Desencuentro entre Conde-Pumpido y Fungairiño por los papeles del caso

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, tuvieron ayer un cierto desencuentro a propósito de los documentos del sumario del 11-M que ha solicitado la comisión de investigación del Congreso. El fiscal del Estado instó a su subordinado a que pidiese al juez que levantase parcialmente el secreto del sumario para entregar los informes que no comprometan las investigaciones. Sin embargo, tras este oficio, la fiscal Olga Sánchez se opuso a que el juez entregue los documentos requeridos.

Conde-Pumpido había remitido ayer un oficio a Fungairiño en el que se mostraba de acuerdo con la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contraria a entregar documentos del sumario -a excepción del auto del 18 de junio pasado, en el que se detallaba la trama de explosivos utilizados en los atentados del 11-M- por estar sometidos al secreto del sumario.

En ese oficio, Conde-Pumpido señalaba que el criterio adoptado en relación con la solicitud de la comisión de investigación resultaba "adecuado, en principio". Acto seguido, sin embargo, el fiscal general señalaba: "Sin perjuicio de ello y teniendo en cuenta que algunos de los documentos reclamados se refieren a actuaciones policiales o judiciales realizadas en una fase muy inicial de la investigación, intereso de vd. que desde el conocimiento de la causa que posee, proceda a solicitar al juez titular del citado Juzgado Central que se deje sin efecto parcialmente la declaración de secreto sumarial en relación con aquellas diligencias y documentos cuyo contenido no comprometa en el momento presente el curso de la investigación judicial". Esta circunstancia, según el oficio, "permitiría su entrega a la comisión parlamentaria para el adecuado cumplimiento de los fines que legalmente le han sido encomendados".

Petición no incluida

Tras recibirse este oficio, la fiscal encargada del caso, Olga Sánchez, respaldada por Fungairiño, presentó un escrito al juez Juan del Olmo -que es quien en definitiva debe decidir sobre la cuestión- en el que detalla y analiza cada uno de los documentos solicitados por la comisión de investigación. En el informe destaca que todos los documentos solicitados están afectados por el secreto de las actuaciones y argumenta que su conocimiento, si se levantara el secreto, perjudicaría las investigaciones judiciales, por lo que, a su juicio, no es procedente que se entreguen al Parlamento.

La petición de que se levante parcialmente el secreto del sumario, según fuentes de la Audiencia Nacional, no ha sido incluida en el informe de Olga Sánchez al juez Del Olmo, quien se sorprendió al conocer por los periodistas la instrucción facilitada por Conde-Pumpido al fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

Del Olmo remitió el 9 de julio al Congreso el auto que dictó el 18 de junio pasado, en el que aclaraba el estado de las investigaciones en relación con la trama de ciudadanos españoles que presuntamente proporcionaron los explosivos a los terroristas. Fue el primer documento -no secreto- y hasta ahora el único del sumario que el juez proporcionó a la comisión.

El Congreso ha solicitado también numerosos atestados de la policía y de la Guardia Civil sobre las investigaciones que han realizado sobre los atentados del 11-M, sobre los suicidios de siete de los presuntos autores materiales al hacer estallar un potente artefacto explosivo en la calle Carmen Martín Gaite, de Leganés (Madrid), sobre la profanación de la tumba del GEO fallecido en la citada explosión o sobre las causas sobre terrorismo islamista que se tramitan en la Audiencia Nacional.