienen en los avances de la investigación biomédica

El acuerdo supone el final de los conflictos entre el anterior Gobierno del PP y la Junta. El Ejecutivo de José María Aznar recurrió al Constitucional a finales de 2003 la ley andaluza sobre investigación con preembriones no viables para la fecundación in vitro. La anterior ministra de Sanidad, Ana Pastor, obstaculizó la llegada de las primeras líneas celulares al banco andaluz provenientes de Suecia, prevista inicialmente para marzo, calificándola de "falta grave" contra la ley estatal sobre reproducción asistida.

Tanto la nueva ministra, Elena Salgado, como el presidente Manuel Chaves recordaron estos episodios tras estampar su firma en el acuerdo. "El convenio supone que hay una manera de hacer las cosas en lo científico, en lo jurídico y en lo político que diferencia a unos gobiernos de otros", dijo la ministra. "Este acto es el fin de la utilización partidista de la investigación, de las trabas a magníficos proyectos sólo por venir de un Gobierno de distinto color", añadió.

Chaves subrayó que con el acuerdo se retoma el camino emprendido por la Junta en este campo hace tres años. Un camino "sembrado de dificultades e incomprensiones por parte de determinadas posiciones políticas y religiosas", dijo. El presidente aseguró que Andalucía es la comunidad mejor preparada para llevar a cabo este tipo de investigaciones gracias a la ley que las regula y al decreto que establece los procedimientos de autorización de proyectos y su control político.

El acuerdo convierte el Banco de Líneas Celulares de Andalucía, con sede en Granada, en el banco nacional que deberá donar este tipo de células a todos los centros de investigación españoles. Gobierno y Junta se comprometen además a financiar los proyectos andaluces con 18 millones de euros que ambas administraciones aportarán a partes iguales.

Ese dinero dará un empujón a programas como el de Bernat Soria o al destinado a tratar enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, dirigido por José López Barneo del hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Pero el principal objetivo del Gobierno andaluz es la apertura de un centro propio de medicina regenerativa. La consejería de Salud retomará próximamente un acuerdo con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el que este organismo estatal le cederá un edificio de 4.000 metros situado en la Isla de la Cartuja que se convertirá en su sede.